México: Sigue cayendo el número de empleos formales
viernes 17 de diciembre de 2010
Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
La salida a la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se puede lograr mediante la incorporación al sistema de seguridad social de las y los trabajadores que carecen de esta protección, cuyos empleos representan el 61.2 por ciento de los existentes en el país, y son ocupados principalmente por mujeres.
Al participar en el foro “La crisis financiera del IMSS ¿Hacia dónde va el seguro social?, Berenice Ramírez López, presidenta de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social aseguró que “si tuviéramos protegidos el número de empleos que el país requiere, tendríamos las aportaciones suficientes para sacarlo de la crisis financiera.
En el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), la académica del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que de 2008 a la fecha, la población económicamente activa creció un millón 200 mil personas cada año, mientras que en los últimos 16 años, el IMSS creó 278 mil empleos cada año.
Lo anterior, explica que 61.2 por ciento de los empleos en México carecen de protección social, alrededor de 26 millones de trabajadoras y trabajadores no tiene acceso a este derecho, establecido en la legislación nacional y tratados internacionales.
Según proyecciones realizadas con base en información del IMSS, la especialista refirió que “incorporando a las y los trabajadores con empleos no protegidos se obtendrían 100 mil 373.5 millones de pesos (mdp) y alrededor de 192 mil 634.4 mdp incorporando a los informales, mediante un régimen contributivo”.
La investigadora de la UNAM, señaló que desde hace dos décadas se ha abierto la brecha entre el crecimiento económico y los empleos protegidos, “ahora puede aumentar el producto interno bruto, pero los trabajos formales caen cada vez más”.
Sin empleos formales, las cuotas obrero patronales han disminuido alredor de 4.5 por ciento de 2005 a 2010, según información del Instituto.
En este escenario, las trabajadoras son más vulnerables, ya que debido a su condición de género, en la que sigue recayendo la responsabilidad del cuidado, tienen menores oportunidades de capacitarse para un mejor trabajo y disponen también de menor tiempo para laborar jornadas completas.
Por ese motivo, ellas son quienes “participan en el mercado laboral con menos protección social, ya que tienen que aceptar jornadas parciales o empleos informales para cuidar a sus hijas e hijos”.
Aún las que laboran en el ámbito formal, están en desventaja porque “salen del trabajo, primero para cuidar de sus bebés y después de sus padres”.
Sin oportunidad de pensión
Frente a esta situación, las autoridades se limitan a decir que “no hay recursos”, en vez de “proteger a las y los trabajadores que estando en el sector formal no están protegidos y a quienes están trabajando por cuenta propia”, cuando podrían crear un mecanismo de protección que permita incluirlos, mencionó.
En tanto, la “profunda crisis la seguridad social contributiva”, además de correr el riesgo de convertirse en un sistema de “seguridad asistencial básica”, donde las y los trabajadores tengan que absorber gastos como guarderías, seguro de riesgos de trabajo, se prevé que, independientemente de su afiliación, “pocos trabajadores y trabajadoras, podrán recibir una pensión en la vejez”.
Si la tendencia no se revierte, “la tercera parte de quienes se quedaron en la ley del IMSS de 1973, no va a lograr cubrir ni siquiera las 500 semanas de aportaciones”, advirtió.
Mientras que el 58 por ciento de quienes ahorran en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) “no van a lograr aportar las mil 200 semanas (alrededor de 24 años), para tener una pensión, y si no las cubren, les regresarán su ahorro, y perderán la garantía de un ingreso para la vejez”.
“Si no alcanzan a cubrir las 750 semanas tampoco tendrán acceso al servicio de salud”, alertó la investigadora, quien fue oficial de Asuntos Económicos, de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Fuente
Guadalupe Cruz Jaimes (CIMAC)
La salida a la crisis financiera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se puede lograr mediante la incorporación al sistema de seguridad social de las y los trabajadores que carecen de esta protección, cuyos empleos representan el 61.2 por ciento de los existentes en el país, y son ocupados principalmente por mujeres.
Al participar en el foro “La crisis financiera del IMSS ¿Hacia dónde va el seguro social?, Berenice Ramírez López, presidenta de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social aseguró que “si tuviéramos protegidos el número de empleos que el país requiere, tendríamos las aportaciones suficientes para sacarlo de la crisis financiera.
En el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), la académica del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que de 2008 a la fecha, la población económicamente activa creció un millón 200 mil personas cada año, mientras que en los últimos 16 años, el IMSS creó 278 mil empleos cada año.
Lo anterior, explica que 61.2 por ciento de los empleos en México carecen de protección social, alrededor de 26 millones de trabajadoras y trabajadores no tiene acceso a este derecho, establecido en la legislación nacional y tratados internacionales.
Según proyecciones realizadas con base en información del IMSS, la especialista refirió que “incorporando a las y los trabajadores con empleos no protegidos se obtendrían 100 mil 373.5 millones de pesos (mdp) y alrededor de 192 mil 634.4 mdp incorporando a los informales, mediante un régimen contributivo”.
La investigadora de la UNAM, señaló que desde hace dos décadas se ha abierto la brecha entre el crecimiento económico y los empleos protegidos, “ahora puede aumentar el producto interno bruto, pero los trabajos formales caen cada vez más”.
Sin empleos formales, las cuotas obrero patronales han disminuido alredor de 4.5 por ciento de 2005 a 2010, según información del Instituto.
En este escenario, las trabajadoras son más vulnerables, ya que debido a su condición de género, en la que sigue recayendo la responsabilidad del cuidado, tienen menores oportunidades de capacitarse para un mejor trabajo y disponen también de menor tiempo para laborar jornadas completas.
Por ese motivo, ellas son quienes “participan en el mercado laboral con menos protección social, ya que tienen que aceptar jornadas parciales o empleos informales para cuidar a sus hijas e hijos”.
Aún las que laboran en el ámbito formal, están en desventaja porque “salen del trabajo, primero para cuidar de sus bebés y después de sus padres”.
Sin oportunidad de pensión
Frente a esta situación, las autoridades se limitan a decir que “no hay recursos”, en vez de “proteger a las y los trabajadores que estando en el sector formal no están protegidos y a quienes están trabajando por cuenta propia”, cuando podrían crear un mecanismo de protección que permita incluirlos, mencionó.
En tanto, la “profunda crisis la seguridad social contributiva”, además de correr el riesgo de convertirse en un sistema de “seguridad asistencial básica”, donde las y los trabajadores tengan que absorber gastos como guarderías, seguro de riesgos de trabajo, se prevé que, independientemente de su afiliación, “pocos trabajadores y trabajadoras, podrán recibir una pensión en la vejez”.
Si la tendencia no se revierte, “la tercera parte de quienes se quedaron en la ley del IMSS de 1973, no va a lograr cubrir ni siquiera las 500 semanas de aportaciones”, advirtió.
Mientras que el 58 por ciento de quienes ahorran en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) “no van a lograr aportar las mil 200 semanas (alrededor de 24 años), para tener una pensión, y si no las cubren, les regresarán su ahorro, y perderán la garantía de un ingreso para la vejez”.
“Si no alcanzan a cubrir las 750 semanas tampoco tendrán acceso al servicio de salud”, alertó la investigadora, quien fue oficial de Asuntos Económicos, de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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