El MORENO y la situación energética – Punto crítico
Punto crítico
Cuando aún no habían decaído las expresiones de euforia por el claro triunfo electoral de octubre del 2011, el gobierno de CFK comenzó a avanzar en la adopción de medidas económicas de variada índole y produjo cambios de funcionarios en el gabinete. Este proceso -que se ha bautizado como “sintonía fina” del modelo aplicado hasta entonces- busca en primer lugar reducir el gasto fiscal, revertir el creciente deterioro de la balanza comercial con el exterior y evitar la fuga de dólares.
Como parte de esa estrategia la Secretaría de Comercio Interior se ha puesto de lleno a presionar a las empresas más relevantes de los distintos sectores de la producción, en particular a los industriales, para que equilibren sus respectivos balances de comercio exterior, sea sustituyendo productos e insumos importados o exportando cualquier clase de bienes producidos en el país; se elevan los aranceles de exportación y se dificultan o demoran los permisos de importación. Además se adoptan medidas en el sector financiero para restringir la remisión de utilidades de las empresas al exterior y la compra de dólares por parte de empresas y particulares, con el objetivo de acopiar las divisas necesarias para atender el pago de servicios de deuda y de rescate de bonos en dólares.
Pero el caso es que el nudo principal del desequilibrio fiscal y de la balanza comercial con el exterior, lo constituyen las cuentas de los servicios públicos y del sector energético. Desde la salida de la convertibilidad en el año 2002, los subsidios fiscales a los servicios públicos -de luz y gas por red, aguas y cloacas, transporte- y a la producción de combustibles, fueron creciendo ininterrumpidamente con el fin de asegurar la rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo sostener cuadros tarifarios distorsionados, que favorecieron a los grandes consumidores industriales y comerciales, pero también concitaron el apoyo político de amplios sectores de la población, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires.
En el núcleo de este proceso están las grandes empresas transnacionales extractoras de hidrocarburos que son, en definitiva, las que “gobiernan” las cadenas de valor de los combustibles, de los servicios de gas y luz y del transporte. Durante varios años en los que sobreexplotaron los yacimientos realizando grandes ganancias con la exportación, no repusieron las reservas con nuevos descubrimientos y no ampliaron la oferta de petróleo, gas y derivados, necesaria para cubrir la demanda creciente de combustibles y electricidad. El resultado ha sido, además de reducir las reservas de petróleo y gas, provocar serias deficiencias en la provisión de combustibles y servicios, y generar la necesidad de aumentar exponencialmente las importaciones -principalmente de gas, gasoil y fueloil- con el consecuente gasto de divisas.
Este proceso tuvo su origen en los primeros años de la década de los’90 con la privatización de las distintas ramas del sector energético, y ya hace una década había sido denunciado por el MORENO. Ahora se ha llegado a un punto realmente crítico para el conjunto del país, y para las administraciones nacional y provinciales, como consecuencia de que
- Se ha perdido el autoabastecimiento: la producción de petróleo ha caído un 30% desde 1998; la producción de gas bajó un 8% desde 2006; en 2012 se estima que se necesitará importar un 60% del consumo de gasoil, un 60% del fueloil para consumo de las usinas eléctricas, y más del 10% del consumo de las naftas para automotores. Parte de la demanda de gasoil y fueloil surge de remplazar en la temporada invernal al gas natural en el consumo industrial y de generación eléctrica, pero aún así la importación de gas deberá cubrir una parte importante del consumo.
- Ha crecido el déficit de la balanza comercial y el peso de los subsidios: La importación de energía llegó en 2011 a u$ 9000 millones, y podría crecer hasta u$12000 millones este año; en el marco internacional, la evolución ascendente del precio del petróleo y la creciente demanda de gas licuado no permiten ser optimistas en la evaluación del monto final necesario. El aumento de los precios de bienes energéticos y servicios, no sólo ha abultado la cuenta de los subsidios -en el primer bimestre de este año ya alcanzaría los 6800 millones de pesos- sino que repercutirá en el nivel general de precios.
- Se ha consolidado en el sector energético el predominio de grandes empresas transnacionales. Ellas han concentrado la mayor parte de la producción y se le han renovado por muchos años las concesiones de los yacimientos más importantes de hidrocarburos; son ellas además las que tienen la mayor capacidad económica y técnica para poder enfrentar las operaciones necesarias para lograr un aumento sustancial de la extracción de petróleo y gas y de la producción de derivados.
Los actores
En diversas magnitudes y oportunidades, todas las empresas han aprovechado los favores y también los errores de las políticas de los gobiernos nacional y provinciales; así como en los años ‘90 aprovecharon las facilidades para la exportación indiscriminada, utilizaron luego los programas de incentivos -Gas Plus, Petróleo Plus y Refino Plus, instituidos por el gobierno en 2008, bajo la inspiración de las principales empresas- para eludir las limitaciones de precios establecidas para el consumo interno, sin contribuir apreciablemente al objetivo declarado de aumentar la oferta de hidrocarburos con nuevos descubrimientos. Al mismo tiempo, como ya hemos dicho, fueron consolidando su dominio sobre los yacimientos más importantes
Todas las empresas que tienen proyección transnacional adoptan estrategias diversas y cambiantes, supeditadas a sus políticas globales, que a menudo no se corresponden con los intereses de los países en que actúan y, frecuentemente, los enfrentan o los tergiversan, atacando o eludiendo las medidas gubernamentales. Así es cómo, en los últimos veinte años, se han producido en nuestro país cambios importantes en las estrategias comerciales y en la composición accionaria de muchas de las grandes empresas del sector energético y de los servicios públicos. Entre has grandes petroleras, como ejemplo, hemos visto en años recientes a Petrobras Argentina vender su refinería y estaciones de servicio, para concentrarse en el área del ‘upstream’; Cnooc, una empresa china, ingresó como socia de los Bulgheroni en Bridas, y más tarde intentó adquirir la parte de BP en Pan American Energy. A su vez la misma PAE compró a Esso Arg (Exxon-Mobil) su refinería de Campana y su red de estaciones de servicio. Exxon se concentraría en la exploración, particularmente de los yacimientos de esquistos (‘shale’ gas/petróleo) en Neuquén. Por su parte Shell, atacada insistentemente tiempo atrás por el entonces presidente Kirchner, vendió su refinería y red de distribución al grupo chileno Luksic, que ya había adquirido Shell Chile.
Por su parte los gobiernos de la Nación y de algunas provincias en los últimos años han venido promoviendo que capitales argentinos -sin trayectoria en el sector- se incorporaran como accionistas en las grandes empresas o compraran sus activos. Y también alentó la adjudicación de áreas para exploración/explotación a nuevos consorcios en los que esos capitales participan. Ejemphos claros de esto han sido, p.ej. la concesión de áreas en Mendoza al Grupo Uno (Vila-Manzano) -que luego revendiera, sin haberlas explorado-, la asociación de Pampa Energía con Apache en la exploración de ‘shale’ gas, o la compra por Oil Combustibles, empresa de Cristóbal López, de activos de Petrobras.
Pero sin duda ha sido la incorporación de los Eskenazi a YPF S.A. la señal más clara en la estrategia oficial de exhibir una política de “argentinización” de los hidrocarburos, a pesar de que la empresa Petersen Energía S.A está inscripta en el Registro Mercantil de Madrid y es controlada por Petersen Energía PTY Ltd, una sociedad australiana. Las condiciones de pago otorgadas a Petersen Energía S.A., para la compra de las acciones (15% en la operación inicial), que implicaron desde entonces la remisión a Repsol del 95% de las utilidades de YPF, sin reinvertirlas en el país, fueron alentadas y aceptadas por el gobierno argentino Desde entonces el Gobierno Nacional -por intermedio principalmente de la Presidente de la Nación y del ministro De Vido- elogió repetidamente el accionar de YPF; y en varias oportunidades a través de la Secretaría de Comercio Interior la utilizó para que incidiera en el mercado, dada su participación mayoritaria en la oferta, condicionando a las demás empresas en la fijación de los precios de los combustibles.
Uno de los hechos más expresivos de la relación privilegiada de YPF con el Gobierno Nacional, fue el anuncio realizado en diciembre del 2010 -poco después de que los Eskenazi compraran otro 10,46% del paquete accionario- por Sebastian Eskenazi, vicepresidente de la empresa, en presencia de la presidente de la Nación, acerca del descubrimiento de grandes recursos de ‘shale’ gas en la formación Vaca Muerta del yacimiento Loma La Lata-Sierra Barrosa. El anuncio no sorprendió a técnicos y especialistas porque el potencial de ese megayacimiento ya había sido descubierto por la YPF estatal en 1977; pero fue tomada con gran reserva la estimación de la magnitud de los recursos y de la factibilidad de una pronta explotación. Poco después se supo que YPF había firmado un acuerdo con Vale, la empresa brasileña que explotará un yacimiento de cloruro de potasio en el sur de Mendoza, cerca del Río Colorado, la cual consumiría 2.000.000 de metros cúbicos por día suministrados a través de un gasoducto construído por ambas empresas. Sin embargo hasta que se inicie la extracción del ‘shale’ gas y el gasoducto esté construido, YPF cumpliría su compromiso con gas convencional proveniente del área El Portón. El resultado: YPF cobraría como Gas Plus (a un precio pactado inicialmente entre 4,5 a 7,5 U$S cada millón de BTU) y entregaría gas que, si se destinara al consumo residencial, se cobraría entre 2,5 y 3 U$S/ MBTU. Es decir que, al mismo tiempo que se enunciaba una hipotética recuperación de reservas, se aprovechaba el programa de incentivos para aumentar las utilidades.
Nueva etapa
A medida que avanza la “sintonía fina” en el sector energético se han desplegado simultáneamente diversos conflictos, ya en curso o latentes. La escasez de nafta super en época de alta demanda por las vacaciones, las pujas por las diferencias en el precio del gasoil cobrado a los grandes consumidores frente al vigente en las estaciones de servicio y en distintas zonas del país, el reclamo de Aerolíneas Argentinas por rebajar el precio del combustible de aviación JP1 poniéndolo a tono con el precio de la nafta super, el reclamo a las petroleras por parte de los estacioneros por mejores márgenes de beneficio y condiciones de suministro de los combustibles, la suspensión de los planes “Plus” para las megapetroleras, han ido manifestando cambios en las relaciones de las autoridades con las empresas del sector; en particular con YPF, que resistió la presión oficial para que no remitiera dólares al exterior, en pago de utilidades a sus accionistas..
Ahora el Poder Ejecutivo Nacional parece haber elegido a YPF como blanco de una cruzada por la “argentinización” del sector energético y recurrir, para ese fin, a la participación de las provincias petroleras. La sanción en el 2007 de la ley 26197, la ley “corta”, otorgó a las provincias el dominio útil de los recursos del subsuelo, por lo que tienen la potestad de concesionar los yacimientos. Así, a partir de entonces las provincias petroleras (en las que habitan el 15% de los habitantes del país) pueden disponer de los recursos del subsuelo de todos los argentinos. Ya desde 1990 se había puesto en marcha la “Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos" (OFEPHI) que integran diez provincias, y que, reactivada ahora, se convierte en el foro en que se acercan, y también se enfrentan, los intereses de cada provincia en relación con las demás y con las distintas empresas que operan en sus territorios. Algunas de estas empresas pueden no ser ajenas a la cruzada argentinizadora dirigida contra YPF.
La ofensiva pública sobre YPF es liderada por el recientemente electo gobernador del Chubut, Martín Buzzi, secundado en primer término por el de Santa Cruz, Daniel Peralta, y seguido por los gobernadores de Mendoza y Neuquén, todos aleccionados por el ministro De Vido. El 92% del petróleo extraído por YPF procede de esas cuatro provincias, y llamativamente la de menor contribución es Chubut, donde la principal productora es Pan American Energy. Las cuatro provincias -a las que se sumarán La Pampa y Formosa- reclamaron a YPF presentar a la brevedad nuevos planes de inversión en determinadas áreas en las que hacen centro, alegando que no han recibido inversionas en los últimos años y su producción es nula o está estancada, aunque no parece ser ese el caso en algunas áreas, según los datos que publica la Secretaría de Energía. Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz arrancaron con la difusión pública de su posición el miércoles 14 en un acto cerca de la frontera común, para anunciar que procederían a cancelar las concesiones de las áreas en sus provincias, si no recibían de parte de la empresa planes de inversión aceptables.
Se especula sobre si el fin principal de la movida es presionar a Repsol YPF para forzarla a resignar la posición de principal accionista de YPF S.A. y convertir a ésta en una empresa mixta o en la petrolera estatal. En esa perspectiva la presión ha servido para, con vaivenes, rebajar su valor en bolsa y abaratar el monto de una hipotética oferta hostil por las acciones que darían al Estado, junto a Petersen Energía, la mayoría accionaria. No parece que Repsol esté dispuesta a ceder el control de YPF; a pesar de la caída de su producción YPF contribuye todos los años con una porción sustancial en las utilidades de Repsol, que a su vez es la principal empresa energética en España. Esto lo demuestra la preocupación del Gobierno Español, que envió al ministro de Industria a poner paños fríos a la ofensiva contra YPF, y la actitud del propio rey, quien en un llamado telefónico -cuya existencia no admite nuestro gobierno- habría sugerido a la presidenta argentina no ahondar en el cuestionamiento.
La posición del MORENO
Más allá de que se pueda discutir sobre si el verdadero motivo de la ofensiva es la intención real de recuperar a YPF como empresa de bandera, o se esté frente a una maniobra para impulsar la producción, o para volcar el mercado a favor de otras empresas, o frente a una campaña de imagen de impulso nacionalista -quizá paralela a la reactivación de los reclamos por la soberanía de las Malvinas- el MORENO ve con interés que se haya reavivado el debate sobre la recuperación de los recursos hidrocarburíferos, como parte del proceso de toma de conciencia sobre las consecuencias de las políticas neoliberales y de la gravedad de la situación actual.
Ante el momento crucial por el que atraviesa el sector energético, el MORENO propugna que se deben adoptar medidas de gran alcance en pos de restablecer en el sector la legalidad del marco institucional y la potestad plena del Estado Nacional para conducir la política energética:
- Restablecer la plena vigencia de la Ley de Hidrocarburos-17319- derogando los ilegales decretos privatizadores 1055/89, 1212/89 y 1589/89, y modificar la ley “corta” -26197- restableciendo la potestad directa del Gobierno Nacional para ejercer el dominio útil sobre el subsuelo, en concurrencia con las provincias.
- Avanzar en la revisión de los contratos de concesión, aplicando el art 85 de la ley 17319 para revertir al Estado las áreas que se hayan concesionado ilegalmente, y anulando las concesiones en las que se registren incumplimientos graves.
- Recuperar el papel arbitral del Estado en el sector por medio de empresas estatales, conducidas con participación de las provincias y control de la ciudadanía. Esto requerirá la revisión de las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado y la revisión de la estructura y rol de Enarsa.
El MORENO opina que la condición principal para poder encarar las medidas aludidas, es que exista la voluntad política del Gobierno Nacional, puesto que las premisas legales para avanzar están dadas. No vemos tal predisposición en las actuales autoridades, dada la experiencia de los pasos dados hasta el presente en las políticas económico-sociales, ya que no bastaría terminar con las privatizaciones sino avanzar en una reforma integral que deje atrás definitivamente el modelo neoliberal.
Hugo Rizzuto
Vicepresidente
Hugo Palamidessi
Vicepresidente
Gustavo Calleja
Vicepresidente
José Rigane
Presidente
Como parte de esa estrategia la Secretaría de Comercio Interior se ha puesto de lleno a presionar a las empresas más relevantes de los distintos sectores de la producción, en particular a los industriales, para que equilibren sus respectivos balances de comercio exterior, sea sustituyendo productos e insumos importados o exportando cualquier clase de bienes producidos en el país; se elevan los aranceles de exportación y se dificultan o demoran los permisos de importación. Además se adoptan medidas en el sector financiero para restringir la remisión de utilidades de las empresas al exterior y la compra de dólares por parte de empresas y particulares, con el objetivo de acopiar las divisas necesarias para atender el pago de servicios de deuda y de rescate de bonos en dólares.
Pero el caso es que el nudo principal del desequilibrio fiscal y de la balanza comercial con el exterior, lo constituyen las cuentas de los servicios públicos y del sector energético. Desde la salida de la convertibilidad en el año 2002, los subsidios fiscales a los servicios públicos -de luz y gas por red, aguas y cloacas, transporte- y a la producción de combustibles, fueron creciendo ininterrumpidamente con el fin de asegurar la rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo sostener cuadros tarifarios distorsionados, que favorecieron a los grandes consumidores industriales y comerciales, pero también concitaron el apoyo político de amplios sectores de la población, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires.
En el núcleo de este proceso están las grandes empresas transnacionales extractoras de hidrocarburos que son, en definitiva, las que “gobiernan” las cadenas de valor de los combustibles, de los servicios de gas y luz y del transporte. Durante varios años en los que sobreexplotaron los yacimientos realizando grandes ganancias con la exportación, no repusieron las reservas con nuevos descubrimientos y no ampliaron la oferta de petróleo, gas y derivados, necesaria para cubrir la demanda creciente de combustibles y electricidad. El resultado ha sido, además de reducir las reservas de petróleo y gas, provocar serias deficiencias en la provisión de combustibles y servicios, y generar la necesidad de aumentar exponencialmente las importaciones -principalmente de gas, gasoil y fueloil- con el consecuente gasto de divisas.
Este proceso tuvo su origen en los primeros años de la década de los’90 con la privatización de las distintas ramas del sector energético, y ya hace una década había sido denunciado por el MORENO. Ahora se ha llegado a un punto realmente crítico para el conjunto del país, y para las administraciones nacional y provinciales, como consecuencia de que
- Se ha perdido el autoabastecimiento: la producción de petróleo ha caído un 30% desde 1998; la producción de gas bajó un 8% desde 2006; en 2012 se estima que se necesitará importar un 60% del consumo de gasoil, un 60% del fueloil para consumo de las usinas eléctricas, y más del 10% del consumo de las naftas para automotores. Parte de la demanda de gasoil y fueloil surge de remplazar en la temporada invernal al gas natural en el consumo industrial y de generación eléctrica, pero aún así la importación de gas deberá cubrir una parte importante del consumo.
- Ha crecido el déficit de la balanza comercial y el peso de los subsidios: La importación de energía llegó en 2011 a u$ 9000 millones, y podría crecer hasta u$12000 millones este año; en el marco internacional, la evolución ascendente del precio del petróleo y la creciente demanda de gas licuado no permiten ser optimistas en la evaluación del monto final necesario. El aumento de los precios de bienes energéticos y servicios, no sólo ha abultado la cuenta de los subsidios -en el primer bimestre de este año ya alcanzaría los 6800 millones de pesos- sino que repercutirá en el nivel general de precios.
- Se ha consolidado en el sector energético el predominio de grandes empresas transnacionales. Ellas han concentrado la mayor parte de la producción y se le han renovado por muchos años las concesiones de los yacimientos más importantes de hidrocarburos; son ellas además las que tienen la mayor capacidad económica y técnica para poder enfrentar las operaciones necesarias para lograr un aumento sustancial de la extracción de petróleo y gas y de la producción de derivados.
Los actores
En diversas magnitudes y oportunidades, todas las empresas han aprovechado los favores y también los errores de las políticas de los gobiernos nacional y provinciales; así como en los años ‘90 aprovecharon las facilidades para la exportación indiscriminada, utilizaron luego los programas de incentivos -Gas Plus, Petróleo Plus y Refino Plus, instituidos por el gobierno en 2008, bajo la inspiración de las principales empresas- para eludir las limitaciones de precios establecidas para el consumo interno, sin contribuir apreciablemente al objetivo declarado de aumentar la oferta de hidrocarburos con nuevos descubrimientos. Al mismo tiempo, como ya hemos dicho, fueron consolidando su dominio sobre los yacimientos más importantes
Todas las empresas que tienen proyección transnacional adoptan estrategias diversas y cambiantes, supeditadas a sus políticas globales, que a menudo no se corresponden con los intereses de los países en que actúan y, frecuentemente, los enfrentan o los tergiversan, atacando o eludiendo las medidas gubernamentales. Así es cómo, en los últimos veinte años, se han producido en nuestro país cambios importantes en las estrategias comerciales y en la composición accionaria de muchas de las grandes empresas del sector energético y de los servicios públicos. Entre has grandes petroleras, como ejemplo, hemos visto en años recientes a Petrobras Argentina vender su refinería y estaciones de servicio, para concentrarse en el área del ‘upstream’; Cnooc, una empresa china, ingresó como socia de los Bulgheroni en Bridas, y más tarde intentó adquirir la parte de BP en Pan American Energy. A su vez la misma PAE compró a Esso Arg (Exxon-Mobil) su refinería de Campana y su red de estaciones de servicio. Exxon se concentraría en la exploración, particularmente de los yacimientos de esquistos (‘shale’ gas/petróleo) en Neuquén. Por su parte Shell, atacada insistentemente tiempo atrás por el entonces presidente Kirchner, vendió su refinería y red de distribución al grupo chileno Luksic, que ya había adquirido Shell Chile.
Por su parte los gobiernos de la Nación y de algunas provincias en los últimos años han venido promoviendo que capitales argentinos -sin trayectoria en el sector- se incorporaran como accionistas en las grandes empresas o compraran sus activos. Y también alentó la adjudicación de áreas para exploración/explotación a nuevos consorcios en los que esos capitales participan. Ejemphos claros de esto han sido, p.ej. la concesión de áreas en Mendoza al Grupo Uno (Vila-Manzano) -que luego revendiera, sin haberlas explorado-, la asociación de Pampa Energía con Apache en la exploración de ‘shale’ gas, o la compra por Oil Combustibles, empresa de Cristóbal López, de activos de Petrobras.
Pero sin duda ha sido la incorporación de los Eskenazi a YPF S.A. la señal más clara en la estrategia oficial de exhibir una política de “argentinización” de los hidrocarburos, a pesar de que la empresa Petersen Energía S.A está inscripta en el Registro Mercantil de Madrid y es controlada por Petersen Energía PTY Ltd, una sociedad australiana. Las condiciones de pago otorgadas a Petersen Energía S.A., para la compra de las acciones (15% en la operación inicial), que implicaron desde entonces la remisión a Repsol del 95% de las utilidades de YPF, sin reinvertirlas en el país, fueron alentadas y aceptadas por el gobierno argentino Desde entonces el Gobierno Nacional -por intermedio principalmente de la Presidente de la Nación y del ministro De Vido- elogió repetidamente el accionar de YPF; y en varias oportunidades a través de la Secretaría de Comercio Interior la utilizó para que incidiera en el mercado, dada su participación mayoritaria en la oferta, condicionando a las demás empresas en la fijación de los precios de los combustibles.
Uno de los hechos más expresivos de la relación privilegiada de YPF con el Gobierno Nacional, fue el anuncio realizado en diciembre del 2010 -poco después de que los Eskenazi compraran otro 10,46% del paquete accionario- por Sebastian Eskenazi, vicepresidente de la empresa, en presencia de la presidente de la Nación, acerca del descubrimiento de grandes recursos de ‘shale’ gas en la formación Vaca Muerta del yacimiento Loma La Lata-Sierra Barrosa. El anuncio no sorprendió a técnicos y especialistas porque el potencial de ese megayacimiento ya había sido descubierto por la YPF estatal en 1977; pero fue tomada con gran reserva la estimación de la magnitud de los recursos y de la factibilidad de una pronta explotación. Poco después se supo que YPF había firmado un acuerdo con Vale, la empresa brasileña que explotará un yacimiento de cloruro de potasio en el sur de Mendoza, cerca del Río Colorado, la cual consumiría 2.000.000 de metros cúbicos por día suministrados a través de un gasoducto construído por ambas empresas. Sin embargo hasta que se inicie la extracción del ‘shale’ gas y el gasoducto esté construido, YPF cumpliría su compromiso con gas convencional proveniente del área El Portón. El resultado: YPF cobraría como Gas Plus (a un precio pactado inicialmente entre 4,5 a 7,5 U$S cada millón de BTU) y entregaría gas que, si se destinara al consumo residencial, se cobraría entre 2,5 y 3 U$S/ MBTU. Es decir que, al mismo tiempo que se enunciaba una hipotética recuperación de reservas, se aprovechaba el programa de incentivos para aumentar las utilidades.
Nueva etapa
A medida que avanza la “sintonía fina” en el sector energético se han desplegado simultáneamente diversos conflictos, ya en curso o latentes. La escasez de nafta super en época de alta demanda por las vacaciones, las pujas por las diferencias en el precio del gasoil cobrado a los grandes consumidores frente al vigente en las estaciones de servicio y en distintas zonas del país, el reclamo de Aerolíneas Argentinas por rebajar el precio del combustible de aviación JP1 poniéndolo a tono con el precio de la nafta super, el reclamo a las petroleras por parte de los estacioneros por mejores márgenes de beneficio y condiciones de suministro de los combustibles, la suspensión de los planes “Plus” para las megapetroleras, han ido manifestando cambios en las relaciones de las autoridades con las empresas del sector; en particular con YPF, que resistió la presión oficial para que no remitiera dólares al exterior, en pago de utilidades a sus accionistas..
Ahora el Poder Ejecutivo Nacional parece haber elegido a YPF como blanco de una cruzada por la “argentinización” del sector energético y recurrir, para ese fin, a la participación de las provincias petroleras. La sanción en el 2007 de la ley 26197, la ley “corta”, otorgó a las provincias el dominio útil de los recursos del subsuelo, por lo que tienen la potestad de concesionar los yacimientos. Así, a partir de entonces las provincias petroleras (en las que habitan el 15% de los habitantes del país) pueden disponer de los recursos del subsuelo de todos los argentinos. Ya desde 1990 se había puesto en marcha la “Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos" (OFEPHI) que integran diez provincias, y que, reactivada ahora, se convierte en el foro en que se acercan, y también se enfrentan, los intereses de cada provincia en relación con las demás y con las distintas empresas que operan en sus territorios. Algunas de estas empresas pueden no ser ajenas a la cruzada argentinizadora dirigida contra YPF.
La ofensiva pública sobre YPF es liderada por el recientemente electo gobernador del Chubut, Martín Buzzi, secundado en primer término por el de Santa Cruz, Daniel Peralta, y seguido por los gobernadores de Mendoza y Neuquén, todos aleccionados por el ministro De Vido. El 92% del petróleo extraído por YPF procede de esas cuatro provincias, y llamativamente la de menor contribución es Chubut, donde la principal productora es Pan American Energy. Las cuatro provincias -a las que se sumarán La Pampa y Formosa- reclamaron a YPF presentar a la brevedad nuevos planes de inversión en determinadas áreas en las que hacen centro, alegando que no han recibido inversionas en los últimos años y su producción es nula o está estancada, aunque no parece ser ese el caso en algunas áreas, según los datos que publica la Secretaría de Energía. Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz arrancaron con la difusión pública de su posición el miércoles 14 en un acto cerca de la frontera común, para anunciar que procederían a cancelar las concesiones de las áreas en sus provincias, si no recibían de parte de la empresa planes de inversión aceptables.
Se especula sobre si el fin principal de la movida es presionar a Repsol YPF para forzarla a resignar la posición de principal accionista de YPF S.A. y convertir a ésta en una empresa mixta o en la petrolera estatal. En esa perspectiva la presión ha servido para, con vaivenes, rebajar su valor en bolsa y abaratar el monto de una hipotética oferta hostil por las acciones que darían al Estado, junto a Petersen Energía, la mayoría accionaria. No parece que Repsol esté dispuesta a ceder el control de YPF; a pesar de la caída de su producción YPF contribuye todos los años con una porción sustancial en las utilidades de Repsol, que a su vez es la principal empresa energética en España. Esto lo demuestra la preocupación del Gobierno Español, que envió al ministro de Industria a poner paños fríos a la ofensiva contra YPF, y la actitud del propio rey, quien en un llamado telefónico -cuya existencia no admite nuestro gobierno- habría sugerido a la presidenta argentina no ahondar en el cuestionamiento.
La posición del MORENO
Más allá de que se pueda discutir sobre si el verdadero motivo de la ofensiva es la intención real de recuperar a YPF como empresa de bandera, o se esté frente a una maniobra para impulsar la producción, o para volcar el mercado a favor de otras empresas, o frente a una campaña de imagen de impulso nacionalista -quizá paralela a la reactivación de los reclamos por la soberanía de las Malvinas- el MORENO ve con interés que se haya reavivado el debate sobre la recuperación de los recursos hidrocarburíferos, como parte del proceso de toma de conciencia sobre las consecuencias de las políticas neoliberales y de la gravedad de la situación actual.
Ante el momento crucial por el que atraviesa el sector energético, el MORENO propugna que se deben adoptar medidas de gran alcance en pos de restablecer en el sector la legalidad del marco institucional y la potestad plena del Estado Nacional para conducir la política energética:
- Restablecer la plena vigencia de la Ley de Hidrocarburos-17319- derogando los ilegales decretos privatizadores 1055/89, 1212/89 y 1589/89, y modificar la ley “corta” -26197- restableciendo la potestad directa del Gobierno Nacional para ejercer el dominio útil sobre el subsuelo, en concurrencia con las provincias.
- Avanzar en la revisión de los contratos de concesión, aplicando el art 85 de la ley 17319 para revertir al Estado las áreas que se hayan concesionado ilegalmente, y anulando las concesiones en las que se registren incumplimientos graves.
- Recuperar el papel arbitral del Estado en el sector por medio de empresas estatales, conducidas con participación de las provincias y control de la ciudadanía. Esto requerirá la revisión de las privatizaciones de YPF y de Gas del Estado y la revisión de la estructura y rol de Enarsa.
El MORENO opina que la condición principal para poder encarar las medidas aludidas, es que exista la voluntad política del Gobierno Nacional, puesto que las premisas legales para avanzar están dadas. No vemos tal predisposición en las actuales autoridades, dada la experiencia de los pasos dados hasta el presente en las políticas económico-sociales, ya que no bastaría terminar con las privatizaciones sino avanzar en una reforma integral que deje atrás definitivamente el modelo neoliberal.
Hugo Rizzuto
Vicepresidente
Hugo Palamidessi
Vicepresidente
Gustavo Calleja
Vicepresidente
José Rigane
Presidente
Open publication - Free publishing
Comentarios