Caso Patishtán desnuda crisis del sistema de justicia: activistas
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| Una de las imágenes que exige la libertad de Patishtán en las redes. |
Abogados, activistas y Héctor Patishtán, hijo del profesor chiapaneco, exteriorizaron en rueda de prensa sentimientos encontrados por la decisión presidencial que, señalaron, junto con el Legislativo “enmendó la plana” al Poder Judicial.
Este último, acusaron, pese a las evidentes violaciones al debido proceso, decidió sostener la sentencia de 60 años contra el indígena tzotzil, luego de permanecer 13 años en la cárcel por un crimen que no cometió.
La última ocasión en que un presidente recurrió al indulto para liberar a víctimas de violaciones a derechos humanos fue en 2002, cuando Vicente Fox puso en libertad –“por razones humanitarias”– a los militantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Ambos activistas guerrerenses continuaron sus procesos en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos y, en 2010, lograron una sentencia en contra del Estado mexicano
Héctor Patishtán consideró que la decisión de Peña Nieto de indultar a su padre no es más que una corrección del Estado, pues “si hace 13 años cometieron un error, ahora lo tienen que corregir, ya sea tumbando las paredes de la cárcel o con esto (el indulto)”.
Luego de insistir en que la liberación de Pakistán Gómez es producto del esfuerzo de la sociedad civil organizada, Héctor Patishtán, quien tenía cinco años cuando su padre fue arrestado, habló de sus sentimientos encontrados a unas horas de que su progenitor sea puesto en libertad:
“Estoy feliz y a la vez estoy muy triste de ver cómo el sistema judicial es ineficaz para resolver problemas del país, ver cómo un indígena, sabiendo perfectamente que es inocente, lo dejan estar en la cárcel purgando una condena de muerte”.
Héctor, quien reconoció que el 13 de septiembre pasado lloró cuando un Tribunal Colegiado refrendó la sentencia de 60 años de cárcel a su padre, consideró que la condición de indígena pobre fue lo que condenó a Alberto Patishtán, a quien consideró víctima de un sistema de justicia que discrimina a los pueblos originarios.
El joven tzotzil dijo que será su padre quien una vez en libertad decida si decide reclamar el resarcimiento del daño causado por el Estado mexicano por haberle arrebatado la vida durante 13 años.
No obstante, resaltó que de lo que está seguro es que Alberto continuará su labor como activista a favor de los derechos humanos, “puede ser en nuestro pueblo, en El Bosque, Chiapas, o aquí en el Distrito Federal, pues como sabemos en todos lugares se cometen abusos”.
Los abogados Leonel y Sandino Rivero admitieron que el indulto presidencial no implica el reconocimiento de inocencia de Patishtán Gómez, toda vez que “se agotaron los recursos jurídicos en México para ello; en dos ocasiones se presentaron estos recursos, y en dos ocasiones el Poder Judicial se negó a admitir las fallas”.
Sandino Rivero acotó que, a diferencia de otros indultos, el otorgado a Patishtán “en los hechos reconoce que el sentenciado fue víctima de violaciones a derechos humanos”.
También dejó en claro que para que se reconozca la inocencia de Patishtán y exigir la reparación del daño será necesario recurrir a instancias internacionales, situación que tendrá que decidir el mismo profesor indígena una vez que sea puesto en libertad.
Los abogados aclararon que desde 2010 el Centro Fray Bartolomé de las Casas interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de la admisión del caso por el sistema regional.
El representante de Amnistía Internacional (AI), Daniel Zapico, advirtió que la liberación de Patishtán Gómez es “fruto del fracaso del sistema judicial mexicano”.
Por ello convocó a hacer una revisión del sistema de justicia mexicano:
“Si quieren una justicia que hace distingos entre la situación socioeconómica de las personas y que no proporciona ninguna respuesta, porque la matanza que se produjo en el año 2000 continúa en la impunidad y las familias y los supervivientes no han tenido justicia, si queremos un sistema que promueve ese tipo de situaciones en las que se fabrican los culpables, las pruebas se plantan, se manipulan, o queremos un sistema que realice investigaciones adecuadas y sirva para poner fin a la impunidad y evitar que personas inocentes terminen purgando muchos años de cárcel sin que existan elementos para ello”, planteó.
En el acto también se anunció la posibilidad de que el propio Patishtán ofrezca una rueda de prensa este jueves 31, una vez que le comuniquen la decisión presidencial de liberarlo.
Además, está prevista una marcha al Ángel de la Independencia para celebrar la liberación del indígena tzotzil.
La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos (Red TDT) manifestó en un comunicado su preocupación de que “en México el derecho al acceso a la justicia está caracterizado por una fuerte discriminación, perpetrada sobre todo contra personas con menos recursos y contra quienes pertenecen a una comunidad indígena”.
Luego de celebrar la inminente liberación de Patishtán, la Red TDT destacó que “con el indulto corroboramos que en México la justicia es el gran ausente en este y otros procesos”, por lo que recordó que el Estado mexicano tiene como pendiente hacer un reconocimiento público de la inocencia del profesor bilingüe.
Al demandar la reparación del daño para Patishtán Gómez y su familia, la Red TDT exigió una “investigación imparcial” por el encarcelamiento ilegal que sufrió el activista, a fin de que los “culpables de los hechos puedan ser identificados y posteriormente procesados y sentenciados”.
Gabriela Patishtán Gómez, confió que su padre se encuentra en la Ciudad de México desde el pasado 4 de octubre, en el Instituto Nacional de Neurología, donde es tratado de un tumor en la cabeza. “Está emocionado, pero también un poco nervioso esperando que se concrete su libertad”, dijo.
La liberación se Patishtán se concretará un día después de la entrada en vigor de la reforma al Código Penal Federal que faculta al Presidente en turno a otorgar el indulto a una persona que ha sido sentenciada, después de agotar todas las instancias legales nacionales.
El martes pasado, los diputados aprobaron por unanimidad la adición del artículo 97 bis al Código Penal que a la letra dice.
“De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el Titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.
“El Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales”, señala el DOF.
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