Admite Sedena que militares se extralimitaron en Tlatlaya, revela la CEAV
15 de octubre de 2014
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La bodega en Tlatlaya donde militares ejecutaron a civiles. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) aceptó ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)
que, en el caso de la muerte de 22 jóvenes en el municipio mexiquense
de Tlatlaya a manos de elementos del Ejército, “tenía conciencia y
constancia de que había hechos claros de estos militares que no
correspondían con lo que su función obligaba”.
Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV, reveló lo anterior al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y adelantó que sólo esperan el informe de la CNDH en el que se destaque que “hubo violaciones graves” en el caso Tlatlaya, para que la comisión contacte y atienda a las víctimas.
La presencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano desconcentrado de la administración federal, fue desdeñada por los legisladores, pues de 27 integrantes de la comisión ordinaria sólo asistieron tres diputados: los perredistas Elena Tapia Fonllen y Juan Muñoz Soria, así como la priista y presidenta Miriam Cárdenas Cantú.
Transcurrida la primera hora llegaron dos legisladores más, el priista Rodimiro Barrera Estrada, de Michoacán, y el panista Juan Aquino Calvo, de Chiapas. Minutos más tarde acudió la también priista Esther Garza Moreno, de Guanajuato.
Los temas centrales de la comparecencia fueron el caso Tlatlaya y el ataque, desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el primer caso, Rochín del Rincón comentó que en cuanto se enteraron del suceso “hablamos a la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, preguntamos cómo veían el asunto y, desde el primer momento, nos dijeron que se iría al ámbito civil y que la secretaría no iba a proteger ni a defender a nadie”.
Más aún, abundó, “nos comentaron que (el caso) ya estaba en manos de la Procuraduría General de la República, y nos señalaron que sí, que ellos tenían conciencia y constancia de que había, digamos, hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba, que de eso ellos se encargaban de la parte administrativa, pero que de la parte penal ellos no iban a intervenir para defender a nadie”.
El presidente de la CEAV dijo que no han acudido a Tlatlaya porque su función inicia cuando un organismo establece que hay violaciones a los derechos humanos, pero que ya están listos para intervenir y atender a las víctimas de los hechos violentos.
“Nosotros estamos esperando que la CNDH defina, pues ellos informaron en su momento que habían abierto una investigación y que iban a dar una determinación posiblemente como violaciones graves, entonces estamos esperando que haya esa determinación para poder nosotros entrar a operar”, detalló Jaime Rochín, quien aclaró que la comisión “no tiene facultades de investigación”, y “sólo cuando alguien determine que ahí hay una violación a derechos humanos o un delito, entramos”.
También explicó que el comisionado Adrián Franco Zevada fue el primero en analizar el tema a nivel escrito, pero que una vez que se presente la declaratoria de la CNDH y haya una declaratoria de “víctima”, la comisión entrará en acción, pues serían “violaciones gravísimas y esa es una situación intolerable”.
Rochín del Rincón informó que no ha hablado del tema con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y adelantó que podrían entrar en contacto con las organizaciones de derechos humanos para abordar el tema.
Fuente
Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV, reveló lo anterior al comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y adelantó que sólo esperan el informe de la CNDH en el que se destaque que “hubo violaciones graves” en el caso Tlatlaya, para que la comisión contacte y atienda a las víctimas.
La presencia del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un órgano desconcentrado de la administración federal, fue desdeñada por los legisladores, pues de 27 integrantes de la comisión ordinaria sólo asistieron tres diputados: los perredistas Elena Tapia Fonllen y Juan Muñoz Soria, así como la priista y presidenta Miriam Cárdenas Cantú.
Transcurrida la primera hora llegaron dos legisladores más, el priista Rodimiro Barrera Estrada, de Michoacán, y el panista Juan Aquino Calvo, de Chiapas. Minutos más tarde acudió la también priista Esther Garza Moreno, de Guanajuato.
Los temas centrales de la comparecencia fueron el caso Tlatlaya y el ataque, desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el primer caso, Rochín del Rincón comentó que en cuanto se enteraron del suceso “hablamos a la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, preguntamos cómo veían el asunto y, desde el primer momento, nos dijeron que se iría al ámbito civil y que la secretaría no iba a proteger ni a defender a nadie”.
Más aún, abundó, “nos comentaron que (el caso) ya estaba en manos de la Procuraduría General de la República, y nos señalaron que sí, que ellos tenían conciencia y constancia de que había, digamos, hechos claros de estos militares que no correspondían con lo que su función obligaba, que de eso ellos se encargaban de la parte administrativa, pero que de la parte penal ellos no iban a intervenir para defender a nadie”.
El presidente de la CEAV dijo que no han acudido a Tlatlaya porque su función inicia cuando un organismo establece que hay violaciones a los derechos humanos, pero que ya están listos para intervenir y atender a las víctimas de los hechos violentos.
“Nosotros estamos esperando que la CNDH defina, pues ellos informaron en su momento que habían abierto una investigación y que iban a dar una determinación posiblemente como violaciones graves, entonces estamos esperando que haya esa determinación para poder nosotros entrar a operar”, detalló Jaime Rochín, quien aclaró que la comisión “no tiene facultades de investigación”, y “sólo cuando alguien determine que ahí hay una violación a derechos humanos o un delito, entramos”.
También explicó que el comisionado Adrián Franco Zevada fue el primero en analizar el tema a nivel escrito, pero que una vez que se presente la declaratoria de la CNDH y haya una declaratoria de “víctima”, la comisión entrará en acción, pues serían “violaciones gravísimas y esa es una situación intolerable”.
Rochín del Rincón informó que no ha hablado del tema con Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y adelantó que podrían entrar en contacto con las organizaciones de derechos humanos para abordar el tema.
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