Las leyes de la “contrarreforma”: Hidroeléctrica Las Cruces y la ignorancia oficial
/Quinta parte
La autorización otorgada por la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción del proyecto
hidroeléctrico Las Cruces,
en el Río San Pedro Mezquital, de Nayarit, constituye una más de las
transgresiones a las leyes del país y a los tratados internacionales, al
pasar por alto las elementales garantías constitucionales y los
derechos humanos de cuatro etnias a las que no se les tomó parecer a
través de una amplia consulta, contradiciendo lo establecido en las
recién aprobadas leyes secundarias de la reforma energética.
El pasado 20 de agosto la dependencia dio luz verde para que la CFE ponga en marcha lo que expertos ambientalistas califican como uno de los más grandes ecocidios
que se cometerán en el planeta al destruir una amplia zona de marismas
nacionales –humedales donde subsiste uno de los manglares más grandes
del país– y del cual dependen para su supervivencia una amplia variedad
de peces, flora y fauna silvestre, además de ser el hogar ancestral de
12 mil familias de las comunidades indígenas coras, huicholes,
tepehuanos y mexicaneros, dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca,
silvicultura y turismo, así como a la preservación de su identidad
cultural y de 14 milenarios sitios sagrados.
De forma paradójica, 2 días después, en
la sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas, durante la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos
Indígenas, el presidente de México Enrique Peña Nieto aseguró que su
gobierno “respalda a los pueblos originarios para que alcancen un
verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de
vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio
natural del país”.
El problema es que tal planteamiento
elevado en el más alto foro internacional llegó muy a destiempo y
prácticamente fue ignorado por los funcionarios tanto de la CFE como de
la propia Semarnat, pues los primeros señalaron falsamente haber
realizado una consulta entre los pueblos afectados y los segundos, de
forma inconcebible, aceptaron en su documento de autorización de la
manifestación de impacto ambiental que las comunidades no dieron validez
a la manipulada consulta, no obstante, aprobaron el proyecto.
Como lo han demostrado organismos
internacionales, entre ellos la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA), la Semarnat pasó por alto los acuerdos
firmados por México y establecidos por la Convención Ramsar, donde se
contempla la protección irrestricta de marismas nacionales, reserva de
la biósfera y humedales de importancia prioritaria internacional bajo la
Convención, ecosistemas que en Nayarit dependen para su subsistencia de
la desembocadura de las aguas del Río San Pedro.
En este torneo oficial de
contradicciones, la Secretaría a cargo de Juan José Guerra Abud desechó
las recomendaciones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca, que advierte que las especies pesqueras de
Nayarit y el Sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las
Cruces, pues tienen estrecha relación con Marismas Nacionales, sitio
que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del Río San Pedro.
El ambiente salobre que posibilita la vida silvestre en uno de los
lugares más bellos del planeta.
Las violaciones en el ámbito de los
tratados internacionales son abrumadoras si se considera lo establecido
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, que garantizan la libre determinación de los grupos étnicos a
decidir sobre su estilo y forma de vida. De manera arbitraria, la CFE
no realizó consulta alguna pues únicamente fue a exponerles –más bien a
imponerles– el proyecto valiéndose de asambleas comunales convocadas
bajo engaños y hasta amenazas, al grado de que la propia Semarnat ha
dado por bueno el cambio del uso de suelo y hasta la presunta
desaparición de las comunidades de San Blasito y Saycotal, contempladas
en el proyecto hidroeléctrico.
Los funcionarios de la Comisión Federal
de Electricidad han invocado el supuesto visto bueno de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Nayarit para argumentar que la consulta
sí se llevó a cabo, pero los representantes de las diversas comunidades
indígenas han desechado tal versión, pues el presidente de ese
organismo, Guillermo Huicot Rivas, fue reelecto en el cargo no por
decisión de la sociedad civil nayarita sino por el gobernador de esa
entidad, Roberto Sandoval Castañeda, que ha incluido como uno los planes
estratégicos de su gobierno la construcción de la Hidroeléctrica Las
Cruces, cuyo costo aproximado se calcula en 576 millones de dólares.
Cifra que en nada subsanaría los daños causados al ecosistema, no sólo
de esa entidad, sino del vecino estado de Sinaloa y a toda la región de
la Sierra Madre Occidental, que depende de las aguas del Río San Pedro.
Pero es tal vez lo establecido en las
propias leyes secundarias de la reforma energética lo que refleja el
grado de ignorancia e insensatez de los funcionarios de la Comisión
Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes
están atropellando sin miramiento alguno lo apenas aprobado en el
Congreso de la Unión y contenido en la nueva Ley de la Industria
Eléctrica, que en su Capítulo II, referente al impacto social y
desarrollo sustentable, establece en su artículo 105:
“Los proyectos de infraestructura de los
sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los
principios de sustentabilidad y respeto de los derechos humanos de las
comunidades y pueblo indígenas de las regiones en que se pretendan
desarrollar.”
Y el artículo 106 abunda al respecto:
“Con la finalidad de tomar en cuenta los
intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que
se desarrollen los proyectos de infraestructura en la industria
eléctrica, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo los
procedimientos de consulta necesarios con la Secretaría de Gobernación y
las dependencias que correspondan. Asimismo, la Secretaría de Energía
en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y
entidades competentes, realizará un estudio de impacto social respecto
del área objeto de los proyectos de infraestructura en la industria
eléctrica.
“La Secretaría de Energía deberá
informar a los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura
en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales
vulnerables en las áreas en que se llevan a cabo las actividades al
amparo de asignaciones y contratos, con el fin de que se implementen
[sic] las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.”
Es fácil comprender que el sentido de
toda lógica está patas arriba entre los actuales miembros del gabinete
que, aunque parezca increíble, desconocen el contenido de las leyes
secundarias, pues en estricto apego a derecho, la autorización de la
presunta obra de la Hidroeléctrica Las Cruces todavía ni siquiera está
en trámite ante las auténticas instancias correspondientes.
Martín Esparza Flores*/Quinta parte
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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