Independencia sin libertad económica
Martín Esparza Flores
—I—
En agosto pasado, la deuda pública
en México llegó al más alto nivel en su historia al representar el 39.9%
del producto interno bruto (PIB), superior al 39.4% registrado en 1990,
de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se
calcula que al asumir los pasivos laborales de Pemex y CFE, con la
aprobación de la reforma energética, estimados en 2.1 billones de pesos
el endeudamiento interno del sector público ronda ya la también cifra
récord de los 7 billones de pesos.
Y si bien la palabra deuda ha estado
ligada al país desde la consumación del movimiento de Independencia, en
1821, cuando la corona española impuso como condición para el
reconocimiento del gobierno de Agustín de Iturbide el admitir el pago de
los adeudos contraídos por el gobierno virreynal —por lo que los
mexicanos ganamos independencia pero sin libertad económica—, en los
últimos 30 años las políticas neoliberales han terminado por hacer un
uso indebido y excesivo del endeudamiento, pasando por alto lo
establecido en la propia Constitución.
La fracción VIII del artículo 73 de la
Carta Magna establece que el Congreso tiene facultad: “Para dar bases
sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y para
reconocer y mandar pagar la deuda nacional. En los ingresos públicos ningún
empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que
directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos,
salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las
operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna
emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos
del artículo 29”.
Las salvedades que enumera el 29 son:
“En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de
cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto…”
Los niveles de endeudamiento alcanzados
por el gobierno federal hacen inaplazable un análisis serio y profundo
que explique al país las razones de fondo que han llevado a las últimas
cinco administraciones federales, y a la hoy vigente, a llegar extremos
que hacen impagable la deuda pública que, a final de cuentas, terminamos
debiendo todos los mexicanos.
Es momento de que la clase política nos
explique porqué rescates bancarios y carreteros que son producto del
fracaso de las privatizaciones de muchas empresas públicas fueron
asumidos por los gobiernos en turno como si se tratara de situaciones de
emergencia para la nación.
En las sucesivas entregas, demostraremos
cómo, por ejemplo, las deudas contraídas en el gobierno de Porfirio
Díaz guardan cierta similitud con el estilo de los neoliberales de hoy.
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