El terrorismo laboral aguarda a los electricistas del SUTERM
CONTRALÍNEA
La debacle laboral para los agremiados al
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM) inició ya con las modificaciones a su contrato colectivo de
trabajo (CCT), aceptadas servilmente por la dirigencia charra de
Víctor Fuentes del Villar, para que la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), transformada luego de la aprobación de las leyes secundarias de
la reforma energética en empresa productiva del Estado, disponga a su
libre albedrío de los cambios necesarios a su actual plantilla,
colocando en la antesala de los despidos a miles de sindicalizados.
El
desventajoso convenio, pactado hace unos días entre los funcionarios de
la CFE y los líderes del SUTERM, modificó cláusulas como la 24,
facultando a que un comité mixto de productividad, integrado por el
director general, Enrique Ochoa, y el secretario general, Víctor
Fuentes, así como los directores de finanzas, operación y proyectos de
inversión financiada, entre otros, apruebe las modificaciones de
estructuras organizacionales y plantillas de personal, mismas que podrán
ejecutarse “por supresión o instalación de maquinaria o aparatos que
alteren o supriman el desarrollo de determinadas labores”.
Como anticipamos, la cara oculta
de la reforma energética se mostraría en toda su dimensión anticipando
la insalvable pérdida de derechos laborales para aquellos que, en su
momento, sirvieron de esquiroles a la legítima lucha del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME). Carentes de la mínima conciencia
sindical y de clase, ingenuamente pensaron que los embates de la
privatización al sector energético, iniciados con la agresión al SME,
nunca los alcanzarían; pero ahora la guillotina de los recortes
pende sobre sus cuellos, situándolos en una absoluta indefensión legal
por los acuerdos leoninos de sus dirigentes, quienes les hicieron creer
que bajo la férula cetemista estarían a salvo.
Los electricistas del SUTERM empezarán a
sentir en carne propia los rigores de una auténtica represión laboral
que los condenará a una abyección en aras de no perder su empleo, pues
mientras en su nuevo CCT se contempla que el citado comité, a la par de
autorizar la transferencia de plazas de la bolsa de trabajo que se
constituya a nivel nacional, también determinará el sistema de
promociones de personal, con base en “criterios de productividad y
eficiencia de los trabajadores”, dejando fuera de la instauración de
estos parámetros a los directamente interesados, pudiendo manipularlos
con base en un sistema de estímulos que serán otorgados, en el
contrasentido, por demostraciones de “fidelidad” y no de eficiencia.
Tocante al asunto de las “separaciones”,
por ejemplo, la cláusula 46 determina que los trabajadores podrán ser
separados, además de las causas previstas en la Ley y en los acuerdos ya
pactados, por “no acatar los estatutos” de su sindicato, por voluntad
propia, “por determinación de la CFE”, por modificaciones, aditamentos o
“nuevos sistemas de trabajo”. El inciso IV de la castrante cláusula
deja bien claro que la adopción de nuevos esquemas de trabajo, o la
instalación de maquinaria o aparatos que alteren o supriman el
desarrollo de determinadas labores, podrán ser causa de que se despida a
trabajadores, previo acuerdo entre autoridades y el Sindicato. Si no
hay acuerdo, reza el ordenamiento, la CFE podrá liquidar personal si la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se lo autoriza. Es
decir, que ante el terrorismo laboral que les aguarda, los agremiados
estarán atados de pies y manos.
Y como acontecerá también con el contrato
colectivo del sindicato petrolero, uno de los cambios de fondo en sus
antes logros sindicales será el radical ajuste a su sistema de pensiones
y jubilaciones, con lo que los trabajadores de nuevo ingreso ya no
contarán con una pensión por parte de las nuevas empresas productivas
del Estado, pues se regirán por el mecanismo de las administradoras de
fondos para el retiro.
A finales de la pasada LXI Legislatura,
se tocó en el Congreso de la Unión la desaparición del Fondo Mutualista
de 96 mil trabajadores del SUTERM, estimado a agosto de 2012 y de
acuerdo con los rendimientos actualizados por el Banco de México, en 638
mil millones de pesos, producto de 40 años de ahorro, razón por la que
tras largos juicios en los tribunales colegiados en materia laboral, 8
mil 600 jubilados obtuvieron en 2007 un laudo a su favor emitido por la
Junta Especial 5 de la JFCA.
En lo que puede calificarse como uno de
los más grandes robos y atropellos a los derechos jubilatorios, los
entonces funcionarios calderonistas Jaime González Aguadé, director de
la CFE, Jordi Herrera, secretario de Energía, y Rosalinda Vélez,
secretaria del Trabajo, desacataron el punto de acuerdo para presentar
ante el Congreso un informe detallado, “en un plazo no mayor a 10 días”,
sobre el destino de los multimillonarios recursos. La Tercera Comisión
de Hacienda y Crédito Público del Senado indicó entonces que tanto la
dirigencia del SUTERM como la CFE “mantienen una importante deuda con
los 96 mil trabajadores electricistas que aportaron al Fondo Mutualista
638 mil millones de pesos durante su vida laboral en el periodo
comprendido de 1950 a 1990”.
Los legisladores denunciaron en su
análisis el papel que jugó en su momento el entonces líder del SUTERM y
dirigente cetemista, Leonardo Rodríguez Alcaine, la Güera, para consumar
el gigantesco fraude. “El 25 de abril de 1990, la CFE y el SUTERM
pactaron la sustitución de este Fondo Mutualista por un seguro colectivo
obrero en la cláusula 26 del Convenio que celebraron por la firma del
contrato colectivo, correspondiente al bienio 1990-1992. Las cantidades
aportadas por los cefeístas, durante 40 años, se actualizaron a través
del histórico de las tasas de interés, emitidas por el Banco de México
tal y como lo dispusieron los tribunales colegiados que instruyeron a la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que condenara al SUTERM y
a la CFE al pago y cumplimiento de las prestaciones ejercidas por 8 mil
600 reclamantes ante la Junta Especial 5 de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje”.
Ahora que la nube artificial en
que reposaban los electricistas del SUTERM se viene a pique, con toda
seguridad que el inconcluso tema del multimillonario robo a sus
jubilados retornará con más fuerza, recordando a los omisos integrantes
de la LXII Legislatura que entre otros pendientes de la reforma
energética, está dar con el paradero de los 638 mil millones de pesos
que se esfumaron de la noche a la mañana en la más absoluta de las impunidades y de los cuales el charro cetemista, Víctor Fuentes del Villar, se abstiene de comentar a sus agremiados y al país.
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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