Repudian organizaciones sociales eventual llegada de Medina Mora a la SCJN
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Eduardo Medina Mora, embajador de México en Washington. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales consideraron
que la postulación del aún embajador de México en Estados Unidos,
Eduardo Medina Mora, como aspirante a ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), refleja “un profundo desprecio a los
derechos humanos” por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
Ante la integración de Medina Mora en la terna propuesta por el mandatario federal al Senado de la República para designar al nuevo ministro, decenas de agrupaciones civiles de derechos humanos consideraron que de los candidatos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Medina Mora, éste último “tiene una trayectoria política que imposibilita que sea un ministro independiente del Poder Ejecutivo y está implicado en diversos casos graves de violaciones a derechos humanos”.
Tras criticar que Peña Nieto no integró a ninguna mujer en su terna, las organizaciones consideraron preocupante que “la lógica detrás de la terna actual deje ver la intencionalidad no de consolidar la independencia de la SCJN sino de avanzar intereses del Poder Ejecutivo dentro de ese órgano garante de la Constitución”, aún cuando se avecinan otros dos procesos de relevo en el máximo tribunal de justicia del país.
En un comunicado, la organizaciones hicieron un breve recuento del pasado de Medina Mora en el ejercicio de cargos públicos durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Con Salinas, recordaron, formó parte del equipo de asesores en la negociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los temas de agricultura, normas, prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de origen.
“Fue partícipe en la estructuración de este instrumento internacional que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones campesinas por generar condiciones de pobreza e inequidad en el campo mexicano”, acusaron.
Ese antecedente es grave para las organizaciones, toda vez que en tribunales federales se litigan casos “que confrontan la visión privatizadora del campo respaldada por el TLCAN con el derecho a construir un proyecto de desarrollo que sean sustentable y respetuoso de la cultura y los pueblos originarios”, así como temas relacionados con la siembra de transgénicos y las violaciones a derechos humanos cometidas por la minería.
En su paso como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora fue señalado por violaciones a derechos humanos por casos como el del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, donde participaron 2 mil 500 elementos de la policía estatal y de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).
De ese operativo, el saldo fue de dos jóvenes asesinados, 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron tortura sexual y 11 litigan su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro momento de infausta memoria, según los denunciantes, fue el de la represión a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en noviembre de 2006, a cargo de la PFP de Medina Mora.
En el sexenio de Felipe Calderón, como procurador general de la República, Medina Mora se declaró incompetente para conocer las denuncias de las mujeres de Atenco, a pesar del señalamiento a agentes federales.
Las organizaciones recordaron que al frente de la PGR, el funcionario interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Peor aún, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su gestión fue la que “más recomendaciones recibió por parte de dicho organismo público de derechos humanos, en comparación con sus antecesores”.
Tras señalar que “Medina Mora dejó la PGR en medio del caos desatado por la llamada guerra contra la delincuencia impulsada en el sexenio de Felipe Calderón”, los activistas de derechos humanos retomaron también su pasado ligado “al sector empresarial y corporativo”, como director adjunto y corporativo de Planeación Estratégica de Grupo Desc SA de CV –hoy grupo Kuo–, dedicada a la industria farmacéutica, petroquímica y química.
“En el contexto de la puesta en marcha de la reforma energética y frente al creciente descontento de un amplio sector de la población que ve en los tribunales federales un medio para impugnar la reforma y sus consecuencias, resulta preocupante que sea postulado como ministro alguien que en algún momento ha tenido intereses en el ramo de la industria petroquímica, siendo que al máximo tribunal le corresponderá, con toda seguridad la resolución de casos que tienen que ver con la aplicación de dicha reforma”, advirtieron las organizaciones en su comunicado.
Y no fue todo, en su opinión el exprocurador no cumple con uno de los requisitos para ser ministro de la SCJN, marcados por el artículo 95 fracción V de la Constitución federal: la obligatoriedad de haber vivido en el territorio nacional los últimos dos años.
Es una “situación que incumple el hoy candidato Medina Mora al residir en el extranjero desde noviembre de 2009, fecha en que fue nombrado como embajador de México en el Reino Unido y posteriormente en los Estados Unidos”, alertaron.
Según su consideración, “la postulación de Medina Mora en la terna de candidatos a ocupar la plaza del ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal”.
Al puntualizar que la trayectoria del embajador es “incompatible con los derechos humanos”, las organizaciones civiles llamaron a los integrantes del Senado de la República a utilizar “como criterio de selección los estándares más altos en materia de derechos humanos”.
El documento lo firmaron Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia, Género y Derechos Humanos; así como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la Montaña Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria, de las Mujeres, Agustín Pro Juárez, Fray Juan de Larios y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
También se sumaron al llamado el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación para el Estado de Derecho, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Casa del Migrante de Saltillo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Documenta y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
Fuente
Ante la integración de Medina Mora en la terna propuesta por el mandatario federal al Senado de la República para designar al nuevo ministro, decenas de agrupaciones civiles de derechos humanos consideraron que de los candidatos Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Horacio Armando Hernández Orozco y Medina Mora, éste último “tiene una trayectoria política que imposibilita que sea un ministro independiente del Poder Ejecutivo y está implicado en diversos casos graves de violaciones a derechos humanos”.
Tras criticar que Peña Nieto no integró a ninguna mujer en su terna, las organizaciones consideraron preocupante que “la lógica detrás de la terna actual deje ver la intencionalidad no de consolidar la independencia de la SCJN sino de avanzar intereses del Poder Ejecutivo dentro de ese órgano garante de la Constitución”, aún cuando se avecinan otros dos procesos de relevo en el máximo tribunal de justicia del país.
En un comunicado, la organizaciones hicieron un breve recuento del pasado de Medina Mora en el ejercicio de cargos públicos durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Con Salinas, recordaron, formó parte del equipo de asesores en la negociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en los temas de agricultura, normas, prácticas desleales de comercio, inversión y reglas de origen.
“Fue partícipe en la estructuración de este instrumento internacional que ha sido sistemáticamente denunciado por organizaciones campesinas por generar condiciones de pobreza e inequidad en el campo mexicano”, acusaron.
Ese antecedente es grave para las organizaciones, toda vez que en tribunales federales se litigan casos “que confrontan la visión privatizadora del campo respaldada por el TLCAN con el derecho a construir un proyecto de desarrollo que sean sustentable y respetuoso de la cultura y los pueblos originarios”, así como temas relacionados con la siembra de transgénicos y las violaciones a derechos humanos cometidas por la minería.
En su paso como secretario de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora fue señalado por violaciones a derechos humanos por casos como el del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, donde participaron 2 mil 500 elementos de la policía estatal y de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP).
De ese operativo, el saldo fue de dos jóvenes asesinados, 207 detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 26 denunciaron tortura sexual y 11 litigan su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro momento de infausta memoria, según los denunciantes, fue el de la represión a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en noviembre de 2006, a cargo de la PFP de Medina Mora.
En el sexenio de Felipe Calderón, como procurador general de la República, Medina Mora se declaró incompetente para conocer las denuncias de las mujeres de Atenco, a pesar del señalamiento a agentes federales.
Las organizaciones recordaron que al frente de la PGR, el funcionario interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Peor aún, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su gestión fue la que “más recomendaciones recibió por parte de dicho organismo público de derechos humanos, en comparación con sus antecesores”.
Tras señalar que “Medina Mora dejó la PGR en medio del caos desatado por la llamada guerra contra la delincuencia impulsada en el sexenio de Felipe Calderón”, los activistas de derechos humanos retomaron también su pasado ligado “al sector empresarial y corporativo”, como director adjunto y corporativo de Planeación Estratégica de Grupo Desc SA de CV –hoy grupo Kuo–, dedicada a la industria farmacéutica, petroquímica y química.
“En el contexto de la puesta en marcha de la reforma energética y frente al creciente descontento de un amplio sector de la población que ve en los tribunales federales un medio para impugnar la reforma y sus consecuencias, resulta preocupante que sea postulado como ministro alguien que en algún momento ha tenido intereses en el ramo de la industria petroquímica, siendo que al máximo tribunal le corresponderá, con toda seguridad la resolución de casos que tienen que ver con la aplicación de dicha reforma”, advirtieron las organizaciones en su comunicado.
Y no fue todo, en su opinión el exprocurador no cumple con uno de los requisitos para ser ministro de la SCJN, marcados por el artículo 95 fracción V de la Constitución federal: la obligatoriedad de haber vivido en el territorio nacional los últimos dos años.
Es una “situación que incumple el hoy candidato Medina Mora al residir en el extranjero desde noviembre de 2009, fecha en que fue nombrado como embajador de México en el Reino Unido y posteriormente en los Estados Unidos”, alertaron.
Según su consideración, “la postulación de Medina Mora en la terna de candidatos a ocupar la plaza del ministro de la SCJN evidencia un profundo desprecio a los derechos humanos por parte de la Presidencia de la República, quien parecería impulsar un perfil policiaco y protector de los intereses corporativos al interior del máximo tribunal”.
Al puntualizar que la trayectoria del embajador es “incompatible con los derechos humanos”, las organizaciones civiles llamaron a los integrantes del Senado de la República a utilizar “como criterio de selección los estándares más altos en materia de derechos humanos”.
El documento lo firmaron Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Asociadas por lo Justo, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia, Género y Derechos Humanos; así como los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la Montaña Tlachinollan, Fray Francisco de Vitoria, de las Mujeres, Agustín Pro Juárez, Fray Juan de Larios y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.
También se sumaron al llamado el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Fundación para el Estado de Derecho, Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Casa del Migrante de Saltillo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Documenta y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
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