‘‘Es un robo desvergonzado’’, advierte el diputado perredista Alonso Raya

Enrique Méndez

 

Periódico La Jornada
Lunes 9 de marzo de 2015, p. 3

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados anunció una movilización para mañana martes en defensa del agua y contra el dictamen de la Ley General de Aguas, que facilita la entrega de ese recurso a la iniciativa privada.

La propuesta, que se discutirá mañana en el pleno, ‘‘es un robo desvergonzado a la nación y los mexicanos, pues sin más deja en manos de particulares la explotación, uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país y anula en los hechos el derecho humano al agua’’, dijo el coordinador del sol azteca en San Lázaro, Miguel Alonso Raya.
En contraste, Manlio Fabio Beltrones, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que la ley no entrega el agua a las empresas, sino permite ‘‘que el capital privado se sume a las inversiones públicas y actualiza el régimen de concesiones, permisos, tarifas y sanciones’’.
Para Beltrones Rivera, la ley ‘‘une los esfuerzos de gobierno y sociedad, lo que de ninguna manera significa privatizar el agua’’. Sin embargo, Alonso Raya expuso que la ley da continuidad a la política de otras reformas, de entregar los bienes nacionales a empresas nacionales y extranjeras.
Constituye ‘‘una transgresión a la misma Constitución, pues nulifica el derecho humano al agua para permitir su acaparamiento por agentes privados, a los que se fortalece la posibilidad de traficar con los títulos de concesión, incluso en zonas de baja disponibilidad del recurso’’, cuestionó el legislador perredista.
Dijo que una de las formas de acaparamiento que permite la ley –impulsada por la Comisión Nacional del Agua– son los trasvases, así como el uso o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra por agentes privados. ‘‘Esto permitirá sobrexplotar el agua del país mediante concesiones de 30 años o prórrogas de hasta 60, con lo cual prácticamente se les regalan los recursos hídricos para comercializarlos y especular con su precio indefinidamente’’, abundó.

Las concesiones, señaló, se otorgarán sin importar la alteración en los ciclos hidrológicos y biológicos de las cuencas y acuíferos, ni la afectación a los ecosistemas y la sustentabilidad para el ser humano, y vela únicamente por los intereses de particulares, pero deja de lado los costos económicos, sociales y ambientales.
‘‘Quienes pretendan, por ejemplo, explotar el gas de lutitas con la cuestionada práctica del fracking, podrán usar agua incluso de otras cuencas, sin importar los perjuicios que en todos los órdenes ocasionarían tanto a la cuenca de la cual extraen el líquido, como en la que apliquen esta técnica’’, sostuvo.
Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez Camacho (PRD) expuso que no se puede dar un uso mercantil al agua y anunció una serie de movilizaciones en Morelos, el Distrito Federal y una defensa jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
‘‘No vamos a quedarnos con los brazos cruzados ante este nuevo atraco a la nación. Al gobierno priísta no le bastó con privatizar el petróleo; ahora entrega el agua’’, lamentó.

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