Preocupa a AI rechazo del gobierno de Peña a observaciones sobre tortura
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El cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Villa de Miltla, Oaxaca. Foto: Taurino López |
MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) manifestó
su preocupación por el rechazo de México a las observaciones del relator
especial contra la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez.
Eso, apuntó, responde a un “patrón” desarrollado por el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a organismos internacionales.
Desde Ginebra, Suiza, donde se dio a conocer el informe de Méndez respecto de la visita que realizó el año pasado al país, la directora para las Américas de AI, Ericka Guevara Rosas, recordó que hace unas semanas el gobierno de Peña Nieto reaccionó de manera similar cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dio a conocer el informe sobre México.
“Para nosotros es de gran preocupación, (porque) por lo menos en las últimas semanas vemos el patrón de no aceptación a algunas de las precisiones de los mecanismos de Naciones Unidas para la protección y defensa de derechos humanos sobre la situación de México (…) Nuevamente el gobierno de Peña Nieto asume un papel defensivo frente al no reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos”, comentó Guevara Rosas.
A través de una videoconferencia la defensora lamentó que “el discurso oficial no está reflejado en la realidad”, y durante años el Estado mexicano, agregó, ha sostenido internacionalmente una “retórica de respeto y defensa de derechos humanos, pero hasta el día de hoy no se ha convertido en una realidad”.
Al señalar que AI coincide con las apreciaciones de Juan Méndez, en el sentido de que la tortura es “generalizada”, toda vez que se han documentado varios casos de tortura, consideró poco serio el argumento del gobierno federal cuando consideró que 14 casos analizados por el relator especial no reflejarían la generalización del problema.
“La generalización que se da no es por los números de casos que hasta hoy son denunciados, porque hay muchos que no se denuncian, dado los niveles de impunidad. Hoy en día no se tienen estadísticas y ese es uno de los problemas principales”, apuntó Guevara Rosas.
Luego de invitar al gobierno de Peña a que acepte las recomendaciones del relator para generar condiciones de respeto a los derechos humanos, la defensora recordó que el año pasado Amnistía Internacional hizo una encuesta en México en la que se observó que “un gran porcentaje (de la población) siente temor de ser detenida, precisamente por el miedo a ser torturado o recibir malos tratos durante la detención (por parte) de aquellas fuerzas de seguridad”.
Por su parte, Perseo Quiroz, director de AI para México, destacó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “la cifra negra del delito en México es de 93.8%, por lo que hay un universo de casos de tortura que no están denunciados, evidentemente, por el temor de las víctimas a interponer esas denuncias y también porque muchas no confían en las autoridades para poder formular las denuncias”.
Madeleine Penman, investigadora de la organización internacional para México, puntualizó que el hecho de que el relator hiciera referencia a 14 casos “no quiere decir que no tenga información de muchísimos más. No quiere decir que no fue testigo de muchísimos relatos de tortura en ese contexto de su visita y que pudo apreciar que la tortura es generalizada en México”, agregó.
Según la investigadora, es innegable que en el país persiste la “tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener. De lo que hemos visto, la tortura toma lugar en el momento de la detención y hay una serie de demoras, (de manera) que la persona y la víctima no es llevada ante una autoridad judicial inmediatamente, lo cual hace más tardío detectar la tortura con médicos forenses imparciales e independientes”.
Para Liliana Souza, especialista independiente en la detección de la tortura a través del Protocolo de Estambul, sostuvo que siendo la Procuraduría General de la República (PGR) la dependencia responsable de sancionar este tipo de casos, “no inicia procedimientos por ese delito, y cuando los peritos de la PGR hacen los exámenes, criminaliza a las víctimas y orienta el análisis a desmentirlas”.
Lamentó que en materia de procesamiento de perpetradores, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tampoco está documentando de manera adecuada los hechos de tortura”.
En septiembre de 2014, la organización presentó el informe “Fuera de Control: La tortura y malos tratos en México”, y recientemente acompañó los casos del migrante hondureño Ángel Colón Quevedo y la veracruzana Claudia Medina Tamariz, ambos torturados por integrantes de fuerzas armadas para declararse culpables de delitos contra la salud y portación de armas.
Fuente
Eso, apuntó, responde a un “patrón” desarrollado por el gobierno de Enrique Peña Nieto frente a organismos internacionales.
Desde Ginebra, Suiza, donde se dio a conocer el informe de Méndez respecto de la visita que realizó el año pasado al país, la directora para las Américas de AI, Ericka Guevara Rosas, recordó que hace unas semanas el gobierno de Peña Nieto reaccionó de manera similar cuando el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU dio a conocer el informe sobre México.
“Para nosotros es de gran preocupación, (porque) por lo menos en las últimas semanas vemos el patrón de no aceptación a algunas de las precisiones de los mecanismos de Naciones Unidas para la protección y defensa de derechos humanos sobre la situación de México (…) Nuevamente el gobierno de Peña Nieto asume un papel defensivo frente al no reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos”, comentó Guevara Rosas.
A través de una videoconferencia la defensora lamentó que “el discurso oficial no está reflejado en la realidad”, y durante años el Estado mexicano, agregó, ha sostenido internacionalmente una “retórica de respeto y defensa de derechos humanos, pero hasta el día de hoy no se ha convertido en una realidad”.
Al señalar que AI coincide con las apreciaciones de Juan Méndez, en el sentido de que la tortura es “generalizada”, toda vez que se han documentado varios casos de tortura, consideró poco serio el argumento del gobierno federal cuando consideró que 14 casos analizados por el relator especial no reflejarían la generalización del problema.
“La generalización que se da no es por los números de casos que hasta hoy son denunciados, porque hay muchos que no se denuncian, dado los niveles de impunidad. Hoy en día no se tienen estadísticas y ese es uno de los problemas principales”, apuntó Guevara Rosas.
Luego de invitar al gobierno de Peña a que acepte las recomendaciones del relator para generar condiciones de respeto a los derechos humanos, la defensora recordó que el año pasado Amnistía Internacional hizo una encuesta en México en la que se observó que “un gran porcentaje (de la población) siente temor de ser detenida, precisamente por el miedo a ser torturado o recibir malos tratos durante la detención (por parte) de aquellas fuerzas de seguridad”.
Por su parte, Perseo Quiroz, director de AI para México, destacó que de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “la cifra negra del delito en México es de 93.8%, por lo que hay un universo de casos de tortura que no están denunciados, evidentemente, por el temor de las víctimas a interponer esas denuncias y también porque muchas no confían en las autoridades para poder formular las denuncias”.
Madeleine Penman, investigadora de la organización internacional para México, puntualizó que el hecho de que el relator hiciera referencia a 14 casos “no quiere decir que no tenga información de muchísimos más. No quiere decir que no fue testigo de muchísimos relatos de tortura en ese contexto de su visita y que pudo apreciar que la tortura es generalizada en México”, agregó.
Según la investigadora, es innegable que en el país persiste la “tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener. De lo que hemos visto, la tortura toma lugar en el momento de la detención y hay una serie de demoras, (de manera) que la persona y la víctima no es llevada ante una autoridad judicial inmediatamente, lo cual hace más tardío detectar la tortura con médicos forenses imparciales e independientes”.
Para Liliana Souza, especialista independiente en la detección de la tortura a través del Protocolo de Estambul, sostuvo que siendo la Procuraduría General de la República (PGR) la dependencia responsable de sancionar este tipo de casos, “no inicia procedimientos por ese delito, y cuando los peritos de la PGR hacen los exámenes, criminaliza a las víctimas y orienta el análisis a desmentirlas”.
Lamentó que en materia de procesamiento de perpetradores, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tampoco está documentando de manera adecuada los hechos de tortura”.
En septiembre de 2014, la organización presentó el informe “Fuera de Control: La tortura y malos tratos en México”, y recientemente acompañó los casos del migrante hondureño Ángel Colón Quevedo y la veracruzana Claudia Medina Tamariz, ambos torturados por integrantes de fuerzas armadas para declararse culpables de delitos contra la salud y portación de armas.
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