Ley de Aguas de Peña confirma el rostro autoritario del PRI: Aleida Alavez
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La diputada federal perredista Aleida Alavez Ruiz. Foto: Eduardo Miranda |
MÉXICO, D.F. (apro).- México enfrenta una grave crisis
gubernamental, un Estado fallido, pero si el gobierno impone la Ley
General de Aguas, se confirmará el regreso del Estado autoritario, el
verdadero rostro del PRI, afirmó la diputada federal perredista Aleida
Alavez Ruiz.
La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados consideró que se equivocaron quienes pensaban que “la joya de la corona” era la reforma energética pues ahora van por el agua aunque con ello violen un derecho humano.
Tras su participación en una mesa denominada: En defensa del agua convocada por el pintor Francisco Toledo, el Patronato Pro Defensa y Protección del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (ProOax) y autoridades comunales, Alavez añadió que con esta ley que se pretende imponer “nos encaminamos a una total omisión del Estado, de atropellar una garantía fundamental”.
“Creo que hay otros derechos de los cuales hemos prescindido, pero éste no, este es un derecho imprescindible (y) que el Estado se haga a un lado y no determine en esta ley cómo va a garantizar el acceso al agua es algo que nos preocupa porque se está dejando a los concesionarios que hagan de la política hídrica lo que más les convenga bajo tutela o anuencia de la Conagua”, puntualizó.
La diputada federal consideró que hay una actitud muy “tramposa” por parte del gobierno porque hay un apartado sobre el sistema de tarifas con el que pretenden que los municipios o los organismos operadores estatales se sujeten a un convenio de adhesión para que puedan ser acreedores de recursos públicos.
Sin embargo, explicó, si los municipios u organismos operadores de cada entidad firman un convenio con Conagua, ellos les dirán qué tienen que hacer para que tengan acceso a recursos federales. “Esa es la parte más tramposa de una redacción desafortunada que nos imponen en un dictamen pasado de noche”, abundó.
Además, dijo, se está criminalizando la investigación porque quienes la llevan a cabo deben pedir una autorización o de lo contrario los multan con hasta 50 mil salarios mínimos.
Los académicos han mostrado su desacuerdo con los trasvases (desviaciones) para la expoliación (sustracción) del agua y para llevarla de una cuenca a otra con megaproyectos de acueductos que nada tiene que ver con un ciclo natural.
Hay experiencias mundiales, afirman, donde hay más desplazados por trasvases que por guerras.
“Estamos en una condición de imposición de política hídrica que nos llevará a toda una confrontación de la zona rural y urbana hasta estos megaproyectos que Conagua intenta autorizar para las inversiones”, vaticinó la diputada perredista.
Según Alavez Ruiz, desde que la gestión del agua está en manos privadas, en Puebla las tarifas han aumentado hasta 400%.
En Aguascalientes, manifestó, todo el proceso está en manos de la empresa española Aguas de Barcelona, asociada con firmas mexicanas. En el Distrito Federal “partes del proceso” las tiene la empresa Suez.
“La tendencia en México es entregar todo a los privados mientras en el mundo se va a la inversa, pues este modelo no funcionó”, puntualizó la legisladora que utilizó como ejemplo Berlín y París, donde luego de 25 años regresó el servicio a los ayuntamientos, pues las empresas no cumplieron con invertir en infraestructura pero sí aumentaron las tarifas.
Hay desinformación, no privatización: Anaya
En contraparte el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, afirmó que “no hay privatización y sí desinformación” sobre la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales promovida por el presidente Enrique Peña Nieto.
“El Partido Acción Nacional bajo ninguna circunstancia se prestaría a una iniciativa privatizadora y sí observamos una campaña de desinformación”, señaló.
De visita en Sonora para presenciar el arranque de campaña a la gubernatura de Javier Gándara, el líder panista en San Lázaro dijo que con la llamada “Ley Korenfeld” el artículo 27 constitucional se conserva intacto.
“El agua sigue siendo de la nación, el Estado mexicano el que otorga concesiones y esto, se conservará así”, subrayó.
Sin embargo, en los análisis practicados a esta iniciativa se prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”.
Contrario a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, publicado el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”.
No sólo eso: Legisladores federales y especialistas coinciden en que esta iniciativa, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador” porque de aprobarse dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales.
Los especialistas advierten un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico debido a que en la “Ley Korenfeld” se promueve aún más la participación de la iniciativa privada, misma que “cobraría sus costos de extracción y traslado”.
Fuente
La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados consideró que se equivocaron quienes pensaban que “la joya de la corona” era la reforma energética pues ahora van por el agua aunque con ello violen un derecho humano.
Tras su participación en una mesa denominada: En defensa del agua convocada por el pintor Francisco Toledo, el Patronato Pro Defensa y Protección del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (ProOax) y autoridades comunales, Alavez añadió que con esta ley que se pretende imponer “nos encaminamos a una total omisión del Estado, de atropellar una garantía fundamental”.
“Creo que hay otros derechos de los cuales hemos prescindido, pero éste no, este es un derecho imprescindible (y) que el Estado se haga a un lado y no determine en esta ley cómo va a garantizar el acceso al agua es algo que nos preocupa porque se está dejando a los concesionarios que hagan de la política hídrica lo que más les convenga bajo tutela o anuencia de la Conagua”, puntualizó.
La diputada federal consideró que hay una actitud muy “tramposa” por parte del gobierno porque hay un apartado sobre el sistema de tarifas con el que pretenden que los municipios o los organismos operadores estatales se sujeten a un convenio de adhesión para que puedan ser acreedores de recursos públicos.
Sin embargo, explicó, si los municipios u organismos operadores de cada entidad firman un convenio con Conagua, ellos les dirán qué tienen que hacer para que tengan acceso a recursos federales. “Esa es la parte más tramposa de una redacción desafortunada que nos imponen en un dictamen pasado de noche”, abundó.
Además, dijo, se está criminalizando la investigación porque quienes la llevan a cabo deben pedir una autorización o de lo contrario los multan con hasta 50 mil salarios mínimos.
Los académicos han mostrado su desacuerdo con los trasvases (desviaciones) para la expoliación (sustracción) del agua y para llevarla de una cuenca a otra con megaproyectos de acueductos que nada tiene que ver con un ciclo natural.
Hay experiencias mundiales, afirman, donde hay más desplazados por trasvases que por guerras.
“Estamos en una condición de imposición de política hídrica que nos llevará a toda una confrontación de la zona rural y urbana hasta estos megaproyectos que Conagua intenta autorizar para las inversiones”, vaticinó la diputada perredista.
Según Alavez Ruiz, desde que la gestión del agua está en manos privadas, en Puebla las tarifas han aumentado hasta 400%.
En Aguascalientes, manifestó, todo el proceso está en manos de la empresa española Aguas de Barcelona, asociada con firmas mexicanas. En el Distrito Federal “partes del proceso” las tiene la empresa Suez.
“La tendencia en México es entregar todo a los privados mientras en el mundo se va a la inversa, pues este modelo no funcionó”, puntualizó la legisladora que utilizó como ejemplo Berlín y París, donde luego de 25 años regresó el servicio a los ayuntamientos, pues las empresas no cumplieron con invertir en infraestructura pero sí aumentaron las tarifas.
Hay desinformación, no privatización: Anaya
En contraparte el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, afirmó que “no hay privatización y sí desinformación” sobre la iniciativa de Ley General de Aguas Nacionales promovida por el presidente Enrique Peña Nieto.
“El Partido Acción Nacional bajo ninguna circunstancia se prestaría a una iniciativa privatizadora y sí observamos una campaña de desinformación”, señaló.
De visita en Sonora para presenciar el arranque de campaña a la gubernatura de Javier Gándara, el líder panista en San Lázaro dijo que con la llamada “Ley Korenfeld” el artículo 27 constitucional se conserva intacto.
“El agua sigue siendo de la nación, el Estado mexicano el que otorga concesiones y esto, se conservará así”, subrayó.
Sin embargo, en los análisis practicados a esta iniciativa se prevé “suspender o restringir la prestación de los servicios púbicos de agua potable”.
Contrario a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, publicado el 8 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación:
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”.
No sólo eso: Legisladores federales y especialistas coinciden en que esta iniciativa, cuya última versión llegó a la Cámara de Diputados el pasado 11 de febrero, tiene un tufo “privatizador” porque de aprobarse dejaría en desventaja al Estado ante posibles demandas futuras de empresas extranjeras ante tribunales internacionales.
Los especialistas advierten un aumento en las tarifas de agua para uso doméstico debido a que en la “Ley Korenfeld” se promueve aún más la participación de la iniciativa privada, misma que “cobraría sus costos de extracción y traslado”.
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