Gobierno de Javier Duarte espió a activistas que eran “amenazas” para elecciones
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Estudiantes de la Universidad Veracruzana protestan en Xalapa. Foto: Rubén Espinosa |
El reporte, al que tuvo acceso el portal electrónico Animal Político, identifica a una veintena de estudiantes, maestros de la CNTE y activistas a los que el gobierno de César Duarte de Ochoa catalogó como potenciales amenazas para los comicios, e incluso los tildó de “anarquistas”.
El martes 2, el corresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, anticipó en una nota titulada “PRI y Duarte detrás de incendios en INE y Sedesol, acusa oposición”, detalles sobre este informe “presuntamente elaborado por la SSP y la Secretaría de Gobierno, el cual contiene un listado de activistas, ambientalistas, líderes de izquierda y alcaldes de oposición, quienes son considerados por la administración de Duarte como ‘opositores’ al gobierno y ‘blancos’ de movilizaciones para inhibir el voto hacia el PRI el próximo domingo 7” (http://www.proceso.com.mx/?p=406150).
En esta ocasión, el documento incluye en la mayoría de los casos, nombre y fotografía de los señalados, el motivo por el que se les considera de interés, sea por su participación en “actos vandálicos” o por ser promotores del abstencionismo, a qué grupo o institución pertenecen y su relación con otras personas o grupos.
En ella aparecen los logotipos del gobierno de Veracruz y la SSP estatal. En la primera parte describen las condiciones de seguridad en el marco de los comicios en el estado y recoge datos de la prensa sobre ataques contra candidatos en el país.
La segunda parte es la que incluye el listado de 20 personas que el gobierno creía que, por distintas razones, podían intentar boicotear la elección en el estado. Hace énfasis en los líderes estudiantiles a quienes se refiere como “anarquistas”.
Los primeros en la lista son Julián Fernando Ramírez Olivares, Canek, estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana (UV) y Bitari Genaro Martínez Romero, de la Facultad de Filosofía de la misma casa de estudios.
Al primero la SSP le atribuye agresiones con petardos y proyectiles, pintas y arengas en bloqueos y encabezar un grupo de entre 50 y 100 activistas de quienes no se aporta mayor información. También se le señala por “tener vínculos con activistas de izquierda”.
La lista incluye a seis personas más de las que no se proporcionan fotografías. Entre ellas personas está Juan González Garrido, consejero local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz (INEV).
Los otros cinco activistas, supuestamente vinculados con Canek, señalados en el listado son: Guillermo Rodríguez Curiel quien preside una ONG ambientalista llamada “Lavida”; Guillermo Rodríguez Curiel, excatedrático de la Facultad de Biología de la UV e integrante de “Lavida”; el investigador Alejandro José Saldaña Rosas, la defensora de derechos humanos Mayra Ledesma Arronte, así como René Cancino Burfasson y Arturo Hinojosa Loya.
A Bitari Genaro la SSP le atribuye pintas en edificios públicos y quema de propaganda política del PRI, así como su cercanía con Canek.
Otros alumnos señalados son: Andrea Franco López, de la Facultad de Comunicación y miembro de la asamblea libre estudiantil de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, e isidro González Valerio, quien preside la Confederación de Estudiantes y Jóvenes del Estado de Veracruz (CEJEV).
Además de tildarlos de “anarquistas”, se les señala como participantes activos en marchas y plantones.
La Policía estatal también identifica en el informe a presuntos “instigadores del abstencionismo” y de todos ellos tiene fotografías.
En ese rubro están Víctor Moreno Bolaños y Sandra Romero Agustín, a quienes señaló como integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizadores activos de manifestaciones, marchas y plantones.
Sin proporcionar más detalles, el informe señala que Romero Agustín “se ha hecho acompañar de profesores de estados como Oaxaca y Michoacán”.
También se menciona a María Carolina Eugenio Aragón, exdiputada federal por el Distrito XII de Movimiento Ciudadano, y que según la policía es “activista del Comité de Lucha Magisterial de Veracruz afiliado al CNTE”, así como participante en manifestaciones, marchas y plantones.
Por los mismos motivos aparecen en la lista Ramón Tepole González y su vocero Zenyazen Roberto Escobar García.
Luego se menciona a dos ejidatarios: Pascual Lorenzo Ruiz e Inocencio Bautista Luis, señalados como “incitadores” de bloqueos y toma de instalaciones para presionar el cumplimiento de sus demandas.
Finalmente, la lista es completada con cuatro personas que el gobierno de Duarte presume están vinculadas con “grupos partidistas y organizaciones con móviles políticos”: Bonifacio Aguilar Linda alcalde de Soledad; Rafael Carvajal Rosado, representante del PT ante el consejo local del INE en Veracruz; y Gerónimo Zárate Rodríguez y Carlos Manuel Sosa, integrantes de la Coordinación Nacional Obrero Popular.
Activistas denunciaron públicamente la existencia de ese reporte tras el ataque que sufrieron ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana dos días antes de los comicios, por un comando de personas encapuchadas y armadas.
Con bates de beisbol, palos con clavos y bastones retractiles, los encapuchados destrozaron ventanas de la casa donde los estudiantes festejaban el cumpleaños de uno de ellos. Luego ingresaron al sitio y los golpearon.
Sin embargo, para los estudiantes lo más grave fue la actuación de los policías estatales que tras el ataque llegaron junto con personas que se hicieron pasar por representantes de Derechos Humanos con la complicidad de los agentes.
Según su versión, sólo les tomaron fotografías y los interrogaron sobre si eran estudiantes y nunca llamaron una ambulancia.
Ignacio, uno de los estudiantes atacados el 5 de junio, tiene 15 heridas en el cuerpo que requirieron puntos de sutura, y fracturas en su mano izquierda producto de los golpes que por cinco minutos le dieron con un bate y un palo con clavos.
Para el estudiante de 22 años no hay duda de que en el ataque que sufrieron él y siete de sus compañeros existe responsabilidad por acción u omisión del gobierno de Javier Duarte por el activismo de los grupos con los que colaboran.
“Aquí en este estado se da eso, cualquier persona que intenta solidarizarse con los que resisten y una resistencia por demás justa pues empiezan a criminalizarla (…) se desvirtúan esas luchas para hacer pensar a la sociedad en general que activistas y ambientalistas y personas en general que no están de acuerdo con algo son criminales”, dijo en entrevista con Animal Político.
El pasado jueves 18 los estudiantes atacados sostuvieron una reunión con Luis Fernando Perera Escamilla, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien les confirmó que abrió un expediente de queja por la agresión que sufrieron y el posible involucramiento de autoridades del estado.
Posteriormente se reunieron con el fiscal del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien según las fuentes consultadas por Animal Político, les aseguró que las indagatorias están en marcha y que todas las líneas están abiertas, incluida una posible participación de autoridades en el ataque.
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