Exigen indagar a “cadena de mando” militar en casos Calera y Ostula
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Despiden a menor muerto durante un enfrentamiento entre civiles y militares en Michoacán. Foto: Xinhua / Armando Solís |
A unas semanas de que presentara el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, en el que se revela que el oficial al mando responsable de esos hechos –en los que murieron 22 personas– llevaba la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, Patrón Sánchez evaluó que las recientes acciones en las que militares presuntamente participaron en la desaparición y ejecución de siete personas en Zacatecas, así como en los disparos indiscriminados a población civil en Michoacán, es “consecuencia de que no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay investigaciones a fondo que aseguren que estos actos no se vuelvan a repetir”.
El defensor coincidió con la posición del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, Christof Heynes, quien en su reporte sobre la situación de México consideró que “un modelo de seguridad de corte militarizada genera una propensión y un riesgo constante a violaciones graves a derechos humanos”, lo cual, consideró Patrón, se incrementa “más aún si hay órdenes como ‘abatir’ que sean incentivos para que se cometan ejecuciones extrajudiciales”.
Luego agregó que después de los últimos casos de abusos a manos del Ejército Mexicano, “cobran mayor vigencia” las recomendaciones de crear comisiones independientes de expertos para investigar esos asuntos.
También sostuvo que casos como los de Tlatlaya, Calera y Ostula obligan a la implementación de investigaciones de fondo “con base en los paradigmas internacionales”.
Mario Patrón apuntó: “El gobierno tuvo la oportunidad en Tlatlaya, y después de un año podemos constatar que no ha asegurado investigaciones a fondo y la pregunta es ¿por qué sí lo va a hacer en Calera o en Ostula?”.
En una primera revisión de los casos recientes, Patrón Sánchez abundó que en el de Ostula no se sustenta la versión oficial de que los militares “dispararon al aire”, lo cual viola protocolos de uso de la fuerza “que prohíbe incluso los disparos al suelo”, en tanto que en el de Calera los soldados no sólo no pusieron a disposición del MP a personas presumiblemente vinculadas con el crimen organizado, “sino que aparecen sus cuerpos sin vida”.
Ante tales escenarios, el director del Centro Prodh insistió en que se comprueba una vez más que “el Ejército no está capacitado para hacer tareas de seguridad, sino para eliminar al enemigo, esa es su vocación y estos casos pueden dar cuenta de ello”.
Patrón Sánchez sostuvo que para evitar repetición es indispensable que haya definiciones claras del papel de las fuerzas armadas en el modelo de seguridad, ante “un contexto en el que no hay un Estado de excepción, de guerra o de conflicto armado interno, los delincuentes forman parte de la población civil, la pregunta es en su definición ¿quiénes son los delincuentes?”.
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