Caso Ayotzinapa: Entregarán bitácoras de vuelos de septiembre de 2014
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| Enrique Galindo, Comisionado General de la Policía Federal. Foto: Miguel Dimayuga |
México,
DF (apro).- El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y el
comisionado de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo, entregarán a
los diputados de la comisión especial de Ayotzinapa las bitácoras de
vuelo del mes de septiembre de 2014, pues los legisladores no descartan
la hipótesis de que los jóvenes hayan sido arrojados al mar.
Al entrevistarse con los integrantes de la comisión, tanto Sales como Galindo relataron los motivos por los cuales la PF no intervino en los hechos, e insistieron en que los agentes federales no participaron en la desaparición de los normalistas.
A pesar de ser un punto de trasiego de la goma de opio, la ciudad de Iguala nunca fue prioridad para la PF en septiembre de 2014, por ello sólo movilizó seis elementos la noche en que estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y otros desaparecidos, sostuvo Galindo.
Durante el encuentro el comisionado Renato Sales se comprometió a entregar las bitácoras de los vuelos, pues la diputada del PRD, Cristina Gaytán, señaló que no podían descartar la hipótesis de que los jóvenes hubieran sido arrojados al mar desde aviones o helicópteros.
En su relato, Galindo sostuvo que él se enteró de los acontecimientos entre las 22:30 y once de la noche, pues ellos no tenían integrantes en el C-4 de Iguala.
Ante los cuestionamientos de las legisladores, en especial la presidenta y miembro del PAN, Guadalupe Murguía; Aracely Damián, de Morena, y la perredista Cristina Gaytán, quienes recordaron a Galindo que desde las siete de la noche se supo que uno de los camiones pasó por la caseta en donde había dos elementos de la PF, acerca de diferentes señalamientos de que sí participaron en los hechos, el comisionado respondió que sólo “eran versiones”, pero que “no hay un solo indicio que muestre su participación”.
El comisionado de la PF reiteró que sus elementos acudieron a auxiliar a los jóvenes del equipo de futbol Los Avispones, y hasta ese momento no sabían de otros ataques en la ciudad de Iguala.
También insistió en que no pudieron enterarse antes porque ellos no tenían en ese momento gente en el C-4 de Iguala, aunque sí en el de Acapulco. Lo anterior, añadió, porque Iguala era considerada la ciudad más tranquila de la entidad, donde “no pasaba nada”.
Algunas legisladoras cuestionaron esas declaraciones, pues le recordaron al funcionario federal que Iguala es una zona de trasiego de la droga que se siembra en la sierra guerrerense. En ese momento, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aprovechó para comentar sobre las versiones del quinto camión y la posibilidad de que estuviera “cargado” de estupefacientes.
Como se recordará, el 6 de septiembre pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH destacó la versión de que los jóvenes hubieran “tomado” por error un camión cargado de droga, lo que habría motivo la saña del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Al respecto, Sales comentó que ninguno de esos camiones “llegaba hasta la frontera”, con lo que cuestionó la hipótesis del GIEI. Aunque lo que no estableció el comisionado de Seguridad Nacional es que la versión completa es que alguno de esos camiones llevaba la droga y se trasladaba a otro camión en otro punto del país, y luego a otro, así hasta llegar a la frontera.
La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, insistió en recibir una explicación válida que pudiera justificar la no intervención de la PF, a lo que el comisionado Enrique Galindo respondió que se trataba de “delitos del fuero común”, por lo que no había motivo para su participación.
La legisladora panista se molestó con la respuesta, por lo que aclaró al funcionario que al haber armas de alto calibre, de uso exclusivo del Ejército, ya había un delito federal que perseguir, y ellos sí debieron haber intervenido en auxilio de los estudiantes.
Galindo dijo en su defensa que en ese momento “los infractores, quienes se robaban los camiones, eran los estudiantes; además de que la policía local les decía que no pasaba nada”.
Al igual que los representantes del Ejército, como el titular de Derechos Humanos de las fuerzas armadas, la PGR, el Cisen y la propia Segob, el encargado de la PF se escudó en lo que les reportaba la policía local. Por tanto también habrían sido “engañados” por la corporación de Iguala, pues –justificó—“nosotros le creímos a la policía”.
En el mismo tenor que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Galindo dijo que “qué bueno que no le ayudamos a la policía, porque hubiéramos estado obligados a apoyarlos a ellos”.
Luego contó que su participación inició el 5 de octubre, debido a que la Secretaría de Gobernación les demandó un plan de búsqueda de los jóvenes; que se reunieron con los padres de los 43 jóvenes el 11 de ese mes, pero que hoy, en esta segunda etapa de localización, ya no han podido mantener contacto con todos los padres, pues éstos se niegan a proporcionar información sobre amigos de sus hijos.
Tanto Renato Sales como Galindo Ceballos se comprometieron a entregar los registros de las llamadas de celular realizadas entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como las bitácoras de vuelos.
El encuentro entre funcionarios y diputados fue privado y asistieron a él la presidenta Guadalupe Murguía; Víctor Silva, del PRI; Roberto Guzmán, de PRD; Cristina Gaytán, PRD, y Araceli Damián, de Morena.
Fuente
Al entrevistarse con los integrantes de la comisión, tanto Sales como Galindo relataron los motivos por los cuales la PF no intervino en los hechos, e insistieron en que los agentes federales no participaron en la desaparición de los normalistas.
A pesar de ser un punto de trasiego de la goma de opio, la ciudad de Iguala nunca fue prioridad para la PF en septiembre de 2014, por ello sólo movilizó seis elementos la noche en que estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y otros desaparecidos, sostuvo Galindo.
Durante el encuentro el comisionado Renato Sales se comprometió a entregar las bitácoras de los vuelos, pues la diputada del PRD, Cristina Gaytán, señaló que no podían descartar la hipótesis de que los jóvenes hubieran sido arrojados al mar desde aviones o helicópteros.
En su relato, Galindo sostuvo que él se enteró de los acontecimientos entre las 22:30 y once de la noche, pues ellos no tenían integrantes en el C-4 de Iguala.
Ante los cuestionamientos de las legisladores, en especial la presidenta y miembro del PAN, Guadalupe Murguía; Aracely Damián, de Morena, y la perredista Cristina Gaytán, quienes recordaron a Galindo que desde las siete de la noche se supo que uno de los camiones pasó por la caseta en donde había dos elementos de la PF, acerca de diferentes señalamientos de que sí participaron en los hechos, el comisionado respondió que sólo “eran versiones”, pero que “no hay un solo indicio que muestre su participación”.
El comisionado de la PF reiteró que sus elementos acudieron a auxiliar a los jóvenes del equipo de futbol Los Avispones, y hasta ese momento no sabían de otros ataques en la ciudad de Iguala.
También insistió en que no pudieron enterarse antes porque ellos no tenían en ese momento gente en el C-4 de Iguala, aunque sí en el de Acapulco. Lo anterior, añadió, porque Iguala era considerada la ciudad más tranquila de la entidad, donde “no pasaba nada”.
Algunas legisladoras cuestionaron esas declaraciones, pues le recordaron al funcionario federal que Iguala es una zona de trasiego de la droga que se siembra en la sierra guerrerense. En ese momento, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, aprovechó para comentar sobre las versiones del quinto camión y la posibilidad de que estuviera “cargado” de estupefacientes.
Como se recordará, el 6 de septiembre pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH destacó la versión de que los jóvenes hubieran “tomado” por error un camión cargado de droga, lo que habría motivo la saña del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Al respecto, Sales comentó que ninguno de esos camiones “llegaba hasta la frontera”, con lo que cuestionó la hipótesis del GIEI. Aunque lo que no estableció el comisionado de Seguridad Nacional es que la versión completa es que alguno de esos camiones llevaba la droga y se trasladaba a otro camión en otro punto del país, y luego a otro, así hasta llegar a la frontera.
La presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía, insistió en recibir una explicación válida que pudiera justificar la no intervención de la PF, a lo que el comisionado Enrique Galindo respondió que se trataba de “delitos del fuero común”, por lo que no había motivo para su participación.
La legisladora panista se molestó con la respuesta, por lo que aclaró al funcionario que al haber armas de alto calibre, de uso exclusivo del Ejército, ya había un delito federal que perseguir, y ellos sí debieron haber intervenido en auxilio de los estudiantes.
Galindo dijo en su defensa que en ese momento “los infractores, quienes se robaban los camiones, eran los estudiantes; además de que la policía local les decía que no pasaba nada”.
Al igual que los representantes del Ejército, como el titular de Derechos Humanos de las fuerzas armadas, la PGR, el Cisen y la propia Segob, el encargado de la PF se escudó en lo que les reportaba la policía local. Por tanto también habrían sido “engañados” por la corporación de Iguala, pues –justificó—“nosotros le creímos a la policía”.
En el mismo tenor que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, Galindo dijo que “qué bueno que no le ayudamos a la policía, porque hubiéramos estado obligados a apoyarlos a ellos”.
Luego contó que su participación inició el 5 de octubre, debido a que la Secretaría de Gobernación les demandó un plan de búsqueda de los jóvenes; que se reunieron con los padres de los 43 jóvenes el 11 de ese mes, pero que hoy, en esta segunda etapa de localización, ya no han podido mantener contacto con todos los padres, pues éstos se niegan a proporcionar información sobre amigos de sus hijos.
Tanto Renato Sales como Galindo Ceballos se comprometieron a entregar los registros de las llamadas de celular realizadas entre la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como las bitácoras de vuelos.
El encuentro entre funcionarios y diputados fue privado y asistieron a él la presidenta Guadalupe Murguía; Víctor Silva, del PRI; Roberto Guzmán, de PRD; Cristina Gaytán, PRD, y Araceli Damián, de Morena.
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