La quiebra de CFE arrastrará a sus trabajadores
La
“empresa de clase mundial”, que por 12 años mostraron los panistas como
arquetipo de transparencia, bonanza y eficiencia del sector energético,
ahora se encuentra dando sus últimos estertores ante la quiebra de sus
finanzas y el aumento irreversible de sus números rojos que,
año con año, van al alza, debido en buena parte a la corrupción que
desde años se enquistó en la estructura administrativa de sus niveles
directivos y los ineficientes sistemas de operación, sobre todo en la
zona centro del país, donde se han incrementado las pérdidas de energía.
De
2012 hasta mediados de este año, los estados contables de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) arrojaron un saldo negativo de 139 mil 192
millones de pesos, borrando en los hechos el último vestigio de su
“clase mundial”.
A la distancia, es
evidente que los 12 años en el poder del Partido Acción Nacional (PAN)
llevaron a la Comisión Federal de Electricidad a la peor de sus
debacles, y como en su momento lo alertó la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), por su silenciosa privatización que terminó por
colocar a la antes paraestatal, hoy empresa productiva del Estado, de
hinojos ante los intereses de las trasnacionales.
En
2010, y al dar a conocer los resultados de su análisis de la Cuenta
Pública 2009, la ASF alertó con oportunidad y claridad: “En
electricidad, la fiscalización superior tiene un amplio potencial en
temas como la revisión de la capacidad de generación de la CFE, que está
siendo subutilizada, con el aumento de los costos fijos y variables que
ello implica, para permitir que los productores externos de energía
(PEE) exploten y vendan al organismo público la electricidad que
generan. Estos productores no asumen riesgos porque deciden vender a la
CFE la energía que producen a los precios que pactaron en contratos que
se extienden por 25 años y más. Existe un campo a evaluar por parte de
la ASF en materia de licitaciones y permisos a permisionarios privados
como Iberdrola, Électricité de France, Mitsubishi, AES Corporation,
InterGen, TransAlta, entre otros, ya que la Comisión Reguladora de
Energía ha autorizado inversiones y proyectos que están desplazando a
los del servicio público nacional”.
Hoy,
su actual director, Enrique Ochoa Reza, acaba de declarar durante su
participación en la edición 25 de la Cumbre México, organizada por la
revista The Economist, que el futuro de la empresa “descansa en
reducir los pasivos laborales”, negándose a aceptar en un claro
contrasentido lo que está por venir; es decir, los despidos masivos. De
acuerdo con Ochoa, los pasivos de la CFE en este rubro ascienden, hasta
2015, a 591 mil millones de pesos.
La velada advertencia del funcionario sobre el colapso que espera a la CFE es parte de otra cortina de humo
por donde nuevamente se escabullirán los panistas responsables del
multimillonario quebranto a la empresa, que ahora tiene en la cuerda floja no sólo la estabilidad laboral de miles de trabajadores afiliados al charro
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana
(SUTERM), sino de paso a su régimen de jubilaciones, que pretende ser
llevado sin distingo alguno a la imposición de las cuentas individuales.
Así,
con los espejismos de la inexistente jauja hechos añicos, son los
trabajadores y la sociedad quienes terminarán pagando los platos rotos
de los excesos, corrupción, políticas antinacionalistas y desmedidos
privilegiados que privaron al interior de la antes empresa pública.
Hay
dos elementos que deben enjuiciarse en el actual contexto de la reforma
energética que fueron omitidos por parte del Congreso de la Unión, como
la aceptación de absorber los pasivos laborales tanto de CFE como de
Petróleos Mexicanos –casi 2 billones de pesos– para transformarlos en
deuda pública, es decir, en dinero que deberemos pagar todos los
mexicanos como antes sucedió con el rescate bancario o el rescate
carretero, a condición de llevar contra las cuerdas al Contrato Colectivo de los agremiados del SUTERM.
Por un lado, nadie ha concitado la responsabilidad de los panistas en este gigantesco hoyo negro
ocasionado a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, y que
en buena medida tiene a la empresa productiva del Estado al borde del
colapso financiero, al haber desoído las propuestas para sacar agua del barco,
indicadas con precisión por la ASF; y, por el otro, el solapamiento y
hasta la colusión criminal mostrada por exfuncionarios de Felipe
Calderón que se negaron a acatar una resolución del Poder Judicial que
obligaba a dependencias como la Secretaría de Energía, del Trabajo y
Previsión Social, y la propia CFE a informar al Congreso sobre la
desaparición de un Fondo Mutualista por 683 mil millones de pesos,
producto de 50 años de ahorro de los jubilados del SUTERM, y que sus
líderes mantienen en calidad de desaparecido, pese a existir un laudo de
las autoridades laborales para devolver sus ahorros a sus legítimos
dueños.
Ahora, lo que asoma por el horizonte de los agremiados del SUTERM son nubarrones de duras tormentas,
sobre todo si se considera que ya en febrero de este año sus dirigentes
aceptaron modificaciones a su Contrato Colectivo para facilitar el adelgazamiento
de la plantilla de trabajadores mediante los despidos que considere
pertinentes la empresa. El plazo fatal para miles de ellos se cumplirá,
como ya lo anunció Ochoa Reza, en el ya cercano mayo de 2016, en que se
buscará, además, que su incondicional líder, Víctor Fuentes del Villar,
convenza a todos los trabajadores por igual de sumarse a la propuesta
oficial de cuentas individuales para el retiro, con lo que perderán
buena parte de sus derechos sindicales, cuando el dirigente charro todavía no les informa a sus jubilados dónde quedó el dinero de sus ahorros.
La
justificación de los pasivos laborales para mutilar las prestaciones
contempladas en su Contrato Colectivo, como se aprecia, no explica de
raíz el problema del actual quebranto financiero de la CFE, como en su
momento sucedió con la aún nebulosa extinción de Luz y Fuerza del Centro
(LFC), razón por la cual vale recapitular sobre el diagnóstico, preciso
y contundente, realizado por la ASF tras el cierre de la paraestatal en
octubre de 2009, que sigue generando infinidad de preguntas y cuyas
respuestas aún se ocultan y adeudan al país.
Leamos
y analicemos: “Deberá evaluarse, por parte de la fiscalización
superior, el contexto económico, financiero, legal y político de la
extinción y liquidación de LFC. En el marco del predominio de la
inversión extranjera en una industria de generación y suministro de
electricidad que constitucionalmente pertenece al Estado mexicano, habrá
de revisarse qué tanto la liquidación de LFC, la propia subutilización
de la capacidad instalada y desplazamiento de la CFE son resultado de la
presencia de permisionarios privados y no tanto de deficiencias
operativas y financieras del organismo liquidado. Qué tan expuesta está
la CFE para que entre en un proceso similar o se convierta en un
intermediario para comprar-vender electricidad y así salvar a los
preceptos constitucionales”.
Ahora,
en el entorno de la reforma energética, es indudable que la CFE ha
entrado a un proceso similar al de LFC, a diferencia de que, para
desgracia de sus trabajadores, no cuentan con un sindicato independiente
y combativo como el Sindicato Mexicano de Electricistas para su
defensa. La cuestión es: ¿reaccionarán a tiempo y buscarán librarse de
su corrupta y sumisa dirigencia?
Martín Esparza Flores*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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