Ejecución extrajudicial y fuerza excesiva en matanza de Apatzingán: CNDH
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| El memorial de la masacre en Apatzingán. Foto: Francisco Castellanos |
Aun cuando en ese evento participaron miembros del Ejército Mexicano, en su recomendación 3VG/2015 el ombudsman Luis Raúl González Pérez sólo identificó como responsables a miembros de la corporación.
De acuerdo con el documento dado a conocer este miércoles en conferencia de prensa, en la ejecución extrajudicial los policías federales hicieron “uso excesivo de la fuerza” y provocaron la muerte de cinco personas, además de que hubo “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”.
Según la CNDH, los agentes federales y miembros del Ejército que participaron en el operativo policiaco-militar del 6 de enero para contener a autodefensas y civiles indefensos también habrían realizado 30 detenciones arbitrarias y en al menos nueve casos provocaron lesiones e incurrieron en malos tratos, tratos crueles y degradantes.
De esas quejas, a miembros del Ejército se les atribuyen 12 detenciones arbitrarias, dos “lesiones innecesarias” y un caso de malos tratos contra un civil que fue obligado a arrodillarse y tirarse al suelo mientras era fotografiado por personal militar.
En su investigación, el organismo de derechos humanos encontró que la PF y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Michoacán incurrieron en violaciones “a la legalidad y seguridad jurídica por la indebida procuración de justicia”, al no preservar la escena de lo que consideró un “enfrentamiento” entre las fuerzas federales y los autodefensas.
A la dependencia estatal en particular, la CNDH le hizo señalamientos por omisiones en el resguardo de indicios o medios probatorios y en las 10 necropsias practicadas por los peritos.
De acuerdo con González Pérez, no se acreditaron tiros de gracia, y la única ejecución extrajudicial se detectó porque existe “la certeza de que (la víctima) estaba en el piso cuando recibió dos impactos. Había intencionalidad de ejecutar”, apuntó.
En los otros cinco casos, una de las personas falleció por un impacto mientras se resguardaba en un restaurante, y las otras junto a un vehículo. El primer visitador Ismael Eslava acotó que la CNDH no pudo comprobar “la intencionalidad” de los agentes federales para ejecutarlas, pese a que las necropsias demostraron que las últimas cuatro “presentaron 27, siete, siete y ocho lesiones por proyectil de arma de fuego, respectivamente”, según la misma recomendación.
La CNDH dividió la investigación en dos eventos: en el primero de ellos 44 policías federales y 287 elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las inmediaciones de la presidencia municipal de Apatzingán, donde había una concentración ciudadana “en protesta por el excesivo costo del suministro de energía eléctrica, la inseguridad prevaleciente en esa localidad del grupo G-250 y la omisión en el pago de los salarios de sus integrantes”.
En esa acción, en la que se detuvo a 44 personas, hubo 38 detenidos y 18 lesionados, y una persona fue privada de la vida “por un golpe de un objeto contundente en movimiento, muy probablemente un vehículo (atropellamiento)”. La víctima “se encontraba en el estacionamiento ubicado a un costado del palacio municipal de Apatzingán, y de acuerdo con las evidencias se acreditó indiciariamente que la Policía Federal lo privó de la vida”.
También en ese evento se reportó el aseguramiento de 19 armas de fuego –cuatro cortas y 15 largas–, una granada de fragmentación, 71 cargadores y mil 762 cartuchos útiles.
En una segunda acción, en la que se enfrentaron autodefensas y fuerzas federales, la CNDH precisó que ocurrieron cinco muertes por “exceso de uso de la fuerza” y la ejecución extrajudicial, en tanto que otras cuatro personas que estaban heridas no recibieron la atención prehospitalaria a tiempo por parte de la PF.
En ese evento se aseguraron cuatro armas largas, 40 cartuchos útiles, 298 casquillos, 14 fragmentos de proyectil de arma de fuego, 28 eslabones de carrillera y cuarto cargadores desbastecidos.
Al ser cuestionado por los reporteros, González Pérez sostuvo que el organismo no está deslindando de responsabilidades a los integrantes de las fuerzas federales y que “quien tiene que acreditar la responsabilidad administrativa y federal penal son las autoridades de contralorías y de la Procuraduría General de la República, tratándose de los elementos federales. Se tendrá que investigar el grado de responsabilidad de los participantes en ese operativo”, sostuvo.
El ombudsman resaltó que la “inadecuada preservación de los hechos” afectó la investigación de la CNDH y que por ello está demandando una investigación ministerial a la PGJ de Michoacán.
Sobre el papel que jugó el excomisionado Alfredo Castillo, insistió que no deslinda a nadie de responsabilidades.
“Se tiene que investigar qué pasó en ese operativo”, dijo, y recordó que en el informe sobre las autodefensas de Michoacán presentado el jueves 12 sugirió que se esclarezca “cómo surgen éstas, cómo se financiaron y en función de eso qué responsabilidades de autoridades hay por ello”.
González Pérez puntualizó que en la investigación realizada por el organismo que encabeza “no hay ningún elemento del que se desprenda que se pudieran haber sembrado las armas. Las armas existían y se pusieron a disposición del juez que acreditó el cuerpo de delito”, subrayó.
La recomendación está dirigida al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), al gobernador de Michoacán y al alcalde de Apatzingán.
La CNDH insta a las autoridades federales a colaborar con ese organismo para realizar las investigaciones correspondientes en la PGR y en los órganos de control por las muertes, detenciones arbitrarias y lesiones causadas, así como para proceder a la reparación del daño por las muertes ocasionadas en el operativo policiaco-militar y por las lesiones infligidas.
También recomienda “actualizar el marco normativo que regula el Uso de la Fuerza Pública” en el caso de la PF, y a la Sedena que disponga del “empleo de cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio en sus operativos”.
Al gobernador de Michoacán le pide colaborar con la CNDH para investigar las omisiones de la Procuraduría estatal en el envío de fotografías del cuerpo con indicios de atropellamiento, y por las fallas en las necropsias realizadas, así como en la preservación de las evidencias y la cadena de custodia.
Y a la alcaldía de Apatzingán le pide su colaboración para esclarecer la “inadecuada atención médica prehospitalaria que se brindó a un adolescente, así como instruir que las ambulancias de protección civil cuenten con equipo y material médico”.
Acepta la CNS recomendación de la CNDH
El comisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia aceptó en sus términos las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán.
Según testimonios, ese día policías federales a bordo de decenas de vehículos irrumpieron en el centro de la ciudad y abrieron fuego contra civiles; al menos 16 personas murieron y decenas quedaron heridas.
No obstante, Alfredo Castillo, entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán y actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sostuvo que tales hechos fueron producto de un “fuego cruzado”.
Por su parte, Sales Heredia explicó que el texto de la Recomendación 03/2015 –de 411 fojas– se encuentra en proceso de análisis, para que “en su caso y en su momento” se realicen las precisiones pertinentes.
“Los hechos son resultado de la detención de personas armadas en un primer evento y otro en un evento entre civiles armados y elementos de la Policía Federal”, declaró.
Acerca de los policías federales que participaron en los hechos de Apatzingán, el funcionario aseguró que todos están ubicados y que colaborarán con la Procuraduría General de la República (PGR) para la integración del procedimiento administrativo.
Comentó que giró instrucciones a las áreas correspondientes para que den cumplimiento a los señalamientos del ombudsman nacional.
Agregó que colaborarán con las instancias investigadoras y que se acatará su determinación para lograr el esclarecimiento de cualquier abuso de la fuerza por parte de algún servidor público.
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