EU: Un patrón de negligencia y abusos

Dos niñas ven la televisión en un centro de detención en Nogales, Arizona. Foto: AP / Ross D. Franklyn

 

PROCESO 

 

Por Lourdes Cárdenas , 28 enero, 2018 Reportaje Especial

Son personas que huyen de la violencia o de la miseria en sus países –especialmente de América Latina– y buscan un futuro más o menos seguro en Estados Unidos. Pero en vez de eso, al cruzar la frontera encuentran un infierno en forma de “centro de detención de migrantes”, que no son más que cárceles donde los derechos humanos no se respetan y donde a la menor provocación, el destino son las celdas de castigo.
OTERO, Nuevo México (Proceso).- Ya pasaron 18 meses desde que F. Fernández, salvadoreño de 32 años, llegó al puente internacional Zaragoza –el que une Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas– y solicitó asilo político en el lado estadunidense. Durante ese año y medio ha vivido una de las peores etapas de su vida: fue separado de su mujer embarazada y de su hija, esposado y trasladado a un centro de detención situado a más de 100 kilómetros, lo vistieron con el uniforme rojo que identifica a los detenidos peligrosos y más de una vez lo han aislado en las celdas de castigo.

Este hombre huía de la violencia en su país y buscaba una vida segura en Estados Unidos. Ya lo habían deportado dos veces, pero el riesgo valía la pena. O eso pensaba antes de pisar el centro de detención West Texas, en Sierra Blanca, en julio de 2016; cuatro meses después fue llevado al Centro de Procesamiento de Inmigrantes en Otero, Nuevo México.
“Estar aquí es lo peor que le puede pasar a uno. Te tratan como un criminal aun cuando no hayas cometido un delito”, dice el hombre detrás de la pequeña ventana que lo separa de los visitantes y evita el contacto directo. “Te castigan por todo, hasta por meterte los pantalones dentro del calcetín. Y quejarse no sirve para nada. Los guardias se sienten con todo el poder”.

La más reciente ocasión en que fue enviado a la celda de castigo pasó 23 días totalmente aislado. Su delito fue haberse peleado con un haitiano dentro del dormitorio que alberga a cerca de 50 personas. Además, la pelea tuvo como consecuencia que lo movieran al “tanque rojo”: el área en la que conviven los detenidos considerados peligrosos.
Segregación y castigos
Fernández –quien pidió no revelar su nombre real– lleva 14 meses en Otero, uno de los centros de detención de inmigrantes inspeccionado el pasado diciembre por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional.
En el informe Preocupaciones sobre el tratamiento y cuidado de detenidos en centros de detención, los inspectores revelaron problemas como cateos innecesarios, falta de cuidado médico, condiciones higiénicas deficientes, un fallido sistema de clasificación de detenidos y abuso de la segregación o aislamiento como forma de castigo.
“Aunque las condiciones de detención varían entre las instalaciones (…) nuestras observaciones y entrevistas con detenidos y con el personal revelaron varias cosas, entre ellas que los detenidos son clasificados incorrectamente, según sus antecedentes criminales. Además, son cateados en abierta violación a los estándares, y los servicios de traducción no siempre están disponibles para facilitar su comunicación. El personal de algunos centros impidió que los detenidos interpusieran quejas o no les dio seguimiento. Y el personal no siempre trata a los detenidos con respeto y profesionalismo”, señala el informe.
Los inspectores identificaron casos como el de un detenido que fue aislado varios días por compartir café con sus compañeros. También documentaron casos de personas que fueron puestas en aislamiento administrativo durante largos periodos, sin que hubiese la documentación requerida para justificar la segregación. Algunos detenidos fueron encerrados por violaciones menores a las reglas, como negarse a hacer la limpieza.
“Los problemas que identificamos minan los derechos de los detenidos, su trato humano y la provisión de una ambiente seguro y saludable para ellos”, se lee en el reporte que incluye inspecciones en seis de esos centros: Hudson County Jail, Laredo Processing Center, Otero County Processing Center, Santa Ana City Jail, Stewart Detention Center and Theo Lacy Facility.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han documentado previamente irregularidades en los centros de detención, pero el reporte de la OIG –oficina del gobierno federal– corrobora y valida la mayoría de las quejas y denuncias.
Para Jessica K. Miles, una abogada de inmigración en El Paso, los hallazgos de la OIG no son sorprendentes: “Lo que me sorprende es que no hayan dado más detalles”, dice. “La ausencia de cuidados médicos ha sido un problema constante para mis clientes en Otero, pero también que no funcionen los teléfonos y que los aíslen sin explicarles el motivo por el cual son segregados”.
Agrega que la preocupación principal de muchos abogados es la falta de transparencia y responsabilidad ante los problemas, ya que esto crea un ambiente propicio para que el abuso sea sistemático.
“No hay un canal claro para la comunicación y no hay quien responda por las irregularidades. El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) le pasa el paquete a un burócrata desconocido con el cual no es posible hablar o siquiera establecer contacto.”
Como ha sucedido con las prisiones estatales y federales, el gobierno ha ido privatizando los centros de detención de inmigrantes. Hoy sólo 10% de los inmigrantes detenidos que esperan ser deportados o la resolución de sus casos, están en instalaciones manejadas directamente por el ICE. El resto de los inmigrantes son llevados a centros operados por contratistas privados que, en teoría, son supervisados por Inmigración y Aduanas y en los cuales se registra el mayor número de irregularidades.
“No sirve quejarse”
Uno de los hallazgos de la OIG fue que los canales para interponer y dar seguimiento a los reclamos de los detenidos no funcionan adecuadamente.
“Algunos detenidos reportaron que el personal obstruye o retrasa el proceso para quejas y en ocasiones los intimidan y amenazan con represalias si reclaman”, indica el reporte. Agrega también que en las cárceles no hay personal del ICE para recibir reclamos.
“No sirve de nada quejarte”, corrobora Fernández. “Ellos (los guardias) se quedan con las quejas y no hacen nada; dicen que aquí no tenemos derechos, que mientras tengamos este uniforme puesto, no tenemos ningún derecho”.
Sobre los hallazgos de la OIG, las autoridades del ICE respondieron en un comunicado que “basados en rigurosas inspecciones, estamos confiados en que las condiciones y estándares de cuidado en los centros de detención son buenos. Trabajamos regularmente con contratistas y consultores para revisar y mejorar esas condiciones”.
Civic End Isolation, una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, asegura que entre 380 mil y 442 mil de ellos son encarcelados cada año en Estados Unidos, sobre todo en Texas, California, Arizona, Georgia y Nueva Jersey.
De acuerdo con reportes de prensa, el gobierno de Trump se propone incrementar el número de centros de detención de inmigrantes. La meta es aumentar el cupo en esas instalaciones de 41 mil a 48 mil detenidos por día.
Aunque el documento de la OIG se enfocó en seis centros de detención, las irregularidades se extienden por todo el país.
El Comité de Solidaridad con los Inmigrantes Detenidos ha documentado los abusos en El Paso Processing Center, que recibe a unas 770 personas por día. En su reporte de 2016, la organización encontró “un patrón de negligencia y una cultura de degradación y abuso físico y verbal, así como la recurrencia al aislamiento como forma de castigo”. Encontraron además deficiencias en el cuidado médico y en la preparación de alimentos y una falta de voluntad para reconocer el detrimento que provoca una detención tan larga, así como la separación de las familias.
“El patrón se repite en muchos lugares”, dice Alan Dicker, miembro del Comité de Solidaridad y quien rechaza la idea de que esto sea producto de la nueva administración. “Estas condiciones no surgieron con Trump. Son el legado de Clinton, Bush y Obama; lo que tenemos es la continuidad de esas políticas”, afirma.
En diciembre pasado, Jesús Rodríguez Mendoza, un venezolano de 45 años, inició una huelga de hambre para protestar por el trato inhumano que recibió en el Centro de Detención de El Paso. Mendoza, quien tiene VIH y es solicitante de asilo político, denunció que la falta de cuidados médicos y el limitado acceso a medicamentos han deteriorado su salud y le han causado depresión, infecciones y un dolor estomacal intenso.
“Ha estado pidiendo que se mejore su tratamiento, que le cambien los medicamentos y que le hagan más pruebas. Está muy asustado por lo que le puede pasar si sigue detenido”, apunta Dicker.
Otro caso es el de Óscar Alvarado Rangel, quien pasó 23 meses en el Centro de Detención de El Paso. Alvarado se entregó en el puente internacional para solicitar asilo unas horas después de haber sido herido de bala en Ciudad Juárez. Estuvo un día en el hospital y de ahí fue trasladado al centro de detención. “Lo que yo viví ahí fue humillante. Todos los días se violan los derechos de los inmigrantes”, dice el hombre de 40 años que ahora padece estrés postraumático.
Alvarado fue segregado varias veces, en una de las cuales pasó 43 días en total aislamiento, sin visitas de sus abogados, sin correo, sin medicamentos, sin higiene básica. En esa ocasión, recuerda, fue llevado a esa celda después de que tuvo un altercado con uno de los guardias porque éste lo pateó y él le respondió con un golpe que lo tiró al suelo.
“Me llevaron directo al hoyo”, dice Alvarado. “Ahí estuve todos esos días mientras decidían si me hacían cargos criminales”.
Al final lo hicieron y Alvarado tuvo que enfrentar una acusación de ataque contra un agente federal, un delito que, de ser hallado culpable, lo hubiera condenado a varios años de prisión. Ante la disyuntiva de ser deportado o cumplir esa condena, se declaró culpable. Hoy vive en Juárez y todavía tiene pesadillas relacionadas con la prisión en El Paso. “Estoy bien, lidiando con mis enfermedades acá, pero imagínese, entré a Estados Unidos como víctima esperando ayuda y salí como un criminal”, comenta.
El reporte de la OIG contiene varias recomendaciones para mejorar el cuidado y la atención a los inmigrantes detenidos.
“Es crucial cumplir con los estándares de detención y establecer un ambiente que proteja los derechos, la salud y la seguridad de los detenidos. El ICE podría mitigar y resolver muchos de esos problemas mediante una mayor colaboración e interacción con las instalaciones y sus operadores”, indica el reporte.
Sin embargo, Jessica K. Miles no es muy optimista sobre el impacto que tendrá el reporte de la OIG: “Me parece bueno que este reporte reconozca los problemas. Es un primer paso, pero el seguimiento es lo más importante y donde muchas veces nos quedamos cortos (…) “Otero, por ejemplo, necesitaría una gran sacudida en términos de cómo es administrado y tendrían que buscarse mecanismos de responsabilidad y transparencia para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. No se si eso va a pasar”.
Este reportaje se publicó el 21 de enero de 2018 en la edición 2152 de la revista Proceso.

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