Juicio a la Suprema Corte SEPULTÓ EL ESTADO DE DERECHO EN EL CASO DEL SME

*Hace 5 años de que la SCJN Rompió la Legalidad.
*Los Ministros de la Corte son representantes del poder...de la oligarquía en México.
*el 30 de enero del 2018 a las 11 horas, el SME realizará un JUICIO A LA CORTE afuera de la SCJN.
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas
y Conductor de Frecuencia Laboral,
Participación en el Programa del 27 de enero del 2018,
Transcripción de Andrea Luna Hernández, colaboradora voluntaria.
“Uno de los problemas graves de nuestro país lo han cometido los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): romper con la legalidad y el estado de derecho en México. Los responsables son ellos.
En un país de leyes la corte tiene una función que es el equilibrio entre los poderes legislativo y el poder ejecutivo. Sin embargo, hoy las decisiones del ejecutivo son las que imperan en todo el territorio nacional. Por eso vemos este tipo de actos como lo que está sucediendo en Michoacán y que se está replicando en todos los estados del país, que resuelven las protestas sociales contra las injusticias, a través del uso de la fuerza pública, sin respetar con un procedimiento como establece la propia ley.
El tema de la corte, no nada más el caso del SME, sino todos los casos que hemos venido tocando aquí en el programa, nos permite observar qué es lo que está pasando con estos ministros. Ya lo dijimos en otros programas anteriores. Son ministros que no los pone el pueblo, sino llegan a propuesta del ejecutivo, los ratifica el Senado de la república. Entonces hoy vemos una corte que está compuesta por representantes del poder, de los partidos políticos, incluso, de la oligarquía en México.
En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es un tema para analizarse, incluso varios estudiantes de derecho han hecho tesis sobre las resoluciones que emitió la corte a partir del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Recordaremos todos en este espacio que en octubre del 2009 ordenaron desde la Secretaría de Gobernación tomar por la noche, por asalto armado y militar, instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, que era un organismo público descentralizado creado a partir de una iniciativa de ley que mandó el ejecutivo federal, en este caso Salinas de Gortari, en 1989. En la Cámara de Diputados, legislaron los diputados para modificar la Ley de Servicio P úblico de Energía Eléctrica, en su artículo cuarto transitorio. Se apruebó la modificación donde quitaron aquellas compañías que estaban en liquidación y se dio paso a la creación de un nuevo organismo.
En el Senado de la República también aprobaron esa modificación a la ley. Entonces una vez que el congreso legisló, ordenó en términos de la Constitución al ejecutivo nacional a crear este organismo público descentralizado, para atender la zona central del país. Así se creó Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado, con una junta de gobierno donde estaba la titular del sector como presidente, en donde el sindicato tenía tres miembros consejeros, también participaba la función pública, la misma Comisión Federal de Electricidad, Desarrollo Social y todas las dependencias que atendían esa actividad que era exclusiva del estado mexicano.
Una vez que se constituyó la legislación, la ley respectiva señala que para poder acabar con un organismo de esta naturaleza tenía que haberse realizado el mismo procedimiento como fue creado. Entonces, para poder extinguir a Luz y Fuerza del Centro, el ejecutivo debió de haber mandado una iniciativa de ley al congreso, pero todo fue a través de la fuerza armada y militar.
Dos horas después de que ocuparon los centros de trabajo, se publicó ese famoso e ilegal decreto de extinción y los argumentos del ejecutivo fueron que se extinguía Luz y Fuerza del Centro por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Son elementos que prevé la Ley Federal del Trabajo, pero que en este caso no eran aplicables.
Lo que hicimos nosotros, de inmediato, fue atacar el decreto a través de un amparo. Ese amparo abogados como Don Néstor de Buen -, paz descanse- también Raúl Carranca de Rivas, estuvo el doctor Roberto Terrazas -quién es académico de la máxima casa de estudios- todos estos abogados interpusieron el amparo y lo admitió la Suprema Corte.
Una juez de primera instancia, Guillermina Coutiño resolvió diciendo que el decreto era constitucional, pero que dejaba salvaguardados los derechos de los trabajadores. Nos fuimos al recurso de revisión y la corte ratificó lo que ya había dicho la juez de que efectivamente el presidente tenía facultades para extinguir los organismos públicos descentralizado, e igualmente volvió a dejar a salvo los derechos de los trabajadores.
Ahí la corte pudo haber resuelto el tema de constitucionalidad y también el tema de legalidad que era la afectación de los propios trabajadores. Sin embargo, su estrategia de ellos era que se alargara el proceso para disminuir todo el descontento social de las protestas de los trabajadores, dado que en ese momento se recibió el apoyo de gran parte de los ciudadanos de este país.
Una vez que el caso se fue a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje prácticamente en esa instancia se ratificó lo que ya había dicho la corte. En el decreto se nombró al Sistema de Enajenación y Administración de Bienes (SAE) como responsable para la liquidación de la empresa. Ahí el SAE demandó ante la junta Federal al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y a los trabajadores la terminación de las relaciones individuales y colectivas con la empresa Luz y Fuerza . Entonces la junta resolvió y señaló que efectivamente con la sentencia de la corte se termina todo.
Nos amparamos ante esa decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en agosto de 2010, se fue al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en material laboral y ahí duró casi dos años.
Hubo otros amparos, en total se acumularon 5 amparos entre trabajadores que se mantuvieron firme y otros que se habían liquidado. Pero ahí quienes teníamos todo el estatus legal para poder defender los derechos de los trabajadores fue el Comité Ejecutivo del SME.
En ese lapso de los dos años que estuvo el amparo en este tribunal también hubo recursos de atracción interpuestos por la Procuraduría General de la República (PGR), cuyas autoridades le solicitaban a la corte que atrajera el amparo y lo resolviera de fondo. Efectivamente, se fue el expediente a la Suprema Cortee, se fue a la segunda sala y resolvío que no había elementos de inconstitucionalidad que estableciera el propio amparo.
También se pronunció sobre los elementos de constitucionalidad y señaló que por tanto el Tribunal Colegiado de Circuito en materia laboral, tenía toda la facultad para resolver el fondo y que, posteriormente, le regresara el amparo. Ahí fue la segunda ocasión que la corte se pronunció.
Los tres magistrados resolvieron el fondo de los amparos. Al final dijeron de manera muy clarita, en todo lo que es la sentencia, que el ejecutivo federal argumentó que era caso fortuito y causa de fuerza mayor y explican perfectamente cuales son los casos fortuitos.
Dice que los casos fortuitos ocurren cuando hay decisiones por encima de las propias personas. En este caso no era fortuito porque quien tomó la decisión fue el ejecutivo, dice que las decisiones del ejecutivo no pueden ser fortuitas. La extinción de Luz y Fuerza tampoco se debió a una causa de fuerza mayor, dice la resolución, porque la fuerza mayor es algo más fuerte que las personas o que viene de la naturaleza, como un terremoto o un tsunami, si se acaba la empresa ¿a quién le reclamas?. Lo explica perfectamente en la sentencia y vale la pena leerlo.
Lo que sí establecen ahí son las serie de declaraciones que hicieron funcionarios como Javier Lozano Alarcón y otros funcionarios como Georgina Kezel, el mismo secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, diciendo todo el tiempo que Luz y Fuerza del Centro tenía un pasivo laboral de miles de millones de pesos, que había pérdidas incalculables. Todos fueron argumentando, incluyendo los medios de comunicación, que era un problema de carácter económico. Al final, explicaron los magistrados que las autoridades trataban de justificar su decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro, argumentando problemas económicos. Pero si el problema era económico debieron de haber demandado un conflicto de naturaleza económica, lo cual no hicieron, pero además sus tiempos se les pasaron.
Finalmente resolvió la corte, determinando que el decreto es constitucional, que ya no existía Luz y Fuerza del Centro, pero todos los bienes se transfirieron a la empresa Comisión Federal de Electricidad. El razonamiento en términos legales dice que aunque cambien las empresas de un nombre, pero controla los mismos bienes que tenía otra y es para la misma actividad económica, la nueva empresa asume la responsabilidad con los trabajadores y así lo condena. Por tanto Comisión Federal de Electricidad, que recibió los bienes de Luz y Fuerza, debió de ejercer la figura de patrón sustituto.
Así resolvió: le indica a la Junta Federal de Conciliación y emitió un nuevo laudo con todos estos puntos que están establecidos aquí en esta sentencia. Así pasó. Salió la sentencia del tribunal. El mismo SAE volvió a meter otro recurso de revisión, la corte lo admitió y emitió resulución el 30 de enero del 2013, pero apenas un día antes resolvió admitirlo para su estudio. Lo turnaron a una sala, yo me entrevisté con los ministros de la corte que iban a resolver. Dos dijeron que iban a votar en términos de legalidad, en términos de constitucionalidad. Incluso hay un ministro, Alberto Pérez Dayan, que fue trabajador de Luz y Fuerza del Centro por casi 17 años, su padre es jubilado de Luz y Fuerza.
Lo más relevante fue el decreto de extinción y el golpe a 44000 trabajadores, para echarlos a la calle y también afectar a empleos indirectos.
Ahí la Corte resolvió y dijo que los magistrados del Tribunal se excedieron, porque -sostuvo- se tocaron temas de constitucionalidad. Luego Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero dijeron que los trabajadores están pidiendo que el presidente de la república sea su patrón sustituto y eso no puede ser.
Así echaron para atrás el amparo y prácticamente sepultan la legalidad del estado de derecho para los trabajadores. Porque a partir de sus razonamientos han venido echando para atrás todos los juicios de amparo que han promovido trabajadores de otros sectores como los trabajadores de la educación, el caso de los mineros y una infinidad de asuntos que le han llegado a la corte, que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Estos ministros de la corte se han encargado de sepultar la legalidad y el estado de derecho en México.
Por esa razón el 30 de enero del 2018 el Sindicato Mexicano de Electricistas, está convocando a una concentración afuera de las oficinas centrales de la Suprema Corte de Justicia de la Nacióna, ubicadas en la calle Pino Suáres No. 2, colonia Centro, en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde realizará un JUICIO A LA CORTE ”. 

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