Las dos caras del mismo México
La activista oaxaqueña Bettina Cruz Velázquez. Foto: Haz que se vean
Una de ellas expuesta desde los ojos de la activista Bettina Cruz, quien lucha por la defensa de los pueblos del Istmo de Tehuantepec, ante la acción depredadora de las compañías productoras de energía eólica.
Una visión que debe volver a prender los focos rojos en esa región, ante el avance de los acuerdos que se están cerrando en forma acelerada para una nueva fase de parques eólicos en Oaxaca, que seguirán atropellando los derechos de los habitantes originales de esas comunidades indígenas.
La otra se produjo en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto por España, este miércoles 25, donde el encuentro con su homólogo español, Mariano Rajoy, centró sus baterías en revisar el “estado de las relaciones bilaterales” que, con frecuencia, se simplifican al campo comercial y de las inversiones privadas, la ya muy conocida como “diplomacia de negocios”.
A principios de la semana, Bettina Cruz, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunció aquí que las empresas españolas que construyen parques eólicos están despojando y empobreciendo a las comunidades de esta región.
En una gira que incluyó Bilbao y Valencia, además de Madrid, la activista denunció algo aún más grave: Que se viene una siguiente oleada de nuevas concesiones para más parques eólicos en Oaxaca, que se sumarán a las decenas ya otorgados y explotados desde el año 1994.
Esta nueva andanada de concesiones y contratos quedarán formalizadas alrededor del 4 de julio, después de la elección en México.
Es por demás claro que esta premura por cerrar estos contratos tiene como propósito blindar esas concesiones ante la eventualidad de que las elecciones federales en México las gane el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
Esto se hace bajo la sombra del debate que surgió por el tema de los contratos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, tema en el que el tres veces candidato insiste en ponerlos bajo la lupa y revisión, por los posibles chanchullos en su otorgamiento.
El panorama que ofreció Cruz es dramático, porque señala que este acuerdo es para suministrar de energía a grandes consorcios como Peñoles y otras minas a cielo abierto, que son sumamente agresivas con el medio ambiente y que afectan directamente a las comunidades aledañas.
Las nuevas concesiones están protegidas bajo el paraguas de la Ley de Energía, que ofrece todo tipo de prerrogativas para las empresas, pasando por encima de los derechos de la población, por más que en la retórica oficial se diga que estos proyectos promueven el desarrollo u ofrecen empleos, lo cual no ha sucedido hasta ahora.
Bettina Cruz denunció en España a los consorcios de este país que vienen recibiendo todo tipo de facilidades para sus contratos y cuyos dividendos no benefician a las comunidades del Istmo.
Entre ellos, mencionó a Unión Fenosa-Gas Natural, Endesa, Gamesa, Iberdrola, Acciona y Eulicatec. Todas ellas reciben un enorme cobijo desde las esferas del gobierno federal y del de Oaxaca.
Sostiene que todas ellas llegan con la promesa de generar desarrollo, empleo y modernización, pero la realidad es que “están causando lo contrario para nosotros”, dijo en una rueda de prensa.
Estas empresas “protegen sus intereses” y, en ese propósito, tienen la connivencia de las autoridades para amenazar y hostigar a los activistas y defensores de los derechos humanos, que son criminalizados.
A la fecha, explicó, hay alrededor de 50 procesos judiciales en contra de activistas que se oponen a esta política depredadora de las compañías eléctricas.
La propia dirigente de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio es uno de esos casos. En el año 2012, Bettina Cruz fue detenida y encarcelada acusada de “atentar contra el consumo de la riqueza nacional”.
Aunque recuperó su libertad de manera precautoria, tuvo que acudir a firmar cada mes durante cuatro años para no ser detenida nuevamente.
En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno mexicano aportar medidas cautelares para preservar su integridad personal y su vida.
Aseguró que los líderes de la oposición a esta política son objeto de hostigamiento, de vigilancia, de amenazas y, asegura, que actualmente hay “sicarios del crimen organizado” que están ayudando a blindar esas zonas donde se encuentran las empresas productoras de energía.
La cara opuesta
La cara opuesta de la moneda la representaron las actividades del presidente Peña Nieto en su visita de 10 horas a Madrid, como parte de su agenda por Europa.
En su reunión con el presidente Rajoy, el gobierno español emitió una nota informativa en la que dio a conocer que ambos mandatarios constataron “con satisfacción el excelente estado en el que se encuentran las relaciones bilaterales”, misma retórica diplomática que viene repitiendo en los últimos años.
El gobierno de Rajoy dice que se “han felicitado” por el logro de un acuerdo político sobre los aspectos comerciales de la relación UE-México este fin de semana, “lo que permite la próxima conclusión del proceso de modernización del acuerdo Global UE-México”.
Con el aval de México, el gobierno español aseguró que analizaron “las relaciones económicas y comerciales, que atraviesan un buen momento”.
Y luego soltaron una cascada de cifras: México es el “primer socio comercial y primer cliente de España en Latinoamérica”. En 2017, “el comercio bilateral ascendió a ocho mil 657 millones de euros, lo que supone un aumento del 15% respecto al año anterior”.
En el mismo período, las exportaciones aumentaron un 12.2% respecto al año anterior, situándose en cuatro mil 598 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los cuatro mil millones de euros, con un aumento de 18% respecto de 2016.
Esto hace que el saldo comercial sea superavitario para España, del orden de 539 millones de euros el año pasado.
Asimismo, México es el cuarto destino de las inversiones españolas en el mundo y el segundo en Latinoamérica.
El stock de inversión española en 2015 fue de 31 mil 663 millones de euros, donde destacan las inversiones en servicios financieros y la energía, coincidentemente.
Por su parte, México es el sexto inversor en España, con un stock de inversiones en 2015 de 23 mil millones de euros.
Esta presencia comercial española en México destaca en operaciones en infraestructura de transporte, construcción, energía y telecomunicaciones.
Sin duda, la operación más relevante es la presencia de las compañías constructoras FCC (donde Carlos Slim es un accionista mayoritario) y Acciona en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
El único tema de los asuntos comerciales que ambos mandatarios abordaron, fuera de los temas comerciales y de inversiones, fue la difícil situación en Venezuela, “cuestión sobre la que existe plena sintonía entre ambos países”.
Lo simbólico de estas dos perspectivas de lo que pasa en México –la de Bettina Cruz y la del gobierno mexicano– es que parece que desde las esferas gubernamentales se han obviado la defensa de los derechos de los pueblos originales y lo que la activista expone es, precisamente, el resultado de esa política que no les toma en cuenta.
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