Ahora, a exigir cumplimiento de las promesas
Una vez finalizado el proceso electoral, los mexicanos no deben echar las campanas al vuelo
de resultar ganador el candidato de sus preferencias, o caer en el
desánimo si no fue electo; el paso siguiente es quizá el más importante
tras una campaña que estuvo plagada de denuestos y golpes bajos: velar,
todos juntos, porque las promesas hechas en campaña se cumplan.
Parte de nuestra incultura política
radica en pensar que la responsabilidad de los candidatos finaliza al
concluir las votaciones, de tal forma que la inconstancia partidista
tiene su origen en el desinterés poselectoral de los ciudadanos. No por
algo se dice que los corruptos y pillos que se reciclan en los cargos
públicos cada 6 años le apuestan, más que a la impunidad, a la
desmemoria de los electores.
Así como diversas organizaciones se han
constituido para analizar temas como el de la inseguridad, la violencia o
los feminicidios, de igual manera la sociedad en su conjunto debe dar
seguimiento preciso a lo planteado por todos los candidatos, y en
especial al favorecido en las urnas.
Es indudable que al no existir
mecanismos vinculantes para obligar a los vencedores a aterrizar en los
hechos sus plataformas de campaña, los políticos electos ni siquiera las
contemplan en sus programas de gobierno, porque algunas son francamente
inviables.
Desde hace décadas se habla de temas
recurrentes como el combate a la pobreza, a la inseguridad, el
fortalecimiento de la economía y más empleos, por mencionar algunos,
pero los remanentes cada final de sexenio son los mismos: aumentan los
niveles de violencia, el crecimiento económico no rebasa los 3 puntos
del producto interno bruto (PIB) y se incumplen las expectativas
laborales.
El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa,
el mal nombrado “presidente del empleo”, que prometió la creación anual
de 1 millón de puestos de trabajo, estables y bien pagados, terminó
lanzando a la calle a miles de trabajadores en todo el país, entre
ellos, los 44 mil miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas
(SME), tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro.
La contienda que antecedió a los
comicios del pasado primero de julio no estuvo exenta del acostumbrado
catálogo de buenos y exagerados propósitos; para variar, el tema de más
empleos y mejores salarios formó parte de la agenda de los temas
laborales de los candidatos. Todos coincidieron en la necesidad de
incrementarlos para mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora,
algunos de manera gradual hasta llegar a los 190 pesos diarios.
El asunto es que los planteamientos para
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores pasaron por alto
mencionar un pequeño detalle que se ha convertido en el principal
obstáculo para acceder a empleos estables y bien remunerados, sobre todo
para los miles de jóvenes que año con año ingresan al mercado laboral:
la legalización de las outsourcing a través de la Reforma Laboral aprobada a finales del sexenio de Calderón Hinojosa.
Así también debe mencionarse en este
contexto de propósitos irrealizables la aprobación en esta reforma de
los contratos de prueba que, a la par de las tercerizaciones, anula la
estabilidad laboral y el acceso a la seguridad social tan pregonada en
las campañas.
Un ejemplo del vacío en el contenido las
propuestas partidistas fue la intención de ofrecer condiciones
laborales más justas a los 3 millones de trabajadoras del hogar, a las
que algunos candidatos se comprometieron a darles un buen salario, una
jornada laboral justa y acceso a la seguridad social. Sin duda, buenas
intenciones.
El inconveniente es que de manera
inaudita ninguno de los aspirantes le recordó al gobierno en funciones
su negativa a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), relacionado con los derechos de las empleadas
domésticas, y menos le exigió definir una postura al respecto.
En los temas de la corrupción se dejó al
margen el contubernio que prevalece en los órganos de justicia laboral
que obstruyen la justa aplicación de las leyes a favor de los
trabajadores, permitiendo la existencia de los sindicatos y los
contratos de protección.
Buena parte de la pobreza y la
marginación en nuestro país, se debe a la injusticia laboral que afecta
tanto a los trabajadores de la ciudad como a los jornaleros agrícolas,
éstos últimos apenas mencionados en sus derechos en la Ley Federal del
Trabajo e invisibles para la Reforma Laboral de Calderón.
Hubo planteamientos para instaurar la
revocación del mandato, que en teoría debe aplicarse mediante un amplio
referéndum social. De igual forma, la sociedad civil puede articular un
mecanismo para exigir al ganador no sólo el cumplimiento de sus promesas
de campaña sino además, la integración de una agenda de peticiones, sin
sellos partidistas, en la conformación de su plataforma de gobierno.
A los jóvenes, cuya participación fue
fundamental para inclinar la balanza de los resultados electorales, les
asiste el derecho de solicitar información detallada de cómo se les van
garantizar nuevas oportunidades de superación académica y laboral.
El 52 por ciento de la lista nominal se
integró con mujeres que en todo el país y ahora deben reclamar su
derecho a la igualdad en el empleo, tal y como lo prometió más de un
candidato en campaña; muchas de ellas son madres trabajadoras y esperan
un sistema de guarderías que les garantice la seguridad, educación y
buena alimentación de sus hijos.
La consolidación de una verdadera
democracia debe pasar de manera obligatoria por la aduana de la
supervisión social para que una vez concluidas las elecciones, los
vencedores no den la espalda a quienes les llevaron al poder, lo mismo
que a todos aquellos que con su voto dan legitimidad al régimen de
partidos del que emana y se nutre cada 6 años nuestra clase política.
Dar seguimiento puntual a las promesas de campaña debe ser tarea y
responsabilidad de todos.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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