Conflictos sociales, el reto de López Obrador
Peña Nieto deja más de 700 megaproyectos en marcha: autopistas, gasoductos, eólicas, hidroeléctricas, desarrollos turísticos que han significado desplazamiento y despojo de comunidades enteras por desabasto de agua, pérdida de cosechas y ganado. Todo indica que López Obrador mantendrá la misma política
Especialistas en temas socioambientales
reconocen la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de
la República como “un cambio histórico en el país”, a través del proceso
electoral. Reconocen su legitimidad. No obstante, también dudan que
lleve a cabo un verdadero cambio en beneficio de las clases más
protegidas: los pobres, los indígenas, que han sido desplazados de sus
territorios a causa de la imposición de megaproyectos y se han
enfrentado al abuso, despojo, desapariciones y hasta la muerte.
Francisco López Bárcenas, el maestro en
derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de
México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), dice que “es importante”
la victoria de López Obrador, pues en principio genera un ambiente
distinto al que se tenía con los últimos gobiernos, desde Vicente Fox,
pasando por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Con el arribo del candidato del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dice el especialista, también
hay ambiente distinto para las luchas sociales; pero “creo que no hay
que poner mucha esperanza en un cambio con el nuevo gobierno, a menos
que la gente lo obligue a eso. No hay que olvidar que dijo que iba a
impulsar a la minería canadiense, lo cual sería gravísimo por el impacto
que deja este modelo de extractivismo”.
López Bárcenas, autor del libro La vida o el mineral. Los cuatro ciclos de despojo minero en México,
ha documentado que el 28.58 por ciento del territorio mexicano (el
equivalente a 51.76 por ciento de la propiedad social y una superficie
mayor a la dedicada a la producción de alimentos) estaba concesionado a
empresas mineras, la mayoría de capital trasnacional y en su mayoría
canadienses.
El experto y defensor de los pueblos
indígenas, indica en su obra que las actividades mineras y sus efectos
se oponen a los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y
obtienen sus alimentos, contaminan ríos y mantos acuíferos; los pueblos
indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares
sagrados y sus formas de vida; la sociedad en general sabe que
indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a los
mexicanos.
Entre sus colaboradores, dice López
Bárcenas en entrevista, se encuentra el líder del Sindicato Minero,
Napoleón Gómez Urrutia; el empresario Alfonso Romo, que durante años se
dedicó a las plantaciones forestales de tabaco, y el propuesto para
titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Víctor Villalobos, quien también ha
impulsado la siembra de transgénicos.
Para el académico, hay un dato que
podría marcar el rumbo de “por dónde va a ir” esta nueva administración.
Hace algunas semanas hubo una reunión en la Ciudad de México de líderes
indígenas con futuros secretarios de Estado, entre ellos, Adelfo Regino,
propuesto para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (Cdi); Román Guillermo Mayer, para la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano (Sedatu); María Luisa Albores González,
para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Alejandra Fraustro
Guerrero, para la de Cultura.
“Sí, está bien –dice López Bárcenas–
porque ellos se dedican a atender políticas sociales; pero faltaban los
de Economía, que son los que dan las concesiones para la explotación de
hidrocarburos, fracking, minería y los de Energía. Con esto se
va marcando por dónde van a ir el proyecto”. El asistencialismo para los
pueblos indígenas pero no los temas de fondo.
Por ello, agrega el especialista, “es
importante que las comunidades vean que hay otro escenario, pero que eso
no resuelve los problemas que enfrentan. Es necesario tejer nuevas
relaciones con el gobierno, pero también son importantes las alianzas
comunitarias para posicionar sus luchas y defender sus derechos”.
El lema de “Primero los pobres” que ha
enarbolado el candidato electo a la Presidencia de la República podría
estar enfocado sólo en la atención a pobres a través de programas
sociales y asistenciales. De ser así, estaría en contravención de los
programas extractivistas, “sería el saqueo de los recursos natrales de
los pueblos; a cambio, tendrían un bienestar en términos
asistencialistas pero no un futuro propio”, arguye López Bárcenas.
Hay que mirar claro que no es un cambio
cualquiera; tampoco es un cambio fuerte en términos de las políticas que
se han llevado hasta ahora, “pero creo que no hay que esperar todo del
gobierno y hay que organizarse para posicionar la agenda de los
pueblos”.
Miguel Ángel Mijangos, integrante de la
Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) comenta que esta
organización se mantuvo al margen de participar con alguna postura o
candidato durante el proceso electoral. Mantuvieron el trabajo con las
comunidades que están en la defensa del territorio pero no se
pronunciaron por algún partido ni fincaron expectativas en el triunfo de
candidato alguno.
Explica que las comunidades asumieron de
manera independiente su propia decisión ante el proceso electoral
recién concluido. Sin embrago, menciona que durante la campaña, López
Obrador generó expectativas, refrendadas el 1 de julio.
Desde la Rema, “consideramos que esas
expectativas cruzaron toda una gama de problemáticas que se viven tanto
en las comunidades como en el resto del país, que ahora la gente
esperará sean atendidas y resueltas.
“En algunas comunidades nos preguntaron
qué pensábamos de las posiciones de López Obrador en el contexto de los
bienes naturales y el modelo extractivo. Les comentamos que nuestra
perspectiva y expectativa son poco alentadoras, pues durante su campaña
refrendó la continuidad del modelo extractivo, posicionó a un
cuestionado líder sindical minero [Napoleón Gómez Urrutia], afianzó su
postura de realizar consultas, no mostró un discurso fuerte hacia los
pueblos indígenas, ni siquiera con la participación de Marichuy
[María de Jesús Patricio Martínez, candidata independiente propuesta
por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional] a la que al inicio golpeó políticamente porque la supuso
contrincante; y, finalmente, no se negó a rechazar la reforma
energética, salvo una revisión de los convenios y contratos.”
Con todo, reconoce que “quedó claro que los pueblos ven una oportunidad de cambio para bien en él”.
El riesgo del movimiento social
Hasta la actual administración, los
movimientos sociales opositores a los megaproyectos han sido
considerados “foco rojo” para la estabilidad del país, de los que
detentan el poder y de las clases privilegiadas.
Así lo ha evidenciado la Agenda Nacional de Riesgos,
documento de carácter confidencial elaborado por el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), durante el gobierno de
Enrique Peña Nieto, quien entregará el mando a López Obrador el próximo 1
de diciembre.
La Agenda Nacional de Riesgos, obtenida y publicada por Contralínea en
un reportaje seriado en la segunda mitad de 2016 (), hace un análisis
de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una
obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos,
termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto
daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las
comunidades”.
Manifiesta que en el país hay un rechazo
a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de
los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos
opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad
nacional.
Jorge Tadeo Vargas, biólogo y
coordinador de del Laboratorio de Investigación en Desarrollo
Comunitario y Sustentabilidad, comenta que las transiciones siempre son
buenas porque nos permiten, incluso, oxigenan a las propias resistencias
y a las propias luchas comunitarias.
Además, “que haya ganado una persona que
por ahí coquetea un poco con la izquierda también nos dice que es
posible que tengamos un poco más de apertura ante algunos proyectos”.
Lo que si preocupa, “bastante”, a muchas
comunidades y organizaciones que están resistiendo contra megaproyectos
es que, al menos, hasta ahorita este nuevo gobierno encabezado por
López Obrador ha mostrado poca sensibilidad con respecto a las
resistencias.
“El hecho de que él hable de refinerías
como parte de su proyecto para sacar adelante al país, sabiendo todos
los impactos socioambientales que tiene para las comunidades cercanas
donde se instalan, nos dice de su poca cercanía con respecto a las
comunidades y sus afectaciones.
“Que haya hablado de reactivar las
presas hidroeléctricas como fuente de energía limpia, indica que no
conoce bien sobre algunos temas, por ejemplo, con respecto a la supuesta
energía limpia de las hidroeléctricas que son responsables del 18 por
ciento de los gases de efecto invernadero que contribuyen al
calentamiento global y el cambio climático”, expone el especialista.
López Obrador, dice, ha hablado de la
libertad empresarial, en un país en donde sabemos que las empresas son
las que deciden el futuro de las comunidades, y “teniendo un presidente
que habla de la libertad empresarial, pues nos dice que la situación no
va a cambiar mucho. Espero estar equivocado”.
Los retos del lopezobradorismo
Por todo el país, el gobierno federal de
Peña Nieto tiene proyectados más de 740 proyectos de significativa
infraestructura: autopistas, gasoductos, centrales eólicas, presas
hidroeléctricas que, además de implicar una inversión pública y privada
por más de 7 billones 750 mil millones de pesos, significaron
desplazamiento y despojo de comunidades enteras donde se iniciaron,
desabasto de agua y pérdida de cosechas y ganado.
Francisco Cravioto Lagos, integrante del
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, dice que
después de la llegada de López Obrador hay optimismo entre la gente y,
posiblemente, haya una mayor apertura para comenzar a discutir temas
vinculados a las amenazas en términos de afectaciones sociales y
ambientales a los territorios del país por parte de megaproyectos.
No obstante, dice, “hay que reconocer
que éste no es uno de los temas centrales de la agenda de López Obrador
y, hay un problema que no es exclusivo de él, sino de toda la clase
política: no existe integralidad en sus programas de gobierno, que
significa que diferentes sectores están desvinculados de sus programas.
Se manejan de manera aislada la política energética, de comunicaciones y
transportes, de fomento al turismo, desarrollo agrario. Todas tienen
como principal parámetro de éxito fomentar el crecimiento económico del
país y, a la par, está bajo una planeación distinta”.
—¿Podría haber un equilibrio entre el respeto a los pueblos y el desarrollo económico? –se le pregunta.
—Sí, demos el beneficio de la duda y
digamos que no sabemos cuál de estas políticas va a ser la
principalmente beneficiada; las prerrogativas económicas han estado por
encima de los temas ambientales y de derechos humanos.
“Una política de desarrollo integral
planeada transversalmente debería contemplar todos estos objetivos en
conjunto. Se puede lograr el crecimiento económico con respeto a
derechos humanos, al medio ambiente y al territorio. Se puede incluir en
el proyecto de desarrollo a las comunidades más marginadas del país,
tanto en el ámbito rural como en el urbano.”
Cravioto Lagos esperaría que cuando se
revisen las concesiones mineras se revise también el impacto en el uso
del agua, los abusos laborales, las repercusiones al medio ambiente, las
violaciones de derechos humanos. Es decir, las razones de ser de los
movimientos en defensa del territorio.
Explica que en el caso de los
hidrocarburos, hay una contradicción importante en el programa del
próximo gobierno. Por un lado, encuentra dos puntos positivos: el
establecimiento de una moratoria en la entrega de contratos en la
iniciativa privada y la revisión de en qué condiciones se entregaron
estos contratos. “Esto atiende temas de posible corrupción y conflicto
de interés”, reconoce. Son embargo, “no está en el centro de esta
propuesta el interés de las comunidades que habitan en los territorios
donde se desarrollan este tipo de proyectos”, destaca.
Érika Ramírez/Diana Aguila
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