La corrupción peñista empobreció más a los mexicanos
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Con su
tradicional mayoría a la que desde siempre se le colgó el apodo de “la
aplanadora”, y que ahora con los integrantes de Morena está resultando
más lo mismo, en 2008 los diputados federales priístas reprobaron la
cuenta pública del entonces presidente de la República: Felipe Calderón
Hinojosa; y como ha sido siempre, no pasó a mayores. Es decir, no se le
fincaron responsabilidades conducentes a aclarar el uso que este
personaje dio a los dineros del pueblo durante el mencionado periodo.
En los tiempos que corren, apenas a
finales del pasado octubre, se realizó la revisión de la cuenta pública
de 2016, año que ya corresponde a la gestión de Enrique Peña Nieto. Y
resulta que los morenistas encontraron desvíos, ampliaciones
presupuestarias para gastar más de lo originalmente autorizado, aumento
(¡a lo bestia!, para expresarlo correctamente) de la deuda pública
externa, irregularidades en el otorgamiento de contratos… con el grave
agregado de que hay 13 mil millones sin comprobar de lo ejercido por los
tres poderes federales; o sea, el Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial a nivel federal.
Así que se insiste, según la
información, no fue aprobada la cuenta peñista y, sin embargo, nada ha
pasado y seguramente nada pasará. Y eso que los lopezobradoristas
juraron a lo largo de todas sus campañas y hasta la fecha, sancionar la
corrupción. Los reporteros Fernando Damián y Elia Castillo, como Claudia
Salazar (ésta de Reforma, 31 de octubre de 2018), ofrecieron a
los lectores un detallado informe de lo que se llama “reprobar” la
cuenta pública; aunque lo correcto es: no aprobarla. Por lo que se debe
citar a Peña y a todos sus empleados para que expliquen los faltantes y
gastos no aprobados que han motivado que las cuentas no sean lo
suficientemente claras que su gestión exige. Para que en caso de que no
logren satisfacer con pruebas el ejercicio legítimo de semejante
cantidad, finalmente sean llevados a juicio político para fincarles
responsabilidades constitucionales, penales y administrativas; y
encarcelarlos de inmediato como mínima sanción.
Aquí hay que detenerse a insistir, una
vez más, en que es claro que Peña y sus peñistas abusaron del poder para
torcer a su antojo y beneficio además de autoritaria y despóticamente,
el destino del presupuesto de egresos, ya que gastaron más de lo
aprobado y supuestamente gran parte se la embolsaron, puesto que nadie
de ellos ha explicado a dónde fueron a parar esos recursos, empezando
por los billones que Peña contrató de deuda externa; Robles en Sedesol;
Ruiz Esparza en Comunicaciones; los tres secretarios en Educación;
Videgaray en Hacienda; Murillo Káram en la pgr; Navarrete Prida en
Trabajo… ¡Lozoya Austin en Pemex-Odebrecht! Así como un interminable
etcétera.
Lo cierto es que esa corrupción
empobreció aún más a los 55 millones de mexicanos que se debaten en
todas las modalidades de la pobreza: desde la pobreza a secas hasta la
hambruna que asuela a muchos millones, entre los que se encuentran los
indígenas olvidados por todos los gobiernos. Esos gobiernos que sólo se
acuerdan de ellos para presumir las tradiciones que como pantomima dicen
celebrar. Estrato de donde salió el grueso de los 30 millones de votos
que le permitió a Andrés Manuel López Obrador arrasar a en las urnas en
los pasados comicios, para casi aniquilar a los partidos del triángulo
corruptor: PRI-PAN-prd. Un partido Acción Nacional, y el de la
Revolución Democrática que están agonizando, junto y pegado con el mismo
régimen inaugurado por Miguel Alemán en 1946; el mismo que Peña
embalsama en este 2018, después de haber cavado tan profundamente su
tumba con su desastroso, corrupto, ineficiente y sangriento desempeño.
Así que como hecho constante en nuestra historia reciente, no hay un sexenio tanto priísta como los dos panistas que han desgobernado
a la nación, donde sus grupos no hayan robado a manos llenas,
malgastado irresponsablemente y endeudado sin ninguna clase de
miramiento al país. Todos a una –intencionalmente por lo general– se han
corrompido absolutamente. Es decir, sin lugar a dudas fueron rateros
con impunidad y a ninguno se ha responsabilizado de sus actos y
omisiones. Y como inicio de un nuevo régimen que aseguró comprometerse a
hacer justicia para todos los mexicanos, se podría empezar a
responsabilizar –al menos– a Peña y su mancuerna Videgaray; pero parece
que ya se acordó un pacto secreto entre Peña y López Obrador con el
sello del “perdón y olvido”. Y esto es, a su vez, impunidad.
Mientras, crece imparable la pobreza
nacional por no haber invertido lo robado, tanto en empleo, en el campo,
en educación, salud, y para solventar todas las necesidades que abruman
a los mexicanos. Esto ha llegado a significar un detonador de protestas
sociales que pueden estallar. Empero, Peña y los peñistas se irán
intocables, y el nuevo régimen habrá perdido la oportunidad que tiene
entre sus manos gracias a su aplastante victoria y el apoyo demostrado
en las urnas; y que es tan necesaria para dar un ejemplo radical:
procesar a Peña y a su camarilla, para que respondan de sus actos
económicos-políticos ante la devastación social que se ha generado,
debido al empobrecimiento que recrudeció su sexenio y que es una de las
causas de la sangrienta inseguridad nacional. Reprobaron los de Morena
la cuenta pública 2016 y nada pasó.
Álvaro Cepeda Neri
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