Cartón de Rocha

Sindicalismo y feminismo

Por Marta Lamas , 25 noviembre, 2018 Análisis

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de septiembre la ministra del Trabajo de España, al enterarse de que se había otorgado el registro a un sindicato de trabajadoras sexuales, exclamó: “Es uno de los peores disgustos de mi vida política. Me han metido un gol por la escuadra” (El País, 4 de septiembre). A continuación despidió a la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, quien asumió la decisión de que se hubiera registrado a la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), pues había cumplido con todos los requisitos. La nota de El País señala que el ministerio busca “la fórmula legal” para anular dicha inscripción, pues “no avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”. La reacción de la ministra (¡una socialista del PSOE!) muestra la forma en que se ha ido mezclando discursiva y conceptualmente el comercio sexual con la trata, lo que produce una confusión generalizada. Lo que vulnera a las mujeres es no tener derechos y vulnera también la ausencia de empleos flexibles donde puedan ganar lo que se gana en el trabajo sexual.
El problema para la ministra es explicarnos por qué el trabajo sexual es la manera en que miles de mujeres logran el mejor ingreso, además con una flexibilidad que les permite conciliar su vida familiar. ¿Dónde está su contrapropuesta de oportunidades laborales en las que se gane bien con flexibilidad? La reacción del gobierno ante la organización sindical de lxs trabajadorxs suscitó que dos organizaciones feministas, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, interpusieran una demanda para ilegalizar al sindicato Otras.

Un primer manifiesto, titulado “El feminismo ha sido abolicionista desde su raíz”, respaldaba las dos demandas, pero no tardó en aparecer otro titulado “El feminismo no tiene una sola voz en el debate sobre la prostitución”, donde se precisaba que no todas las feministas son abolicionistas y se solicitaba a esas organizaciones feministas la retirada sus demandas. Este manifiesto fue suscrito ya por más de mil 500 personas, entre las que destacan feministas de la talla de Nancy Fraser, Rita Laura Segato, Naila Kabeer, Silvia Federici y Janet Halley. De México aparecen Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Carmen Boullosa, María Pía Lara y varias más.
En él se reivindica la enorme diversidad de posiciones y de sensibilidades feministas respecto al comercio sexual y se pide que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico, entre otras–. También se propone un espacio de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas en igualdad de condiciones.

No debe impedirse la organización libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. Lo que está en juego es el día a día de muchas personas que encuentran en el trabajo sexual su medio de vida sin la cobertura ni protección mínima de derechos. Es imprescindible que las trabajadoras sexuales tengan voz en este debate y se les reconozca capacidad de agencia sobre sus decisiones vitales (reconociendo la pluralidad de experiencias de quienes se dedican a esta actividad, dentro de los límites que impone la necesidad de trabajar y las escasas opciones disponibles para muchas). La sindicalización les permitirá reclamar mejores condiciones de trabajo a los dueños de los establecimientos y hoteles.
El sindicato Otras señala que en España la actividad económica que genera el trabajo sexual (bajo múltiples modalidades) y su legalidad se encuentran avaladas jurídicamente, como se refleja en múltiples sentencias tanto nacionales como europeas. Por tanto, privar del derecho fundamental a constituir sindicatos y afiliarse a ellos a las personas que prestan servicios en esta actividad –también servicios telefónicos o vía web, actores y actrices, etcétera– supone un ataque frontal a un derecho democrático básico del sistema constitucional. Sindicalizarse es un derecho consolidado tras siglos de lucha y resulta lamentable que organizaciones feministas emprendan acciones legales en contra de este derecho.
Sin duda hay muchos tipos de trabajadoras sexuales y también hay distintas personas y organizaciones que están implicadas en el negocio del comercio sexual, algunas de ellas con turbias e ilegales prácticas. Pero precisamente lo que una organización sindical como Otras pretende es fortalecer a las mujeres para que no caigan en manos de las mafias, para que puedan exigir mejores condiciones y defenderse grupalmente. El trabajo sexual es la ocupación mejor remunerada que consiguen muchísimas personas frente a los brutales cambios económicos que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo, que genera precarización laboral, desempleo prolongado y salarios míseros. Más que abolir el comercio sexual, hay que cambiar el sistema socioeconómico. Mientras tanto, hay que apoyar la organización política sindical de lxs trabajadorxs sexuales. 
Este análisis se publicó el 18 de noviembre de 2018 en la edición 2194 de la revista Proceso.

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