En pos de una verdadera reforma laboral
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En el periodo de
transición de 2012, a tres meses de concluir su gobierno, el panista
Felipe Calderón Hinojosa envió al Congreso una iniciativa de reforma
laboral con carácter de “preferente” que puso en alerta al sindicalismo
independiente del país por los riesgos que implicaba a los derechos
laborales de millones de trabajadores, esta imposición fue apoyada por
legisladores del PRI.
Como sucedió de manera recurrente con el
amasiato de neoliberales panistas y priístas, nunca se escuchó a los
directamente afectados; es decir, a los trabajadores ni tampoco a los
sindicatos y a los expertos en derecho laboral que advirtieron del
franco retroceso que significaba aprobar de manera irresponsable una
reforma con marcados tintes empresariales.
Un traje hecho a la medida de los
intereses del capital que borró de un plumazo las conquistas laborales
plasmadas en la Constitución de 1917 y que en su artículo 123 establece
el derecho a huelga, a la seguridad social y un salario remunerador que
permitiera a los trabajadores otorgar un nivel de vida decoroso a sus
familias.
En la iniciativa de Calderón, mejor
conocida en su momento como Ley Lozano por atribuirse la paternidad de
tal estropicio jurídico al exsecretario del Trabajo, Javier Lozano
Alarcón, se dejaban intactos los cimientos del corporativismo priísta,
así como la inmunidad de los contratos de protección y, en aras de
flexibilizar el mercado laboral, se permitía la existencia de contratos
de prueba y capacitación inicial, la legalización de las tercerizadoras y
su modelo de encubierta esclavitud plasmado en las outsourcings.
Cuando de la mano de PRI y PAN votaron
de forma mayoritaria por esta contrarreforma en perjuicio de millones de
trabajadores, no tuvieron empacho en asegurar que se fomentarían
empleos estables y bien remunerados, lo que fue una broma de mal gusto
si se toma en cuenta que Calderón, el fallido presidente del empleo, se
preocupó más por bañar de sangre al país en su guerra contra el
narcotráfico, que en fomentar el trabajo digno y respetar las fuentes de
empleo; la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que envío de la noche
a la mañana a la cesantía a 44 mil agremiados del SME, y el inesperado
cierre de Mexicana de Aviación fueron dos de los casos más
representativos que auguraban malos tiempos para la clase trabajadora
del país.
Al tomar posesión el primero de
diciembre del 2012, Enrique Peña Nieto dio la instrucción de iniciar sin
dilaciones la aplicación de la reforma laboral que al final de su
sexenio quedó a deber, como Calderón, las promesas de más empleos y
mejores condiciones de vida para los mexicanos, su gobierno terminó
embrollado con las leyes secundarias que deberían regular su propia
reforma aprobada en febrero de 2017 en el Congreso.
Como se recordará, la pasada
administración elaboró la reforma de 2017 como una condición y
requerimiento para negociar el llamado TPP, Acuerdo Transpacífico, que
se vino abajo con la llegada de Donald Trump a la presidencia
estadunidense. De hecho, en diciembre de 2017, los entonces senadores
priístas Isaías González Cuevas, de la CROC, y Tereso Medina, de la CTM,
buscaron dar un madruguete legislativo proponiendo una iniciativa para
echar a andar esta reforma en condiciones todavía más lesivas que las de
la contrarreforma panista de 2012.
La traición a la clase trabajadora fue
de tal gravedad que incluso al interior del feudo cetemista se pidió la
expulsión de Tereso Medina. Al final este nuevo atentado a los
trabajadores no caminó y quedó varado en el Congreso, como también la
ratificación del Convenio 98 de la OIT, relativo a libre sindicalización
y a la negociación colectiva.
Tras los resultados electorales de julio
pasado, el anquilosado esquema político se vino abajo abriendo las
puertas a un nuevo modelo de gobierno que obtuvo no únicamente la
Presidencia de la República, sino la mayoría en el Congreso, lo que ha
permitido la ratificación del Convenio 98 y preparar la ley secundaria
pendiente de aprobarse desde 2017.
En este nuevo esquema, el capítulo
laboral establecido en el contenido del nuevo tratado comercial entre
México, Estados Unidos y Canadá T-MEC, viene a delinear buena parte del
contenido de la iniciativa que presentarán al respecto los legisladores
de Morena.
En su Anexo 23-A, establece que México deberá incluir en su legislación disposiciones tales como:
– El derecho de los trabajadores a
participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al
sindicato de su elección sin la interferencia de los patrones en las
actividades sindicales.
– La creación de un órgano independiente encargado de la conciliación y el registro de los contratos colectivos de trabajo.
– La participación de los trabajadores en la elección de líderes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.
– Para el registro inicial de un
contrato colectivo de trabajo, el órgano independiente creado deberá
verificar que el centro de trabajo esté en operaciones, que los
trabajadores hayan tenido acceso a una copia del contrato y que la
mayoría de los trabajadores estén de acuerdo en la celebración del
contrato.
– Para las futuras revisiones de los
contratos colectivos de trabajo, incluyendo los que estén actualmente
depositados, se deberá acreditar el apoyo de la mayoría de los
trabajadores del centro de trabajo.
De igual forma, obliga a revisar por lo
menos una vez dentro de los siguientes cuatro años a la entrada en vigor
de la legislación, todos los contratos colectivos de trabajo. Lo que en
la práctica implicaría revisar unos 21 mil contratos.
Debe enfatizarse, por ello, que además
de la responsabilidad de los legisladores de Morena para elaborar una
ley acorde con lo peticionado en el T-MEC, y encaminada a resarcir el
retroceso en las conquistas de la clase trabajadora, deben consultar y
pedir la opinión tanto de sindicatos independientes como de diversas
organizaciones sociales y expertos en la materia.
Es hora de que la clase trabajadora
emita su punto de vista y haga valer sus derechos para recuperar lo que
el bipartidismo neoliberal le arrebató al imponerle esquemas como las
outsourcings, que se han convertido en fábricas encubiertas de esclavos,
sin estabilidad laboral ni acceso a la seguridad social. Llegó el
momento de sepultar la contrarreforma panista.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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