Estados Unidos: errante e inhumana política de inmigración
Washington,
Estados Unidos. Constantes muestras de rechazo a polémicas decisiones en
temas migratorios de la administración del presidente Donald Trump
marcaron el 2018 en Estados Unidos, que se mantiene como destino de
muchas personas pese al mandatario.
Desde su cuenta personal de la red
social Twitter y otros espacios, el gobernante norteamericano lanzó
disímiles ataques verbales contra los inmigrantes sin documentos y
criticó a quienes se oponen a su severa política de seguridad
fronteriza.
Sin embargo, hubo medidas oficiales que
fueron frenadas por la justicia, y los afectados previamente encontraron
alguna esperanza en medio de la incertidumbre y la desesperación.
Por ejemplo, el gobierno estadunidense
solicitó a la Corte Suprema el 11 de diciembre imponer el decreto
ejecutivo contra la posibilidad de obtener asilo para quienes entren
ilegalmente a Estados Unidos, el cual fue bloqueado en tribunales
inferiores.
Una decena de días después de tal
pedido, la máxima instancia judicial rechazó la demanda gracias a cinco
votos a favor y cuatro en contra, incluidos en el último grupo los dos
jueces conservadores nombrados por Trump (Neil Gorsuch y Brett
Kavanaugh).
Según el Departamento de Justicia, la
disposición de Trump del 9 de noviembre, debía aplicarse de inmediato
para disuadir a miles de centroamericanos que se encuentran en la
frontera con México en busca de dicho permiso.
Con una votación dividida de 2-1, la
Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, asentada en San Francisco,
California, se rehusó a permitir la iniciativa del gobernante
republicano.
La prohibición del mandatario resulta
discordante con las leyes federales existentes y un intento por eludir
al Congreso, determinó el panel.
Antes, el 19 de noviembre, el magistrado
federal John Tigar, también de San Francisco, detuvo de manera temporal
la disposición de Trump, quien justificó la orden con su propósito de
evitar la entrada de miembros de caravanas de migrantes
centroamericanos.
Mediante la disposición del presidente,
solo quienes ingresen a territorio estadunidense por pasos fronterizos
oficiales podrían solicitar asilo.
Tigar se pronunció tras una demanda
interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los
migrantes, e indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965
establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, sea o no
a través de un puerto de ingreso, puede pedir el permiso.
De la misma manera, el juez federal
Emmet Sullivan bloqueó el 19 de diciembre una disposición de la
administración destinada a rechazar a solicitantes de asilo que alegan
haber sufrido violencia doméstica o de pandillas.
El magistrado, de Washington, DC,
consideró como una violación de la ley federal de inmigración las
medidas que impiden reconocerles a las presuntas víctimas un “temor
creíble” de regresar a su país de origen, el primer paso en un pedido de
dicho tipo.
La decisión de Sullivan prohibió al
gobierno deportar rápidamente a los solicitantes de tal protección, y el
juez expuso que las políticas al respecto emitidas en junio por el
entonces fiscal general, Jeff Sessions, se opusieron a la intención del
Congreso y eran ilegales.
También ordenó a las autoridades
federales regresar a Estados Unidos a los demandantes que fueron
deportados ilegalmente y proporcionarles nuevas determinaciones de temor
creíbles que concuerden con las leyes de inmigración.
Sessions dio a conocer el 11 de junio
que pondrían en práctica una nueva interpretación de las reglas de
asilo, con el argumento de que los inmigrantes indocumentados abusaban
de ese sistema.
Bajo la interpretación de la ley hasta
ese momento, los ciudadanos extranjeros podían pedir dicha protección si
llegaban a Estados Unidos y alegaban miedo al regreso debido a
persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a
un grupo social u opinión política en particular.
En ese contexto, el Gobierno
estadounidense confirmó el 20 de diciembre su decisión de regresar a
México a los inmigrantes que crucen sin documentos la frontera entre
ambos países, incluidos los solicitantes de asilo.
Según un comunicado de la secretaria de
Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, la administración estadunidense
confrontará esta crisis de frente.
Defenderemos la ley y fortaleceremos
nuestros compromisos humanitarios, afirmó la funcionaria, quien explicó
que Washington informó esta decisión a México, que implementará medidas a
favor de las mencionadas personas.
Muerte de niños guatemaltecos
Por otra parte, en diciembre también,
indignó a la opinión pública la muerte de dos niños inmigrantes
guatemaltecos de 7 y 8 años de edad bajo la custodia de autoridades
estadunidenses.
El problema comenzó cuando la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza violó la ley y no notificó al Congreso
dentro de las 24 horas estipuladas que la menor Jakelin Caal había
fallecido bajo su responsabilidad, subrayó en conferencia de prensa
Joaquín Castro, representante demócrata por Texas.
Junto a varios congresistas, Castro
visitó el 18 de diciembre el puerto de entrada de Antelope Wells y la
estación de la Patrulla Fronteriza de Lordsburg, en Nuevo México.
Por ese punto de acceso ingresó la
pequeña guatemalteca a Estados Unidos y quedó en custodia de los agentes
previo a su fallecimiento el 8 de diciembre.
De acuerdo con un comunicado de la Patrulla Fronteriza, del cual informó el periódico The Washington Post el 13 de diciembre, la menor llevaba varios días sin comer o tomar agua en el momento de su detención.
Castro mencionó que sostuvo una
conversación con Kevin McAleenan, comisionado de Aduanas y Protección
Fronteriza, quien admitió que la agencia violó la ley federal.
También descubrí en ese diálogo que hubo
otros hechos: durante el viaje en autobús para ser procesada, de unos
150 kilómetros, en el cual la menor comenzó a presentar síntomas graves
de falla física, no había nadie que pudiera ofrecerle ningún tipo de
ayuda médica, explicó.
Posteriormente, dicha oficina informó
que otro niño guatemalteco murió el 25 de diciembre en un hospital de
Alamogordo, Nuevo México, adonde él y su padre fueron trasladados un día
antes pues un agente vio lo que parecían ser signos de enfermedad.
Al principio se pensó que el chico, cuyo
nombre no fue mencionado, tenía un resfriado común, lo llevaron a la
institución médica y allí el personal descubrió que también poseía
fiebre.
Fue retenido durante 90 minutos
adicionales para observación y recibió el alta con recetas del
antibiótico amoxicilina e ibuprofeno, que a menudo se usa para aliviar
el dolor y reducir la fiebre, reportaron medios locales.
Sin embargo, en la noche del 24 de
diciembre sintió náuseas y tuvo vómitos, lo que condujo a las
autoridades fronterizas a llevarlo de regreso al Centro Médico Regional
Gerald Champion, donde pereció.
Niños separados de sus padres
Debido a la rechazada política de
“tolerancia cero” hacia inmigrantes sin documentos, 2 mil 667 pequeños
fueron separados de sus padres, y varias imágenes sobre esa situación
publicadas por medios de prensa desataron innumerables críticas contra
Trump.
Un informe difundido por el Departamento
de Salud y Servicios Humanos a fines de noviembre puntualizó que 147
menores se encontraban entonces bajo custodia federal casi 5 meses
después de una orden judicial para la reunificación familiar.
La fuente expuso que los padres de 30
niños fueron declarados no elegibles para la unión teniendo en cuenta
sus antecedentes penales, aunque algunos, a juicio de organismos
civiles, cometieron faltas menores sin afectar su capacidad para cuidar a
los descendientes.
Precisó además que los progenitores de
los restantes 117 chicos fueron deportados a sus naciones de origen, y
11 no habían sido localizados.
Siete padres pidieron que los hijos
regresaran a su lado, y 99 renunciaron a los derechos de reunificación y
solicitaron que sus descendientes permanezcan en Estados Unidos para
evitar exponerlos a las existentes condiciones de violencia en sus
países.
Aplicada desde mayo último pese al
rechazo a nivel nacional y foráneo, la política de “tolerancia cero”
estableció que cualquier detenido al cruzar ilegalmente la línea
divisoria entre Estados Unidos y México fuera acusado de cargos
criminales.
Frente a la presión de diversas voces y
con el fin de frenar la división familiar, Trump firmó el 20 de junio
una orden ejecutiva, pero quedaron fuera de la disposición quienes
habían sufrido la práctica.
Menos de una semana después, el juez
federal Dana Sabraw, de San Diego, California, ordenó al gobierno que
procediera de inmediato con la reunificación de familias separadas, pero
los plazos dados se cumplieron sin lograr el objetivo de manera total.
Muro fronterizo
Reiteradas veces en 2018, Trump insistió
en la importancia de edificar la mencionada barrera fronteriza, una de
sus promesas de campaña rumbo a la Casa Blanca, la cual siguió
acaparando rechazo.
Para los trabajos de esa obra, el
presidente solicitó 5 mil millones de dólares, y amenazó con permitir un
cierre del gobierno si esa suma no era incluida en las leyes de gastos
que debían aprobarse a finales de año.
Sin embargo, el 21 de diciembre, cuando
se cumplía el plazo para financiar una parte de la administración, el
Senado falló en alcanzar un acuerdo sobre una propuesta de la Cámara de
Representantes que autorizó 5.7 mil millones de dólares destinados al
muro.
Tal falta de acuerdo provocó la
paralización de actividades en la cuarta parte de las entidades
federales, entre ellas los departamentos de Seguridad Nacional,
Justicia, Estado, Interior, Agricultura, Comercio, y Vivienda y
Desarrollo Urbano.
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