Cooperativa Cruz Azul: Billy Álvarez a la barandilla
Sin el manto protector de que gozó con los gobiernos priístas y panistas, el presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo, Billy
Álvarez Cuevas, y su grupo de incondicionales con los cuales ha
manejado a su libre albedrío e intereses personales la tercera cementera
del país, así como diversas empresas, incluido el equipo de fútbol de
la primera división, sin rendir cuentas a socios, se encuentra ahora en
un verdadero callejón sin salida.
Investigaciones periodísticas y de
transparencia han sacado a la luz la versión de lo que puede
considerarse una nueva “estafa maestra” pero ahora cometida contra los
intereses de más de 800 cooperativistas que a través de los años han
enfrentado represiones de todo tipo al exigir al grupo de Billy
Álvarez explicaciones sobre la opacidad en que se ha manejado el
patrimonio y recursos forjados a lo largo de 80 años de existencia, 54
de los cuales la familia Álvarez ha ejercido el control casi absoluto de
la cooperativa –una de las más longevas del país– surgida en 1931
cuando el gobierno federal decidió entregar la planta cementera de
Jasso, Hidalgo, a los trabajadores ante el incumplimiento del contrato
por parte de la firma inglesa que entonces la operaba.
Desde que en 2009 Carlos Terroba, uno de los hombres cercanos a los hermanos Álvarez Cuevas, Billy
y Alfredo, fuera despedido como asesor financiero de la cooperativa,
apareció la madeja de las revelaciones que ahora han cimbrado su férreo
cacicazgo. Terroba declaró ante cooperativistas en una asamblea de
septiembre de 2009, que existía una empresa de nombre Blue Eagle Re,
creada en 1992 para transferir fondos a paraísos fiscales como las Islas
Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.
Esto es que apenas a 4 años de haber tomado las riendas de la cooperativa, Billy
Álvarez y sus incondicionales urdieron tal andamiaje financiero a
espaldas de los socios para sacar del país millones de dólares,
cometiendo un indudable fraude fiscal. En otras palabras, un lavado de
dinero con evasión de impuestos, incluida.
En las indagatorias que ahora saltan a
la palestra de la corrupción nacional, hay irrefutables pruebas que
aparecieron tras la revelación de los llamados Paradise Paper. Y si bien
Billy y sus socios desaparecieron ambas empresas en 2011,
tendrán mucho que explicar a las autoridades mexicanas sobre la
triangulación ilegal de los recursos de la cooperativa al extranjero.
Pero sobre todo, dar santo y seña sobre el paradero de los cuantiosos
recursos.
Terroba expuso a los azorados asistentes
que otra firma, de nombre Lummar H, era parte de las triangulaciones de
las ganancias de la cooperativa cuyos montos nunca fueron informados a
los socios, y menos aparecían en los informes que de manera sesgada se
les proporcionaban. Del tal forma que los directamente interesados, y
afectados, se enteraron de la “estafa maestra” en su contra, 17 años
después.
Lo denunciado por el exasesor avivó la
creciente inconformidad que ya existía en la década pasada al interior
del organismo gremial; en septiembre del 2007, Alfredo Álvarez Cuevas,
entonces director comercial, trató de intimidar a la creciente
disidencia que le exigía una verdadera democracia interna, entablando
denuncias por “daño moral” en contra de aquellos que alzaron la voz
contra sus imposiciones en la elección de cargos dentro de la
cooperativa.
Desde entonces, trascendió que los
hermanos Álvarez y su séquito manejaban grupos de choque al interior de
la cooperativa con el fin de reprimir a aquellos que les exigían cuentas
sobre el manejo de los recursos. Alfredo fracasó en su intento y en dos
instancias autoridades jueces y magistrados le echaron abajo su intento
por amedrentar a los inconformes. Eso sí, los honorarios de los
costosos abogados fueron pagados con el dinero de los cooperativistas.
Protegido por la impunidad de los
regímenes priístas, Billy Álvarez gozó además de las mieles del poder al
haber accedido a una diputación por un distrito de Tula, de 1994 a
1997, durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Lo mismo supo congratularse
con los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) para que las
denuncias en su contra no avanzaran.
Empero, sin el halo protector del pasado
las cosas apuntan a cambiar radicalmente en el plano legal luego de que
el pasado primero de abril, un numeroso grupo de cooperativistas
dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, presentó una
demanda formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la
presunción de delitos como el lavado de dinero.
De hecho, desde 2011 una asamblea lo
destituyó como Director General de la Cruz Azul; luego de varios juicios
la decisión mayoritaria de los socios fue ratificada por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero a base de “chicanadas” y
apelaciones, Guillermo Álvarez ha evadido tal resolución.
En la investigación difundida por
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se desprende que
en 2016 y 2017 curiosamente los directivos de la cooperativa contrataron
los servicios de 15 empresas para realizar servicios de “consultoría”,
“relaciones públicas”, “procesos administrativos” y “manejo de
presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento”.
Los molestos socios se han enterado
además que estas firmas despiertan muchas sospechas tanto en su
constitución como operación, lo mismo que en el nombre de sus apoderados
legales, aparecieron en un mismo nombre en más de dos de ellas, amén de
haber quedado registradas ante notarios de Puebla y ubicando sus
oficinas en sitios como Metepec, Estado de México. Nuevamente en la
mayor de las opacidades, se les pagó más de 190 millones de pesos a
estas empresas, sin que los cooperativistas tuvieran conocimiento alguno
al respecto. De hecho, desde hace años no han recibido informes
detallados sobre el informe que guardan las empresas del Grupo Cruz
Azul.
Los socios han salido a las calles de la
Ciudad de México junto con sus familias para exigir justicia contra la
mafia que controla a la tercera cementera del país e infinidad de
empresas, como un hotel de cinco estrellas en Ixtapa-Zihuatanejo, pero
sobre todo para defender la esencia del corporativismo que terminó
siendo torcida y abusada por un grupúsculo que debe ser castigado
conforme a la ley.
La nueva “estafa maestra” que ya es del conocimiento público pone de manifiesto que en los gobiernos del PRIAN
la corrupción e impunidad, de la que gozaron personajes como los
hermanos Álvarez Cuevas, fue gracias a la complacencia de las altas
esferas del poder.
Martín Esparza**Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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