La Guardia Nacional y los territorios zapatistas
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El despliegue
militar en marcha es el más grande en la historia del país. Para el
nuevo gobierno es absolutamente necesario. Y no sólo para el nuevo
gobierno: para toda la oligarquía y la llamada “clase política” de todos
los colores del espectro electoral. La nueva Fuerza Armada fue
instaurada con la “histórica” aprobación unánime de todas las bancadas
representadas en el Poder Legislativo federal. Las legislaturas de los
32 estados de la República dieron también su aval de inmediato, con lo
que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decretó
la creación de la Guardia Nacional el pasado 26 de marzo.
Este jueves, de nueva cuenta, de manera
unánime, los legisladores federales (senadores y diputados) concluyeron
la aprobaron de las leyes reglamentarias de la misma Guardia Nacional.
Es decir, “hay consenso” entre quienes gobiernan y disputan el poder
acerca de desplegar por todo el territorio nacional a los efectivos
militares. Y hay consenso entre los poderes fácticos: las cámaras
empresariales, los consorcios mediáticos, los grupos financieros y,
entre otros, la jerarquía eclesiástica celebraron la instauración de la
nueva Fuerza y desearon que, por el bien de la nación, tenga éxito en el
combate al crimen y en la instauración de la paz.
Como hemos dicho en este espacio, la
confrontación real del gobierno de López Obrador no es con sus
adversarios panistas, priístas, perredistas, empresarios, financieros o
ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Existe, pero en lo
fundamental sabrán llegar a acuerdos, como el del despliegue militar en
toda la República.
Es de reconocerse que el combate a la
corrupción no es menor: generará importantes fricciones entre algunos
grupos que habían abusado hasta la obscenidad de los recursos públicos.
Sólo un ejemplo: como lo reveló Contralínea en la columna Oficio de Papel,
Televisa recibió el sexenio pasado más de 9 mil millones de pesos
oficialmente por publicidad gubernamental. A ello hay que sumar lo que
recibió por otros “servicios” brindados al gobierno de Enrique Peña
Nieto y, el colmo, la devolución millonaria –documentada por Reforma–
de impuestos a la propia empresa y a otras de su mismo grupo, como la
televisión satelital Sky y el club de futbol profesional Águilas del
América.
Sí es importante el combate a la
corrupción pero por sí solo no cambiará la relación entre explotadores y
explotados. La estructura generadora de desigualdad económica social
quedará intacta.
La creación de la Guardia Nacional
implicó intervenir 12 artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Dicho sea de paso, esta legislación promueve
que se armen las personas bajo el argumento de preservar su seguridad.
El Artículo 10 de la Carta Magna mexicana dice ahora: “Los habitantes de
los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su
domicilio, para su seguridad y legítima defensa […]”.
En la Constitución y en las leyes
reglamentarias se insiste en que el nuevo cuerpo es de carácter policial
y civil. Pero en los artículos transitorios queda establecido que estas
tropas provendrán principalmente de la Policía Militar y de la Policía
Naval. En menor medida, de lo que queda de la Policía Federal. Es decir,
ayer eran militares y hoy, adscritos a la Guardia Nacional, son
civiles. Como si un cambio de uniforme bastara para transformar a un
militar en un policía. Además, el quinto transitorio autoriza al
presidente de la República para disponer del Ejército Mexicano, la
Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana para realizar tareas de
seguridad pública.
Estamos hablando de un despliegue que ha
iniciado con 50 mil efectivos y que llegará a 110 mil. Y, como ha
insistido Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, en este despliegue, los elementos no regresarán a sus
batallones después de realizar operativos. Se quedarán ahí, en las
plazas, “recuperando” el territorio nacional.
El comandante de la Guardia es el
general de brigada Luis Rodríguez Bucio, con credenciales de experto en
inteligencia y combate al narcotráfico. El estado mayor de la nueva
Fuerza se completa con un representante del Ejército (el general de
brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez), uno de la Armada (el
contralmirante de infantería de marina, Gabriel García Chávez) y una de
la Policía Federal (la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo
Mariel).
El reportero José Réyez reveló en Contralínea
el despliegue que la Guardia Nacional alcanzará en 3 años a través de
266 coordinaciones en que la nueva Fuerza dividió al país. De ellas, 216
estarán a cargo de militares de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y 34 de la Secretaría de Marina (Semar). Y apenas 16, de la
Policía Federal.
Entre las 266 coordinaciones donde se
asentará la Guardia Nacional se contempla a las comunidades de los
municipios autónomos zapatistas. Esta nueva Fuerza, por lo menos en el
mapa, plantea instaurarse en el corazón del movimiento zapatista y el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Incluso, de la información puede
desprenderse qué coordinaciones de la Guardia serán y quiénes estarán a
cargo. Se trata de la “entidad Chiapas 1” con cuatro coodinaciones
regionales. Los cuarteles estarán en San Cristóbal de las Casas, donde
el “enlace militar” es el coronel de infantería Vicente Dimayuga
Canales; Comitán de Domínguez, con el coronel de caballería Carlos
Alberto Rojas Martínez; Huehuetán, con el general de brigada Jaime
Contreras Chávez, y las Margaritas, a cargo del coronel de infantería
Arturo Carrizales Huerta.
La “entidad Chiapas 2” también contará
con cuatro coordinaciones cuyos “enlaces militares” son el coronel de
infantería Avigail Vargas Tirado, el teniente coronel de infantería
Edilberto Jasso Godoy, el coronel de infantería Rodolfo Díaz Navarro y
el coronel de Artillería Isaac Guzmán Rojas. Los cuarteles estarán en
Ocosingo, Palenque, Pichucalco y Bochil, repectivamente.
El cerco militar sobre los zapatistas se estrechará.
También se creó la “entidad Chiapas 3” en el Sur del estado donde no hay comunidades autónomas zapatistas.
La región de influencia zapatista tendrá
más cuarteles que otras regiones con altos índices de violencia, a
pesar de que en el propio documento se establece que los índices
delictivos en los territorios autónomos son de los más bajos del país.
López Obrador ha insisitido en que, como
gobernante, no es de izquierda ni de derecha, sino “liberal”. Su lucha
es contra los “conservadores”, como aquella del siglo XIX, cuando las
dos grandes facciones se disputaban el territorio. Al triunfo de los
liberales se instauró un gobierno fuerte que “recuperó” para el Estado
liberal todas las regiones.
Probablemente, en la visión de López
Obrador se deben “recuperar” todos los territorios. Y no sólo los que
están en manos de la delincuencia, sino aquellos con comunidades
antistémicas, ajenas a lo que consideran el Estado burgués mexicano. Al
parecer, la guerra en Chiapas no está cancelada.
Zósimo CamachoFuente
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