UNAM sanciona a 500 agresores de mujeres, y sigue juicio a otros 450
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Denuncias de estudiantes, académicas y trabajadoras, así como paros en escuelas para demandar justicia, revelan que la UNAM, el IPN y la ENAH carecen de herramientas para prevenir hostigamiento sexual, acoso, violaciones y hasta feminicidios en sus instalaciones. Ninguna institución dice con claridad cuáles son los límites de la relación profesor-alumno, lo que fomenta “amistades”, “noviazgos” y violencia sexual. En este primer reportaje, el caso de la Universidad: en 3 años, identificados 499 agresores
Primera de tres partes.
De 950 denuncias por violencia de género
que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió entre
agosto de 2016 y agosto de 2019, se identificaron a 499 agresores. La
máxima casa de estudios del país admite que, en muchos casos, éstos
ejercieron más de un tipo de violencia contra sus víctimas.
Por ello se establecieron las siguientes
sanciones: 119 recisiones de contrato; 17 expulsiones; nueve no
renovaciones del contrato por honorarios; 180 suspensiones; 104
amonestaciones; 18 exhortos; 16 firmas de carta-compromiso; 20 acuerdos
entre las partes; dos actas administrativas.
Además, en esos 3 años, otros 22 casos
fueron declarados insubsistentes porque –antes de que se concluyeran los
procedimientos– los presuntos responsables murieron accidental o
intencionalmente, renunciaron, se jubilaron o los corrieron por otras
causas.
Todos los casos sancionados fueron por
agresiones consumadas, puesto que la UNAM es una de las tres
universidades públicas más importantes del país que carece de
herramientas preventivas para el hostigamiento, acoso y demás formas de
violencia sexual y de género en sus instalaciones. Las otras dos son el
Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e
Historia.
Aunque la máxima casa de estudios del
país sí cuenta con un protocolo contra la violencia de género y el IPN
emplea uno de la Secretaría de Educación Pública, ambos mecanismos son
“ilusorios”, opinan expertas, pues no han resuelto las problemáticas que
se presentan en las aulas y demás recintos universitarios.
En lo que respecta a la ENAH, alumnas
denuncian la desaparición del Protocolo para la Atención a Víctimas de
Violencia de Género en la actual administración de Julieta Valle
Esquivel, directora de la institución desde 2016, por lo que las mismas
estudiantes, junto con académicas y trabajadoras, elaboraron una
propuesta de mecanismo para atender a quienes fueron víctimas de tales
delitos, pero ésta fue rechazada.
El caso de la UNAM
El problema en la UNAM ya ha sido reconocido por las propias autoridades, al señalar que desde
2016 “impulsó un protocolo para la debida atención de estos casos.
Desde entonces, dicho instrumento ha sido modificado para actualizarlo y
dar una mayor visibilidad al problema. Sin embargo, es claro que hay
mucho por mejorar”; ello, en respuesta a los paros en noviembre en las
facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y
Cuautitlán, en demanda de justicia para los casos de violencia sexual en
esas escuelas.
Datos de la abogada general de la
Universidad, Mónica González Contró, indican que en 3 años –desde su
instrumentación, el 29 de agosto de 2016, y hasta agosto de 2019– se
registraron 950 denuncias en el marco del Protocolo para la Atención de
Casos de Violencia de Género de la UNAM; lo que significó un aumento de 1
mil por ciento, pues en más de 13 años –de enero de 2003 al 28 de
agosto de 2016– se habían recibido sólo 396 denuncias de este tipo.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el
hostigamiento es “el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos
laboral y/o escolar”. Y el acoso es el ejercicio de poder “en una
relación simétrica entre pares”, explica a Contralínea
Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género de
México. Ambos fenómenos se presentan en Preparatorias, Colegios de
Ciencias y Humanidades, Facultades, escuelas, Institutos y demás
espacios universitarios, como sus museos.
Además del temor a denunciar, el
desconocimiento de los conceptos así como de los instrumentos de
acompañamiento y de denuncias es uno de los principales problemas. Ello
responde al lenguaje “técnico” con el que están escritos los protocolos,
apunta Yolitzin Sillas Rangel, abogada por la Universidad de
Aguascalientes.
Otro impedimento es que su difusión es
escasa, señala Buggs Lomelí, psicóloga clínica por la Universidad de las
Américas. Agrega que esa poca difusión de los mecanismos y la nula
existencia de herramientas preventivas es porque a ninguna institución
académica “le conviene que la sociedad sepa que dentro de sus
instalaciones hay situaciones de hostigamiento, acoso, violación y hasta
feminicidios”.
La FCPS
Al lenguaje técnico y la escasa difusión
se suman la falta de empatía y sensibilidad y, lo peor, impunidad. Es
por ello que 11 escuelas de la Universidad se fueron a paro en demanda
de una solución real. Las más combativas han sido la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán, que desde el 23 de octubre frenó
actividades y aún no reanuda; la Facultad de Filosofía y Letras, desde
el 4 de noviembre; y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En este último caso, por ejemplo,
maestros señalados como presuntamente hostigadores siguen impartiendo
clases, explicaron alumnas del plantel en una de las manifestaciones que
han estado realizando en este 2019 y que mantuvo un paro de 10 días
–del 5 al 15 de noviembre– para visibilizar que el problema es grave.
El tema es de fondo y no de forma: las
autoridades de la Facultad sólo atienden denuncias formales y no
anónimas, como las hechas a través de los llamados tendederos
(pancartas que exhiben los nombres de los presuntos agresores, así como
los actos de los que se les avisa, que se pegan en lugares públicos de
la propia escuela, como la cafetería) y las redes sociales (por ejemplo,
del movimiento #MeToo).
Ello no sólo implica que siempre sea la
palabra de la estudiante frente a la del maestro, sino también que no
haya un mecanismo preventivo: todos los actos que se investigan son
consumados. Y a esto se suma que las autoridades privilegian la
presunción de inocencia del acusado y el “debido proceso”, que implica
la presentación de pruebas y testigos en una relación asimétrica y de
poder.
Para la abogada Yolitzin Sillas, el
respeto de igualdad entre las partes es de suma importancia porque en la
violencia de género nunca se estará en igualdad de condiciones, por el
poder ejercido contra la víctima.
El 8 de noviembre de 2019, la Facultad
admitió que la administración de la doctora Angélica Cuéllar ha
rescindido “contratos a profesores, trabajadores y administrativos que
fueron denunciados ante la Unidad Jurídica”, en el marco del Protocolo,
sin precisar cuántos. Ello evidencia que se comprobaron los hechos de
violencia de género que durante años han señalado las estudiantes de esa
institución.
Mas aún, en la máxima casa de estudios
del país, los directores de las facultades y escuelas no pueden
rescindir el contrato de trabajo a los docentes si no hay denuncias
formales y una investigación judicial, explica a este semanario Octavio
Solís, consejero universitario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
Por ello, los presuntos hostigadores “vuelven a impartir clases”.
Ante la ausencia de dicho procedimiento,
las autoridades “hacen como que no les quieren dar grupos” y no les
renuevan contratos, para no tener problemas políticos y limpiar la imagen institucional, agrega.
Según el área jurídica de Ciencias
Políticas, la Oficina de la Abogada General de la UNAM es la primera
instancia a donde puede acudir una presunta víctima de violencia sexual.
En el caso de proseguir con una queja, la probable víctima llena un
formato para registrar sus datos.
De acuerdo con el abogado Alfonso Lozano
Rebollo, miembro del Jurídico de esa Facultad: “se investiga hasta dar
con el agresor, porque regularmente son hombres”. Incluso, de ser
necesario, los casos son llevados a audiencia en el Tribunal
Universitario (última instancia a la que se llega en la Universidad). En
la audiencia se reúnen el o la decano de la escuela, los consejeros de
la facultad, el tribunal y los implicados (el acusado para defenderse).
No obstante, estudiantes miembros de la
colectiva feminista de la NO-FCPyS acusaron, en un comunicado, a la
administración de la doctora Angélica Cuéllar de no “erradicar la
violencia de género” en la Facultad.
Las estudiantes señalaron el trato de
los abogados como “revictimizante”, además de que “hacen más lentos los
procesos de denuncia y entorpecen la impartición de justicia”: buscan
“convencer” a las víctimas de desistir del proceso y notifican primero
al denunciado sobre los resultados del caso.
Protocolo de la UNAM, burocrático y revictimizante
La abogada Yolitzin Sillas observa que
el origen del problema es el propio Protocolo para la atención de casos
de violencia de género de la UNAM, porque carece de claridad: su
lenguaje es muy “técnico”; además de ser “un proceso burocrático y
revictimizante”.
La tecnicidad del lenguaje se debe a que
tales documentos están dirigidos a quienes los ejercerán: especialistas
en derecho, en el estudio de la violencia de género o instituciones
encargadas de llevar los casos. El documento debería ser “más digerible
para las víctimas”, opina Sillas Rangel.
Los flujogramas que explican los
procesos de interposición de quejas y los tiempos en los que se llevará a
cabo la investigación son “confusos y extensos; las líneas no llevan a
ningún lado”, observa la abogada.
La máxima casa de estudios establece dos
posibles procedimientos para interponer una queja: el formal y el
alternativo con enfoque restaurativo. La diferencia estriba en que el
alternativo descansa en los principios de equidad centrándose “en las
necesidades de las personas afectadas”.
La revictimización “podría” vislumbrarse
en las “medidas urgentes de protección” brindadas a quien presenta la
queja, pues repercuten en el actuar de la víctima y no en el probable
agresor, señala Yolitzin Sillas, abogada con especialidad en estudios
del género por la UAM.
Tales medidas radican en cambiar de
turno, grupo o plantel a quien interpone la queja; establecer medidas de
comunicación mediante terceras personas o medios electrónicos; que la
evaluación no sea realizada por el presunto agresor o bien serán
aplicadas “las medidas pertinentes en cada caso”, refiere el punto 48
del Protocolo.
Tampoco son señalados los derechos de
las víctimas y esto provoca que las personas afectadas den un paso atrás
para decidir denunciar, pues se sienten violentadas por segunda vez,
incluso más que por quien las violentó, explica Alejandra Buggs.
Además de contar con el Protocolo, la
Universidad Nacional Autónoma de México dispone de los Lineamientos
Generales para la Igualdad de Género. Al analizarlo, la abogada Sillas
Rangel observa que las definiciones que expone son “incorrectas”.
La acepción de los términos “acoso
laboral” y “hostigamiento”, advierte, “es la misma”. En el artículo 2 de
los Lineamientos “se entiende” a ambas palabras como: “tipo de
violencia de género que se caracteriza por el ejercicio de poder en una
relación de subordinación de la víctima frente al agresor en los ámbitos
laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas,
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.
En ambas “se alude a la subordinación.
Es peligroso, porque en realidad cuando se trata de determinar la
jerarquía que hay entre el agresor y la víctima se trata de
hostigamiento; en el acoso se da entre iguales, en una relación lineal”,
reitera.
La abogacía general universitaria
reconoce, en el mismo Protocolo, que este puede ser perfectible. Tal
perfectibilidad debe ser tomada de inmediato, considera la abogada
Yolitzin Sillas: el Protocolo debería revisarse cada 2 o 3 años, opina.
Leonardo Olivos Santoyo, miembro del
Comité de Ética del Subsistema de Humanidades, indica que el Consejo
Universitario aprobó la creación del Protocolo sólo porque fue
iniciativa del rector Enrique Graue. “Votó por la disciplina asquerosamente
priísta de la Universidad, pero creo que en el fondo de su corazón
estaban verdaderamente molestos, indignados de que hubiera un Protocolo
de atención a la violencia. Les parece irracional”.
Sin medidas preventivas
La mejor universidad de América Latina, según rankings
internacionales, no cuenta con medidas preventivas para el acoso, el
hostigamiento y la violencia sexual, como podría ser un código de ética.
“No hay nada explícito”, como la existencia de un documento donde se
reglamenten las relaciones docentes-alumnos, asegura Amparo Ruiz del
Castillo, doctora en sociología con especialidad en docencia por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
De acuerdo con el Informe sobre la implementación del Protocolo de atención a víctimas de violencia de género en la UNAM 2019,
fueron presentadas 436 quejas por violencia de género, en su mayoría
por jóvenes universitarias de entre 18 y 24 años, desde junio de 2018 y
hasta junio de 2019.
En ese periodo fueron encontrados 385
presuntos agresores, miembros de la comunidad unamita, en su mayoría
docentes de facultades e institutos ubicados en Ciudad Universitaria: el
94.5 por ciento fueron hombres; en su mayoría, académicos, con el 44. 5
por ciento, detalla el mismo informe
Tan sólo de enero a junio de 2019 fueron
presentadas 109 quejas por acoso y hostigamiento sexual, admite la UNAM
en la respuesta a la solicitud de información F64400000158719, hecha
por Contralínea.
Por más de 5 meses, esta revista
gestionó una entrevista con la abogada general de la Universidad, Mónica
González Contró, para hablar del tema. Sin embargo, la Dirección de
Comunicación Social no dio respuesta.
Al término del conversatorio “La
justicia restaurativa para la atención a casos de violencia de género”
–llevado a cabo el 28 de agosto pasado– se le consultó sobre la falta de
herramientas para prevenir la violencia sexual y los resultados reales
de la aplicación del Protocolo. Se le cuestionó sobre el proceso de
denuncia, así como de las sanciones hacia los profesores hostigadores.
Visiblemente molesta, la doctora en derechos fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid sólo respondió:
—No puedo contestar, no soy experta.
Vine a un evento meramente académico. Déjame contestar las preguntas que
tienen que ver con justicia restaurativa.
La abogada general da cobertura legal a
una comunidad de 356 mil 530 alumnos y 41 mil 318 académicos,
investigadores y ayudantes, de los cuales 12 mil 368 son de tiempo
completo.
Esa población se distribuye en educación
superior –15 facultades, cinco unidades multidisciplinarias y nueve
escuelas nacionales–,bachillerato –nueve planteles de la Escuela
Nacional Preparatoria y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades– e
investigación –34 institutos, 14 centros y 12 programas universitarios.
El poder gremial del STUNAM y la AAPAUNAM
La esencia de cualquier sindicato es la
de “defender al trabajador afiliado” porque es como un “abogado de
oficio”; por ello, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM)
defiende a cualquier afiliado acusado por hostigamiento o acoso sexual.
No obstante, ambos delitos transgreden “el actuar con probidad y
honradez de los trabajadores”, señala en entrevista Octavio Solís,
consejero técnico del Sindicato.
A pesar de su naturaleza de defender al
trabajador, en el Sindicato “no estamos a favor de la violencia contra
las mujeres. Al contrario, creemos que hay que fomentar campañas de
combate hacia la cultura machista”, asegura el consejero.
Agrega que hasta ahora, al Sindicato no
ha llegado denuncia alguna por violación de la cláusula en el Contrato
Colectivo de Trabajo que hace referencia a la falta de probidad y
honradez.
Sin embargo, Octavio Solís explica que
si el STUNAM llegara a recibir alguna contra sus afiliados, se apegaría
al protocolo de atención a víctimas de la UNAM y, de acuerdo con el
resolutivo del Tribunal Universitario, la falta de probidad y honradez
“se aplica y se rescinde el contrato”. Entonces el trabajador tendría
que llevar su caso externamente, ante una Junta de Conciliación y
Arbitraje.
“La organización estudiantil es legítima
y loable, pero ha faltado impulsar la cultura de la denuncia en las
universidades. Estoy de acuerdo que se tienen que combatir esta clase de
actos, pero deben hacerse bajo procedimientos eficaces, opina el
consejero.
Por su parte, Álvaro Pulido Aranda, vocero del Sindicato, dice a Contralínea
que si no se utilizan las estructuras jurídicas, las denuncias no
pueden elevarse en calidad. Por ello considera que el Protocolo de
género fue un avance en la Universidad, porque acompaña a las mujeres
que han sufrido este tipo de violencia sin revictimizarlas.
Además del Sindicato, en la máxima casa
de estudios existen otras organizaciones gremiales, de las cuales la más
relevante es la Asociación Autónoma de Personal Académico (AAPAUNAM).
Su postura ante “el aumento de denuncias interpuestas por algunos
alumnos contra docentes” es pública: responsabilizar a los quejosos por
“afectar las relaciones laborales” de sus agremiados, “violentando el
Contrato Colectivo de Trabajo”, según un comunicado emitido el 7 de
junio de 2018, que aún circula.
En ese posicionamiento oficial, la
AAPAUNAM acusó a estudiantes de “planear y premeditar” delitos
“prefabricados por ellos”, ya que los estudiantes encontraron “la forma
incorrecta y anti universitaria de obtener beneficios de sus
profesores”.
Por ello, la Asociación exhortó a los
docentes a “estar alerta” y “no establecer una relación más allá que la
de profesor-alumno”, evitar hablar de forma aislada con el alumno, no
asistir a festejos y celebraciones con el alumnado fuera del horario de
clase, así como evitar dar asesorías extraclase.
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