El sexenio de Calderón pisoteó al estado de derecho
Tercera parte.
El juicio de la historia es y seguirá siendo implacable con aquellos
que desde el poder cometen toda serie de injusticias que repercuten de
manera negativa en la sociedad en su conjunto; tal es el caso del
sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, plagado de abusos de
autoridad y violación sistemática al estado de derecho.
Cual broma de mal gusto, la ambición del
exmandatario por retornar al poder le llevó a bautizar con el nombre de
“México Libre” a la organización política con la que pretende fundar un
nuevo partido político. Intención dinamitada tras la captura en Estados
Unidos de Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública
Federal que consolidó la narcopolítica en México.
Al paso de los años, ha quedado
demostrado que la gestión de Calderón resultó una de la peores en la
cadena de gobiernos neoliberales, tanto del PRI como del PAN. Los costos
económicos y sociales fueron muy altos y no sólo dejaron más de 70 mil
muertos por su fallida guerra contra el narcotráfico, así como otros 30
mil desaparecidos e innumerables viudas y huérfanos por todo el
territorio nacional.
En su sexenio se perdieron miles de
empleos, tanto por su incapacidad para hacer crecer a la economía, como
por sus decisiones autoritarias ejercidas contra la clase trabajadora,
reflejadas en las agresiones al Sindicato Mexicano de Electricistas y al
de los trabajadores de Mexicana de Aviación, entre otras
organizaciones.
Como se mencionó en pasadas entregas,
los cuerpos de seguridad en manos de personajes como el expolicía hoy
procesado en las cortes estadunidenses, fueron puestos al servicio de
poderosos cárteles y empleados no para dar seguridad a millones de
mexicanos, sino para reprimir a los trabajadores electricistas que
fueron sacados a punta de metralleta de sus centros de trabajo tras el
sorpresivo decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del
Centro, el 11 de octubre del 2009. De la noche a la mañana y sin mediar
juicio alguno, fueron lanzados a la calle 44 mil trabajadores afiliados
al SME.
Misma suerte corrieron los
sindicalizados de Mexicana de Aviación, a quienes las autoridades
laborales violaron de manera sistemática sus derechos. El narcogobierno
de Calderón impuso de manera vergonzante sus políticas públicas en
contra de la nación con el respaldo de la clase política en su conjunto.
Tanto miembros del Poder Legislativo como del Judicial, actuaron en
complicidad con el frívolo, corrupto e irresponsable expresidente para
solaparle todos sus latrocinios.
Lo mismo senadores que diputados,
gobernadores que alcaldes, jueces y ministros de la Corte, consintieron a
Calderón pisotear el Estado de Derecho; no debemos olvidar que el
Congreso avaló los Contratos de Servicios Múltiples con que Pemex abrió
las puertas de forma legalizada a los inversionistas privados, tanto
nacionales como internacionales, para la exploración y explotación del
petróleo que ya se venía dando desde el sexenio de Vicente Fox.
Pemex Exploración y Producción (PEP) se
convirtió, gracias a Calderón, en un simple administrador al servicio de
las trasnacionales; con esta apertura puede decirse que se entreabrió
la puerta a lo que más tarde sería la Reforma Energética de Enrique Peña
Nieto, que desnacionalizó el sector energético del país.
En mayo de 2012, a unos meses de
concluir su periodo, Petróleos Mexicanos se negó a atender solicitudes
de transparencia referentes al otorgamiento de estos contratos, aun
cuando PEP reconoció en algunos comunicados haber suscrito desde 2003
contratos con empresas argentinas como Techint y su subsidiaria
Tecnopetrol, por un valor de 1 mil 35 millones de dólares para la
explotación del bloque Misión de la Cuenca de Burgos, ubicada en los
estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
También en ese año trascendieron otros
contratos con la firma española Repsol, que invirtió 2 mil 437 millones
de dólares supuestamente con el fin de incrementar las reservas de gas y
petróleo en favor de México, cuando únicamente fueron estas empresas
extranjeras las beneficiadas con la explotación de hidrocarburos.
Calderón replicó la falsa y absurda
tesis invocada por Fox para abrir las puertas de la inversión privada en
Pemex, en el sentido de que la paraestatal—hoy empresa productiva del
Estado–, requería capital privado para subsistir, cuando en esos
gobiernos se dieron los excedentes petroleros que reportaron a las
finanzas públicas ingresos extras por un billón de pesos.
Así como los miembros del Poder
Legislativo legalizaron la privatización de Pemex a través de los
Contratos de Servicios Múltiples, sin tomar parecer al país, también los
integrantes del Poder Judicial, sobre todo los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se transformaron en serviles
lacayos del autoritario gobernante.
El narcogobierno de Calderón
Hinojosa obtuvo la complicidad de los integrantes del alto tribunal para
hacer añicos al Estado de Derecho y desacatar sentencias como la
emitida por los magistrados de un Tribunal de Circuito, que en
septiembre de 2012 ordenó al mandatario asumirse como patrón sustituto
de los trabajadores despedidos de Luz y Fuerza, en la figura de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lejos de reconvenir al entonces
presidente a acatar la ley, los ministros de la Corte guardaron silencio
y permitieron que Calderón se abanicara con la Constitución y mandara
al archivo muerto al Estado de Derecho. Meses más tarde, en enero de
2013 –ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto–, los ministros fallaron en
contra de la resolución de los magistrados del colegiado, eximiendo de
toda responsabilidad al expresidente.
Ahora que personajes como Genaro García
Luna se derrumban junto con la corrupción y los abusos de poder de
gobiernos como el de Calderón, es necesario hacer un balance de los
sexenios neoliberales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para que respondan por sus
innumerables latrocinios.
Por esta razón, el SME convoca al pueblo
de México para que a una sola voz se impulse una demanda de juicio
político que lleve ante la justicia y a la cárcel a aquellos que
trastocaron el sentido del Estado para permitir la existencia de narcogobiernos,
que además de sumir al país en un atraso económico al desmantelar el
aparato productivo y el sector energético del país, en favor de las
empresas trasnacionales, dejó ensangrentada a la nación entera,
golpeando además de una manera ruin y cobarde a la clase trabajadora.
Martín EsparzaFuente
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