En caso Ayotzinapa no hay “resultados tangibles”, admite Encinas

Gloria Leticia Díaz 8 enero, 2020

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Twitter @A_Encinas_R

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, sostuvo que a un año de haberse creado la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, no hay “resultados tangibles”, pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cumplido “de manera puntual” sus compromisos con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

Entrevistado por representantes de medios de comunicación, al término de la reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el responsable de la investigación, Omar Gómez Trejo, Encinas Rodríguez resaltó que en materia de investigaciones hay “avances importantes en todo el proceso judicial y se replanteó la mentira histórica, como ahora se le ha denominado”.

Tras confiar que “pronto tengamos resultados concretos”, el funcionario destacó que se afina un acuerdo por el que la Fiscalía General de la República (FGR) reconoce la “participación e incorporación” de exintegrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación del caso, situación que se formalizará este jueves 9 en un encuentro que el presidente López Obrador sostendrá con los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.

De hecho, la reintegración del GIEI fue el punto central en las reuniones que Encinas tuvo con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –encabezados por el secretario ejecutivo, Paulo Abrao– y con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos y sus comisionados.
Después de dos horas y media, Abrao explicó a reporteros que la reunión con representantes de la Secretaría de Gobernación y la Cancillería fue de carácter “técnico”, en preparación al encuentro que se realizará mañana en Palacio Nacional.
Abrao recordó que la propuesta de la CIDH “ha sido la reintegración del GIEI”, así como que algunos de sus exintegrantes formen parte del Grupo de Asistencia Técnica.

El secretario técnico de la CIDH resaltó que en el encuentro hubo una “evaluación y se habló del progreso de las iniciativas tomadas (por la Comisión que encabeza Encinas), que son muy positivas, pero es necesario acelerar los procesos” para alcanzar el objetivo, que es la localización de los estudiantes.
Santiago Aguirre y Vidulfo Rosales, representantes de los familiares de las víctimas, admitieron que el anuncio relevante del encuentro con el presidente será sin duda la reinstalación del GIEI, para lo cual la Cancillería, la CIDH y los propios expertos estarían construyendo un acuerdo de actuación en una nueva etapa en las indagatorias del caso Ayotzinapa.
Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, destacó que el GIEI mantendrá las facultades que tuvo en la primera etapa, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que se las otorgó de forma enunciativa.

“Fue trascendente la participación del GIEI en su etapa anterior, de actuación en terreno, con amplias facultades para aportar pruebas, facultades de coadyuvancia plena, mismas que anteriormente las tuvo, pero sólo en papel, pero no tuvo las facilidades para ejercerlas”, abundó.
Al resaltar que los cambios en el nuevo esquema están en la interacción con la Comisión para la Verdad que encabeza Alejandro Encinas y la participación de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Rosales Sierra advirtió:
“No podemos poner las expectativas del caso en el GIEI, le corresponde al gobierno, a la Comisión presidencial, a la FGR y a la fiscalía especial trabajar para el esclarecimiento, ellos tienen la carga de las investigaciones”.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advirtió que pese a los avances presentados persiste la preocupación de que no hay resultados contundentes.
De acuerdo con el defensor, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos mantienen la exigencia de que “si no se procede contra los que manipularon la investigación, no se van a romper los pactos de silencio”, y difícilmente se va a dar con los estudiantes.
El defensor destacó que, así como es importante el análisis de telefonía, también lo es afinar “los incentivos para aquellas personas que provean información sobre el paradero final de los estudiantes”, así como nuevas detenciones.

Fuente