Los dueños del agua: trasnacionales acaparan reservas, mientras México avanza al temido “Día Cero”
Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas
Grandes empresas nacionales y
extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias
Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada,
Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa
Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año,
explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil
millones de litros).
A éstas se suman mineras y grandes
terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y
permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la
fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.
Las embotelladoras de agua figuran entre
las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua
(Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da
cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola,
por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola
con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y
Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.
En el caso de Coca Cola, ésta posee
títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas
marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca
Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100
concesiones en el país.
Las transnacionales del ramo no sólo se
benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también
por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer
país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de
21 millones de envases PET.
En esa lista también figuran las
nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que
cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está
el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo
Modelo, con 11.
Las cerveceras son también grandes
privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de
México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de
explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de
títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos
concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de
metros cúbicos al año.
Al revisar la base de datos del Repda
–de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos
descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo
registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos”
–título “08MEX100666/12IMDL12”.
Oficialmente la empresa reporta un
volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin
embargo este título no aparece en el registro de permisos para
explotación de agua para “diferentes usos”.
Como el de esta cervecera, los casos de
multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de
privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del
Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964
pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso
industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan
inspecciones y cobro de derechos”, asegura.
Además del caso de las embotelladoras y
cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del
vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que
Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.
Otras industrias con un consumo
indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la
Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50;
Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;
El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superficiales, subterráneas e
incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a
intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del
vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien
nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de
agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Aunado a ello, el Instituto de Recursos
Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se
le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente
informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades
que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente
alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes
y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la
sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel
superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen
87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.
A pesar de tan inminente riesgo, las
autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La
organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la
Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados.
Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la
violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso
equitativo al agua.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que
el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica,
impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.
“Esta ley nos impone un sistema único de
concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy
diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados
Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le
impuso a México”, asegura la activista ambiental.
Aunando en lo anterior, Burns detalla
cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al
tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la
privatización del agua es en serio”, asegura.
Los datos de la Conagua revelan que el
sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126;
seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24
mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1
mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.
En su mayoría, se trata de concesiones
por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de
tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece
que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés
de privados, observan defensores de los derechos humanos.
Más aún, en el sector agrícola existen
permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el
caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El
Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los
derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44
millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas
Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la
puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24
establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni
mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de
extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos
acaba siendo de 60 años.
“La Ley de Aguas Nacionales se
constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable
del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas
empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo
el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel
Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.
Por la flexibilidad de esta legislación,
empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la
adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la
autoridades federales.
Al uso agrícola le corresponde el 76 por
ciento del volumen concesionado del país, según el informe de
Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el
municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141
millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del
Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual,
se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan
los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.
Por ello, Elena Burns asegura que la Ley
de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también
tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos
bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon
entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el
campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos,
comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del
riego”.
Para Miguel Montoya, “el actual régimen
de concesiones, bajo la Ley de Aguas Nacionales, es muy permisivo y
permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la
propia legislación implica una privatización”.
Asimismo, el investigador asegura que la
ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de
revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del
Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso,
observa.
Montoya explica que de acuerdo con el
artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión,
pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a
los grupos privados para permitir adueñarse del agua.
Aunado a lo anterior, la ruta de
acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente
Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se
levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones,
principalmente para uso agrícola.
Y aunque ahora se vive supuestamente una
“cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy,
la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor
de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–,
las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a
los privados por encima de las comunidades.
Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades
indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado
–durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de
México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas
para las concesiones.
“Conagua Digital”, el peligro
En agosto de 2019, la Comisión Nacional
del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual busca
agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas
tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para
Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta
agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos,
comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones en
los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.
No obstante, el consultor legislativo
Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no
privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la
nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que
no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos
que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales
que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.
Tanto para Miguel Montoya como para
Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió
haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma
constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las
bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.
Los entrevistados coinciden en que la
reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es
decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley
actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a
un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones
son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida
la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del
trámite”.
Por su parte, el consultor en gestión
integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a
las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite
renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales
están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su
aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por
cuestiones de pobreza o violencia.
“Siempre hay una serie de coyotes muy
conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego
llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor
y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo
entre particulares”, detalla.
Para el consultor Miguel Montoya, estas
transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta
un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la
Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a
costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el
propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.
Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el
mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese
título”.
Agrega que los distintos decretos
pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se
otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una
restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro
industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.
Observa como urgente que la próxima ley
prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de
agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso
testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido
tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.
Miguel Montoya asegura que para entender
el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién
es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la
Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con
honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son
privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que
en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan
controversial Ley Korenfeld (llamada así por el
exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la
privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma
institución neoliberal”.
El especialista en derecho humano al
agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte
de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades:
este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo
máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante
tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas
Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente.
“Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones
sempiternas que se renuevan de manera automática”.
Panorama general del agua concesionada en México
México se ubica como el séptimo país del
mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado
de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.
El documento detalla que el sector
agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el
abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que
controlan el 9.6 por ciento.
El mismo informe de la Conagua asegura
que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua
superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es
decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.
Asimismo detalla que, de las concesiones
del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el
consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas
Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no
entran en dicha clasificación.
A pesar de que la federación las puede
regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello,
explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas
personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se
encuentran estos yacimientos de agua.
Para el especialista, esto se resolvería
con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas
autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las
condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”,
afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la
contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano
al preciado líquido.
| Empresa | Número de concesiones |
| Petróleos Mexicanos | 989 |
| Industrias Bachoco | 375 |
| Compañía Maya de Agua Purificada | 69 |
| Comisión Federal de Electricidad | 69 |
| Cementos de México | 50 |
| Grupo Nestlé | 43 |
| Envasadoras de Aguas de México | 30 |
| Embotelladora Aga | 24 |
| Grupo Bimbo | 29 |
| Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma | 22 |
| Cervecería Modelo | 11 |
| Sector | Concesiones otorgadas |
| Agrícola | 233,126 |
| Público Urbano | 129,583 |
| Diferentes Usos | 50,720 |
| Pecuaria | 47,429 |
| Servicios | 24,977 |
| Doméstico | 16595 |
| Industrial | 8573 |
| Acuacultura | 1575 |
| Otros | 289 |
| Generación de Energía Eléctrica | 159 |
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