Cuidado con el costo fiscal de la reforma en pensiones, advierten expertos

El erario público destinará este año 1.1 billones de pesos al pago de pensiones, jubilaciones y pensiones no contributivas: CIEP.

Elizabeth Albarrán 12 de agosto de 2020, 00:35

En el próximo periodo ordinario de sesiones, los diputados y diputadas deberán revisar con lupa el costo que implicará el alza de la pensión mínima garantizada propuesta en la inciativa de reforma que presentó el Ejecutivo, así como el presupuesto de programas sociales relacionados a la entrega de una pensión y el monto que se destinará al pago de pensiones y jubilaciones del sector público, indicaron expertos.
“No se han presentado números, pero claro que habrá un costo fiscal importante porque son muchas pensiones que antes no se iban a dar. La gente que no registraba las 1,250 semanas, ahora tendrá derecho a la pensión mínima, entonces aumenta el número de pensionados y los recursos que asumirá el Estado”, expuso Alejandro Turner, vicepresidente del Colegio Nacional de Actuarios.
En la presentación de la inciativa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera comentó que al reducir las semanas de cotización de 1,250 a 750, el acceso a la pensión mínima garantizada aumentaría la cobertura de 34 a 82% de los trabajadores y la pensión pasaría de 3,289 pesos a 4,345 pesos.
Con ello, se calcula que, en vez de que se pensionen 10,000 o 20,000 trabajadores en 2021,  podrían ser entre 60,000 y 80,000 trabajadores, expuso en su momento el actuario Jorge López Pérez.
Turner comentó que las semanas se redujeron a 750 para evitar una crisis social el próximo año, pero ante el crecimiento de la población de adultos mayores la idea es que las semanas de cotización aumenten de manera gradual hasta sumar 1,000 semanas.
“Esto implicará que el gobierno tenga que aumentar los recursos que destina a las aportaciones de las personas que se pensionen por afore, lo que se está haciendo es una redistribución de las aportaciones del gobierno a los trabajadores de menores ingresos”.
Datos del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) estiman que, entre el pago de pensiones y jubilaciones del sector público y las no contributivas (programas sociales) se destinarán del erario 1 billón 103,758 millones de pesos, monto que supera la recaudación aprobada del Impuesto al Valor Agregado por 1 billón 7,546 millones de pesos.

Más carga para el gobierno

El proyecto de reforma que se anunció el pasado 22 de julio, indica que las aportaciones se elevarían de 6.5 a 15% en un periodo gradual de ocho años y el aumento dependerá del ingreso del trabajador.
Si una persona percibe un salario mínimo (3,696.6 pesos mensuales), el gobierno aumentará su aportación de 0.225% a una cuota social de 8.724% y para los que perciban hasta cuatro UMA (10,425.6 pesos mensuales) aportará 1.798 por ciento.
Si el trabajador percibe un salario mínimo, el patrón aportará 5.151% (aportación actual) y si el ingreso es de 25 UMA (alrededor de 65,000 pesos mensuales), la empresa aportaría 13.875% al ahorro para el retiro.
Para Berenice Ramírez, socióloga y experta en seguridad social de la Universidad Nacional Autónoma de México, el aumento de las aportaciones representará un peso significativo para el gobierno, pues alrededor de 74% de la población ocupada percibe entre uno y tres salarios mínimos (entre 3,696.6 y 11,089.8 pesos mensuales).
“Esperamos que los legisladores estudien la propuesta a fondo y que no solamente levanten la mano. Se debe hacer una discusión profunda en donde destaquen el costo de la cuota social, lo que aportará la empresa, si ello impactará en los salarios y cuáles podrían ser las bases para una reforma sólida”.
Recordó que, actualmente una persona que percibe ingresos entre 18,000 o 20,000 pesos, con la afore no se le garantiza tener una buena pensión, pues tendría alrededor de 3,000 pesos, “son aspectos que deben analizar y atender los legisladores porque no impacta mucho si la aportación crece 1% cada año”.
Turner coincidió en que el aumento de la aportación realmente no proviene 100% del patrón, sino que existirá un aumento significativo de la cuota social que otorgará el gobierno, la cual sí beneficiará a quienes perciben menos ingresos. “Veo bien que la tasa de reemplazo crezca para quienes perciben menos y a los que ganan más se ajusta la aportación que perciben del gobierno”.
Los especialistas concluyeron que, si se aprueba la propuesta tal como la presentó el Ejecutivo, el mayor reto seguirá siendo la subcontratación laboral, es decir, aquellas empresas que registran a sus trabajadores con el salario mínimo ante el IMSS, aunque reciban un mayor ingreso.
“Hay mucha gente que hoy cotiza con salarios bajos, cuando en realidad ganas más. El problema es que su pensión se calcula con base en lo que se declaró oficialmente, eso es a lo que se enfrentará esta nueva reforma (...) veo bien el aumento de las aportaciones, pero creo que el trabajador también debe aportar más”, remarcó Turner.
elizabeth.albarran@eleconomista.mx

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