La moderna corrupción presidencial
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Miguel Ángel Sandoval*
*Sociólogo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, analista político y asesor parlamentario. Exguerrillero. Fue negociador de la paz y candidato presidencial por la izquierda en Guatemala. Ha publicado una docena de libros
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Es un hecho del siglo XXI. Si recorremos la geografía del Continente vemos que la institución presidencial hace aguas por todos lados, aunque siempre hay una excepción. Hay en la actualidad varios expresidentes que son acusados. Y lo más grave, son encontrados culpables del mal de la modernidad o posmodernidad, como usted quiera: la corrupción.
Y también hay los casos de presidentes en funciones que fueron hallados
culpables y fueron a dar a prisión. Con ello se cumplía con la máxima
de que cuando un presidente estuviera disposición de un juez, pues la
democracia era sólida, las instituciones fuertes.
Advierto, en todos los casos de presidentes imputados, se trata de esa corrupción a base de sobornos,
del 20 o 30 por ciento para la aprobación de proyectos de
infraestructura, de compra de equipos diversos, de renta de edificios
para el funcionamiento de instituciones, de construcción o inversión, de
información privilegiada para movimientos bursátiles, de cobertura o apoyo franco y descarado al narcotráfico, de compra de votos en los parlamentos, de consultorías a diestra y siniestra a los intelectuales amigos, de chayote a la prensa, etcétera.
Es un tema que se desarrolló de manera paralela con el fenómeno del neoliberalismo,
en la medida que con el Estado cada vez más débil, con los controles
democráticos yendo hacia el abandono, con la privatización de los
recursos del Estado, con las reformas “de modernización” económica, a lo
que se iba era hacia la disminución de la capacidad del Estado y, de
manera más puntal, de los gobiernos para atender las demandas ingentes
de la población.
Es entonces el reino del sálvese quien pueda.
Es todo acompañado de esa especie de doctrina, en donde los valores
del individualismo acendrado se ponen como una tabla de medida, como la
única opción –sin la presencia molesta de las ideologías–. Lo que viene
son las consecuencias de ese guion con su correlato de empobrecimiento
del Estado y sus facultades.
Es el reino de la corrupción que se
produce desde la presidencia de muchos países. Uno de los casos más
notorios es el de Otto Pérez Molina, de Guatemala. Fue un general del
Ejército que firmó la paz pero que cayó en las redes de una corrupción
sin medida. Y ante los embates de la sociedad movilizada y la presencia
de un ente internacional como la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (Cicig) renunció con su vicepresidente y hoy se
encuentran en la cárcel con varios procesos. Incluso, se arriesgan la
extradición a Estados Unidos. Mientras, en medios políticos de ese país,
se dice mucho sobre el caso del expresidente Jimmy Morales, que goza
aún de la inmunidad que proporciona el Parlamento Centroamericano
–Parlacen– ya que tiene, él y su esposa, varios procesos pendientes por
corrupción, como no podía ser de otra manera
Quizás sea necesario un par de
comentarios sobre el tema de la Cicig –creada a petición del Estado a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)– que en el caso guatemalteco
se encargó de hacer luz sobre los niveles de escándalo que había
alcanzado la corrupción. Más de 500 funcionarios, políticos, jueces, abogados, empresarios, fueron llevados a prisión.
Por esa gestión, que finalmente fue derrotada por la corrupción al ser
expulsada del país, es que hoy día en Guatemala se asiste a una
importante lucha en contra de la corrupción de Estado. Ello sería
impensable sin la labor pionera de la Cicig.
Varios presidentes más son vinculados en
la región a hechos de corrupción con origen, no el único por supuesto,
en Odebrecht, como Alejandro Toledo de Perú, Ollanta Humala o Alan
García que optó por el suicidio antes que ir a tribunales. O el
expresidente Ricardo Martinelli, de Panamá y otros; más notable es el
caso de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, sobre quien hay
acusaciones importantes y que ya se encuentra detenido de forma
domiciliar. Y hay también aquellos que fueron a la cárcel o
defenestrados con procesos montados, como el caso de Dilma en Brasil
(que fue absuelta-inocente después) o el propio Lula da Silva,
que sin ninguna prueba o evidencia lo tuvieron que dejar libre, aunque
pesan sobre el mismo otros procesos judiciales.
Ahora vemos las acusaciones en contra de Peña Nieto en México,
país en donde la institución presidencial había tenido quizás el mejor
desempeño del Continente. Aunque todo mundo sabía de las inveteradas
prácticas de corrupción en diversos campos. Se había logrado que el
presidente fuera una especie de último recurso de la democracia y el
bastión de eso que se denomina estado de derecho, y no importa si hace
algunos años se había calificado al régimen mexicano como el de una
dictadura perfecta. Sin embargo, en medio de todo ese discurso, había
movimientos que apuntaban hacia el debilitamiento de la institución
presidencial. Las cosas cambian y ahora hay por lo menos un presidente
en cuestión.
Hay dos temas que merece la pena
puntualizar. En estos casos la prescripción de los delitos es casi
inexistente, pues como sabemos, al menos en países como Guatemala, un
funcionario público está obligado a rendir cuentas, aun si han pasado 20
años. Y otro tema, es que para estos funcionarios acusados y con
evidencias, no existe o no debería existir, la presunción de inocencia,
pues lo que corresponde es que los mismos demuestren con pruebas,
evidencias, y conducta intachable, que son inocentes. Lo contrario es
pretender que su responsabilidad es menor o puede ser menor por el poder
que conservan, por los contactos, por el compadrazgo.
Son temas que deben estar presente en el
escandalo mexicano. Me refiero sin duda, al caso Lozoya, antiguo jefe
de Petróleos Mexicanos (Pemex), que aceptó la extradición luego de
fugarse hacia España y regresar con el compromiso de decir lo que sabía
del caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht. La
información dada a conocer por el fiscal de la República Mexicana, es
realmente para inquietar al más flemático.
El imputado y extraditado Lozoya, dijo ante la fiscalía general de la responsabilidad directa de Enrique Peña Nieto y de quien fuera su secretario de Hacienda
y luego su canciller, Luis Videgaray. Se habla de más de 100 millones
de pesos –unos 7 millones de dólares– repartidos en la corrupción para
ganar una elección y especialmente, para comprar los votos de diputados
que aprobaron el llamado Pacto por México que impulsó Peña Nieto durante
su mandato. Un pacto que consistió en abrir Pemex y otros sectores
estratégicos a la inversión extranjera, de manera particular, para
privatizar por partes Pemex, esa importante industria estratégica de
México. El tema es fuerte, pero ya ampliamente conocido en diferentes
países de la región.
En otra dirección, con las
denuncias-confesiones de Lozoya, la Presidencia de Andrés Manuel López
Obrador se fortalece, pues ha tenido la fuerza para impulsar una fase
nueva de la justicia mexicana que, es bueno recordar, ha pasado épocas
de sombra con juicios a modo en muchos casos. Quizás es momento de
recordar que el caso Ayotzinapa tiene un respiro importante al iniciar
el desmontaje de la verdad oficial, la llamada “verdad histórica”, que
pretendía esconder con un manto de impunidad lo ocurrido con los 43
muchachos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Ello a
pesar de peritajes de expertos internacionales y una masiva y extendida
exigencia ciudadana.
En otros términos, parecería, esto
cuando se observa desde lejos, que la justicia mexicana inicia una época
diferente, un momento fundacional de una nueva manera de abordar los
temas judiciales y de investigación penal. Por supuesto que sólo se está
en el umbral de ello. Que no se están tirando cohetes de vara para
pensar que ya todo está hecho. Que falta mucho trecho por recorrer, y
que la sociedad mexicana tiene un rol en ese proceso.
Pero como ya sabemos, todo inicia con un paso.Miguel Ángel Sandoval*
*Sociólogo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, analista político y asesor parlamentario. Exguerrillero. Fue negociador de la paz y candidato presidencial por la izquierda en Guatemala. Ha publicado una docena de libros
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