La política energética deberá ir a las urnas
20/08/2020
Hace
unas semanas se dio a conocer un documento que fue leído por el
presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión celebrada en julio
con los integrantes de tres de los órganos reguladores de la industria,
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) y el Centro Nacional de Control Eléctrico (CENACE).
En
el documento se establecen los lineamientos generales de la política
energética, así como el papel que en ella deben tener los reguladores,
de acuerdo con el presidente.
No
hay sorpresa en lo que se les indicó. Señaló López Obrador que ahora
los reguladores deben orientar su actividad al fortalecimiento de las
dos grandes empresas estatales: Petróleros Mexicanos (Pemex) y la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Hay
que recordar que la reforma energética operada en la anterior
administración les dio a estos organismos un peso específico mayor. Se
trataba, precisamente, de que tuvieran una mayor autoridad técnica que
les permitiera tomar decisiones para la creación ordenada de mercados
eficientes en el sector energético.
Con
ello no se estaba inventando el agua tibia. Prácticamente en cualquier
lugar del mundo en el que se intentan desarrollar mercados luego de una
condición monopólica, se construyen instituciones que impiden que las
empresas dominantes usen su poder de mercado para detener el desarrollo
de la competencia interna.
Eso fue lo que se diseñó para estos organismos y para ello se les mandató.
La
interpretación que hizo el gobierno de López Obrador de ellos fue que
el gobierno de Peña Nieto trataba de afectar a las empresas estatales de
manera deliberada y favorecer a las firmas privadas.
No
era ese el propósito, pero si se cumplía el objetivo de crear
competencia, eso era lo que sucedería. Ello requería de una regulación
asimétrica, que atara las manos de los antiguos monopolios.
Al
llegar al poder, López Obrador prometió no hacer reformas legales en el
sector energético, cosa que ha cumplido hasta el momento. En cambio, lo
que realizó fue una sustitución de integrantes de los órganos de
gobierno de dichos organismos. El caso más visible y claro fue el de la
CRE.
El presidente de ese organismo, Guillermo García Alcocer, presentó sus renuncia en junio de 2019, en medio de presiones.
No fue el único caso, hubo otras sustituciones, tanto entre reguladores como en los consejos de las empresas estatales.
No
se consideró que fueran suficientes esos cambios para instrumentar la
nueva política y la Secretaría de Energía estableció toda una serie de
decisiones que estaban orientadas a impedir la consolidación de los
mercados en el sector.
Entre
ellas, y solo a manera de ejemplo, puede citarse la cancelación de las
rondas petroleras, la eliminación de la subastas eléctricas, la falta de
construcción de infraestructura para darle conectividad a desarrollos
privados en el área de energías renovables, los cambios de criterio en
el despacho eléctrico, entre otros.
En
el documento leído por el presidente se pidió a los reguladores que
analizaran si el propósito de fortalecer a Pemex y a la CFE puede darse
en el marco jurídico actual, o bien, si es necesario cambiarlo para
alcanzar ese objetivo.
Probablemente,
el presidente López Obrador teme que la serie de litigios que ya
existen puedan bloquear la ejecución de la nueva política.
En
el documento se establecen, por ejemplo, criterios bien definidos para
el despacho de las fuentes de electricidad, que están en contradicción
con las leyes vigentes.
Se
señala que, en primer lugar, estará la energía generada por las plantas
hidroeléctricas, todas operadas por la CFE. Luego seguirán sus plantas
de ciclo combinado, así como el resto de plantas de la empresa. En
tercer lugar estarán las plantas de energías renovables y, en cuarto
lugar, la energía generada por las plantas de ciclo combinado operadas
por el sector privado.
La
legislación vigente establece que el criterio de despacho eléctrico se
base en el menor costo, es decir, se introduce al sistema la
electricidad más barata y en la medida que no se satisfaga la demanda se
va incorporando la de mayor precio.
La
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ante ello,
interpuso una controversia constitucional, ya que dicha política
contraviene el mandato constitucional que tiene. La controversia fue
aceptada por la Corte.
Varias
empresas del sector privado han promovido amparos, señalando su
afectación por las nuevas políticas y muchos han sido aceptados y se han
aplicado suspensiones a dicha norma.
La
resolución de estos litigios está en manos de los tribunales y muy
probablemente todos lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia.
No
es imposible que la Corte dé la razón a la Cofece y a las empresas
privadas, por eso es que el presidente formuló la interrogante respecto
al marco jurídico vigente.
¿En
qué medida sería factible proponer reformas legales o incluso reformas
constitucionales para el sector energético actualmente?
Tal
vez algunas reformas legales sí pudieran darse. Sin embargo, creo que
la única manera en la cual el presidente considera que tiene seguridad
para el cumplimiento de sus objetivos en materia energética es cambiando
la Constitución.
El
gran telón de fondo de este litigio son las acusaciones a Emilio Lozoya
y las que ahora ha formulado el propio exdirector de Pemex.
Una
de las que lanzó es la que señala que la reforma energética fue
aprobada gracias a los sobornos entregados a quienes eran legisladores
del PAN en ese momento.
Si se desacredita la reforma energética sería más fácil realizar una modificación constitucional.
No
obstante, parece poco viable que esta pueda efectuarse antes de las
elecciones de 2021 y, por lo tanto, su viabilidad quedará sujeta a lo
que suceda entonces.
Morena
y sus aliados no tienen el número de senadores que se requiere para
pasar el cambio, salvo que negocien con el PRI y con ello la reforma no
sería tal y como la quiere el presidente.
Si
Morena lograra conservar la mayoría calificada en la Cámara de
Diputados, es decir, más del 66 por ciento, sumando a sus aliados, y si
logra la mayoría en al menos 16 de los 29 congresos estatales que
estarán renovándose, tal vez podría acumular la fuerza para obtener los
votos necesarios en el Senado.
Así
que todo parece indicar que los lineamientos que dio el presidente a
los reguladores energéticos tendrán que esperar al resultado electoral
de 2021, que será determinante, entre muchas otras cosas, de lo que
suceda en el largo plazo con el sector energético.
Consulta
más contenidos de la nueva edición de la revista Bloomberg Businessweek
México en la versión Fast, la cual puedes desplegar dando clic aquí
Comentarios