Mafia en Cruz Azul operó con amenazas de muerte y sujetos armados
La trama mafiosa que ha rodeado a directiva de la Cooperativa La Cruz Azul incluye amenazas de muerte, persecuciones en automóviles con sujetos armados e incluso fabricación de delitos en contra de opositores a las decisiones del prófugo Billy Álvarez, revelan testigos de la Fiscalía General de la República
Tres testimonios clave en la acusación penal que sostiene la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Guillermo Billy Álvarez Cuevas –y otros cuatro exdirectivos de la Cooperativa La Cruz Azul, tenedora del equipo de futbol de
primera división Cruz Azul– revelan una trama mafiosa, que incluye
amenazas de muerte a quienes se interponían con sus intereses, pero
también persecuciones en automóviles por parte de hombres armados, y la presunta fabricación de delitos.
A Víctor Manuel Velázquez Rangel
–exdirector Comercial de la Cooperativa– le habrían acontecido esas tres
modalidades de amedrentamiento, según su declaración –que la FGR ha
dado por válida– rendida el 14 de junio de 2020 ante el suboficial de la
Policía Federal Ministerial, Alejandro Padilla Cortés.
“Las amenazas [de muerte] de los señores
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel
Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera
Sepúlveda no se detuvieron, sino que aumentaron, poniendo en peligro ahora la vida e integridad
de mi querida esposa y mi menor hijo de apenas 13 años”, narró
Velázquez Rangel aquel domingo, a pesar de la pandemia de Covid-19.
Y es que, aseguró, en febrero de 2019 su
esposa Juliana Reynoso Cadena y su hijo salieron aproximadamente a las
06:40 horas de su hogar rumbo a la escuela, pero “fue interceptada por
dos automóviles que le bloquearon el camino y de los cuales descendieron
cuatro sujetos armados, quienes intentaron romper los
vidrios de la camioneta que conducía mi esposa sin lograrlo, por ser
ésta blindada, y con palabras altisonantes y armas en mano, los
amenazaron con matarlos si continuaban ella y el suscrito en la pugna corporativa
al interior de la Cooperativa”. El ataque se denunció el 22 de febrero
de 2019 (carpeta de investigación CI-FAO/AO-3/UI-2 C/D00855/02-2019).
“Dos automóviles le bloquearon el camino y de éstos descendieron cuatro sujetos armados, quienes intentaron romper los vidrios de la camioneta que conducía mi esposa”
Los problemas de Velázquez Rangel
empezaron 4 años antes, en 2015, luego de que participara en una
asamblea general de socios de la Cooperativa. Ahí “me opuse a la venta
de más del 40 por ciento de los activos propuesta por el entonces
director general de la Cooperativa, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas. Con
motivo de lo anterior, comencé a sufrir amenazas, intimidaciones y un fuerte acoso laboral,
al grado de que en noviembre de 2018, ilegalmente, fui removido por el
director general de mi puesto como director comercial, y fui suspendido
ilegalmente también como socio de la Cooperativa”.
Ese también fue el inicio de la
fabricación de delitos en su contra. “Fui acusado múltiples veces de
haber cometido delitos por parte de personas ajenas a la Cooperativa y
por instrucciones de los señores Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor
Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez
Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, lo cual hoy se tiene probado
[que] fueron acusaciones falsas tendientes a privarme ilegalmente de la
libertad”.
Fabricación de delitos
El 13 de marzo de 2017, Patricia Negrete Aguirre, “quien resultó ser ahijada” de Billy
Álvarez y su hermano José Alfredo Álvarez Cuevas, “se presentó ante la
Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata
de Personas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México y denunció que en diversas fechas fue víctima del delito de trata
de personas, supuestamente cometida por el suscrito y un compañero
socio de la Cooperativa La Cruz Azul, SCL. Dicha acusación fue soportada
por el testigo falso que presentó la denunciante, de nombre Fátima Deyanira Estrada Macedo”.
Víctor Manuel Velázquez Rangel afirmó
ante el agente de la Policía Federal Ministerial que antes de ser
requerido por la justicia capitalina –bajo las acusaciones de “trata de personas, violación y abuso sexual agravado”–, Billy
Álvarez lo llamó a su oficina (avenida Periférico Sur 5550-5, colonia
Pedregal de Carrasco) un viernes, a las 3 de la tarde, donde le señaló
que él y el licenciado Miguel Eduardo Borrell Rodríguez “ya tenían todo
controlado”.
Enseguida, Billy Álvarez le
soltó: simplemente es cuestión de que cambies tu actitud. Velázquez
Rangel no tiene duda del significado de esas palabras: “que aceptara la
venta de una parte de la Cooperativa y formara parte de los múltiples desvíos millonarios
para que la denuncia en mi contra no tuviera consecuencias. No accedí y
antes de llegar a mi casa, vecinos me notificaron que había una
patrulla intentando ejecutar una orden de localización y presentación en
mi contra para comparecer a la carpeta de investigación
FDTP/TP-1/UI-1C/D/00031/03-2017”.
Después, “el licenciado Miguel Eduardo
Borrell Rodríguez me dijo que ellos podían hablar con la denunciante,
Patricia Negrete Aguirre, [y que] que junto con Víctor Manuel Garcés
Rojo podían hacer que todo culminara pronto y sin consecuencias para mí.
Decidí mejor comparecer y fue ahí cuando me di cuenta de que la
acusación en mi contra se trataba de puras mentiras”.
El testigo de la FGR aseguró que
Patricia Negrete es distribuidora de productos de la Cooperativa y que,
al momento de acusarlo penalmente de violación, ella tenía un adeudo por
más de 12 millones de pesos con la empresa: Guillermo Álvarez, Garcés
Rojo, Borrell Rodríguez y Mario Sánchez Álvarez prometieron condonárselo
si continuaba con la “infundada acusación en mi contra” y así sucedió.
También señaló que en la comparecencia
demostró con múltiples pruebas que los señalamientos eran falsos, al
igual que lo referido por su testigo. Por ello, la señora Patricia
modificó siete veces su declaración, “sin tener suerte en sus mentiras”.
Basados en los dichos de ella, Guillermo
Álvarez, Garcés Rojo, Borrell Rodríguez, Sánchez Álvarez y Junquera
Sepúlveda “comenzaron a dañar mi integridad de distintas maneras:
primero, afuera de las oficinas de la Cooperativa mandaron a colocar
afiches en una pared con mi imagen y con la leyenda ‘Se busca violador’.
Esto lo repitieron en una pared a las afueras de la escuela de mi hijo.
Finalmente, logramos que se determinara el no ejercicio de la acción
penal a mi favor, […pues] se probó que lo dicho por la denunciante nunca
sucedió en la realidad y puedo estar cierto de que los autores de tan
cruenta maquinación fueron” ellos. Agregó que tras este suceso, Sánchez
Álvarez autorizó condonar a la señora Patricia su deuda con lo
Cooperativa y se le dieran nuevas claves de distribuidor para que
continuara vendiendo cemento.
FGR: riesgo fundado de que atenten contra testigos
En
la solicitud que la Fiscalía General de la República presentó al Poder
Judicial para que se libraran cinco órdenes de aprehensión
–en contra de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés
Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel
Martín Junquera Sepúlveda– constan las declaraciones de los testigos
clave en el caso Cruz Azul
Al respecto, la FGR indicó: “la carpeta
de investigación con los testimonios de tres personas y diversa
documentación que aportaron a sus entrevistas demuestra la peligrosidad
de los sujetos activos, mismos que han demostrado tener un
comportamiento que involucra amenazas de muerte a los referidos
testigos; es decir, la existencia de un riesgo fundado de que se cometa
contra dichas personas un acto que afecte o ponga en riesgo su vida, así
como de la documentación que agregaron a sus comparecencias, que los
activos han influido para que peritos y testigos informen falsamente o
se comporten de manera reticente en procesos judiciales diversos, por lo
que la forma de garantizar que no ocurra ello surge ante la competencia
‘extraordinaria’ que por esta vía se plantea”, es decir, la prisión
preventiva.
“Los testimonios de tres personas demuestran la peligrosidad de los sujetos activos, quienes han demostrado tener un comportamiento que involucra amenazas de muerte”
Uno de los testigos en peligro es Juan
Manuel Briseño González, quien fuera director Financiero de la
Cooperativa La Cruz Azul de 2014 a 2016. En dos entrevistas con el
agente del Ministerio Público –el 2 y 14 de junio pasados–, éste narró
que su principal labor era cuidar la economía de la empresa, el flujo de
efectivo, cuidar que la distribución de las utilidades que se tenían se
repartieran de forma equitativa, el manejo de pagos e ingresos, así
como la instrumentación de procesos rígidos, “los cuales causaban
disgusto a muchos miembros de la Cooperativa de alto nivel, en virtud de
que ponía candados para cuidar el dinero”.
Briseño González expuso cómo fue “blanco de varios ataques orquestados”. Ello, porque Billy
Álvarez Cuevas, Garcés Rojo, Borrell Rodríguez, Sánchez Álvarez y
Junquera Sepúlveda “utilizaron pruebas y datos falsos para
encarcelarme”. Fue el 6 de diciembre de 2015 cuando fue detenido por
policías ministeriales en su domicilio, y luego llevado al Búnker de la
entonces Procuraduría capitalina y posteriormente a los separos en la
ahora alcaldía Gustavo A Madero.
“En la madrugada del 7 de diciembre me trasladaron sin darme explicaciones, y durante todo el trayecto fui torturado psicológicamente por
policías ministeriales, con todo tipo de amenazas. Cuando llegamos pude
darme cuenta que se me había trasladado al estado de Oaxaca. Ahí fui
ingresado al penal de Ixcotel”.
El testigo de la FGR asegura que por
esos días recibió la visita de una mujer de nombre Karla Fernández,
“quien me sugirió alinearme al régimen de Billy Álvarez.
Aproximadamente el día 9 de diciembre fui llevado a audiencia inicial,
donde me hice conocedor de los hechos que supuestamente se me imputaban.
La denuncia que daba origen al proceso en el que me encontraba es por
la supuesta comisión del delito de extorsión”. Su
denunciante era la persona moral Jorge Olvera Abogados, SC,
representante legal de Eugenio Olvera Pérez, proveedor de la
Cooperativa.
“La presentación de la denuncia en mi
contra, advierto sin temor a equivocarme, no pudo haber sido más que la
ejecución de una orden proveniente de quienes ya se mencionó”. La
denuncia penal en su contra sostenía que el 20 de febrero de 2015,
Briseño González había citado a Jorge Carlos Olvera Pérez, Jorge Olvera
Quintero y Eugenio Olvera Pérez, en la ciudad de Oaxaca –en un
restaurante llamado El Típico–, para conciliar supuestos juicios
promovidos por diversos socios de la Cooperativa que lo habían
demandado.
“El denunciante afirmaba que les dije textualmente: ‘A ver cabrón,
ustedes saben quién autoriza y realiza los pagos de Cruz Azul, y esa
persona soy yo. Si ustedes quieren recibir los 13 millones de pesos que
se les debe, tienen que desistirse del juicio todos los socios que
faltan; de lo contrario, no van a ver ningún pinche peso en su cuenta, y
esos 13 millones se quedan en Cruz Azul, ¿esta claro? Sean
inteligentes, se están jugando la vida’”.
Eugenio Olvera Pérez también denunció
que habían recibido un cheque sin fondos por 13.5 millones de pesos y
que había sido amenazado de muerte “por parte del de la voz”. No
obstante, el testigo de la FGR asegura que el juez “resolvió de forma
tajante auto de libertad por falta de elementos en contra del de la voz,
y es que al hacer la valoración de las probanzas que existían dentro de
la causa penal, quedó acreditado que primero que nada el de la voz me
encontraba dando una conferencia en la Ciudad de México el día 20 de
febrero, cuando supuestamente se suscitaron los hechos que se
denunciaban, lo cual quedó fehacientemente acreditado con la declaración
de múltiples testigos que ratificaron que yo había estado todo el día
en esa conferencia en la Ciudad de México; en segundo lugar se acreditó
que el despacho Jorge Olvera Abogados sí recibió un pago de 13 millones y
medio por parte de la Cooperativa, lo que comprobó que jamás se
extorsionó a nadie y mucho menos hubo algún detrimento patrimonial en
contra de dicho despacho de abogados. Por último, se demostró que ni el
denunciante ni sus testigos habían sido parte en los juicios en que
supuestamente el de la voz había solicitado que se desistieron los
socios de la Cooperativa, por lo que ni siquiera tenía sentido la
supuesta extorsión que habían inventado en mi contra”. No obstante,
luego de enfrentar ese proceso penal, fue destituido de su cargo por Billy Álvarez.
El tercer testigo
El mismo domingo 14 de junio, la
Fiscalía General de la República recabó el tercer testimonio que integra
la carpeta de investigación por el caso Cruz Azul. Esta vez el
suboficial Padilla Cortés entrevistó a Juan Antonio Marín Gutiérrez,
víctima también de la fabricación de delitos.
Este testigo sostuvo que el 5 de abril de 2017, al salir de las oficinas de la Cooperativa La Cruz Azul “fui detenido por policías ministeriales de Veracruz
y trasladado a dicho estado, en donde fui puesto a disposición del juez
Tercero de lo Penal en el Puerto de Veracruz, quien libró en mi contra
una orden de aprehensión por el supuesto delito de fraude”.
Marín Gutiérrez aseguró que –cuando fue
detenido– Borrell Rodríguez, director jurídico de la Cooperativa, “fue
quien seleccionó a mi defensor y no me dio opción, alegando que
supuestamente era el mejor. En el momento que vi la imputación en mi
contra, me di cuenta de que al igual que como ya había pasado antes en
la Cooperativa, se trataba de delitos inventados, de pruebas y testigos
fabricados en nuestra contra para dañar nuestra integridad, reputación
y, sobre todo, eliminarnos de la toma de decisiones en la asamblea
general de cooperativistas. Ello, con lo finalidad de que dejáramos de
denunciar las actividades ilegales al interior de nuestra querida
empresa, para hacer frente a los malos manejos de los recursos de la
Cooperativa por parte de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel
Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y
Ángel Martín Junquera Sepúlveda”.
El testigo dijo que en ese proceso penal
en su contra le fue inventada una supuesta sobrina, “la cual no existe
en mi árbol genealógico, [quien] me introdujo a su entonces pareja, a
quien supuestamente le vendí un departamento en el Puerto de Veracruz.
Durante mi detención, mi defensa argumentó que el día en el que el
denunciante refirió tuvieron lugar los hechos en Veracruz, yo me
encontraba en la Ciudad de México, visitando en el Sanatorio Español a
un compañero socio que acababa de ser operado. Ahora sé que mi entonces
defensa, impuesta por Borrell Rodríguez para así beneficiar al grupo
delincuencial integrado por los señores Guillermo Héctor Álvarez Cuevas,
Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Mario
Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, no fue bien planteada
y aunque obtuve auto de libertad, éste fue combatido por meses por
parte de la supuesta víctima”.
El 29 de septiembre de 2018, Marín
Gutiérrez fue electo –“por una mayoría aplastante”– presidente del
Consejo de Administración durante la celebración de una Asamblea General
de Socios de la Cooperativa. El testigo advirtió que al ser contraria
esa decisión a los intereses de los ahora imputados, se “dio pie a que
comenzaran diversas amenazas en mi contra, además de situaciones ilegales, como mi remoción del puesto de trabajo y de mi calidad de socio” por parte de Billy Álvarez.
“Como no cedí ante esas amenazas,
casualmente mi defensa, impuesta por Borrell y pagada por Sánchez
Álvarez con dinero de la Cooperativa, perdió mi asunto al no presentar
en tiempo un recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados del
Séptimo Circuito. En ese tenor, en marzo de 2019, se dictó mi
reaprehensión. Afortunadamente antes de que fuera ejecutada, me di
cuenta de lo sucedido y cambié de defensa. En ese momento, mi defensa se
dio cuenta que la anterior había dejado pasar múltiples cuestiones de
trascendental importancia para mis intereses.”
Y es que resultó que todo el caso fue un gran montaje: “el denunciante se había apersonado con una identificación falsa,
al igual que todos los testigos; los supuestos movimientos financieros
se hicieron a un banco que ya no existe. Incluso se comprobó mediante la
información enviada por el banco que el denunciante ni siquiera tenía
una cuenta bancaria en la institución que alegaba. Asimismo, Banxico
señaló que las supuestas transferencias no fueron hechas; las firmas de
los contratos mediante los cuales supuestamente engañé al inexistente
denunciante resultaron falsas, a dicho de peritos privados y oficiales.
En conclusión, todo lo que obra en mi contra en la causa penal 144/2077 es falso y fabricado”.
Pero no sólo eso, en su testimonio
rendido ante la FGR se estableció lo siguiente: “[…] mi defensa verificó
y comprobó que mi caso se trató de una averiguación a modo, que
casualmente fue integrada por el mismo [agente del] Ministerio Público
que clonó la [averiguación] de Víctor Manuel Velázquez Rangel y no sólo
eso, sino que eran números de averiguación previa consecutivos en el
libro de registro que fue alterado vilmente con corrector y pluma. Por
lo anterior, puedo concluir sin duda alguna que los señores Guillermo
Héctor Álvarez Cuevas, Víctor Manuel Garcés Rojo, Miguel Eduardo Borrell
Rodríguez, Mario Sánchez Álvarez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, así
como han ideado un esquema para desviar dinero de la Cooperativa,
también han logrado generar un esquema de corrupción con múltiples autoridades, locales y federales, para dañar a todos los socios de la Cooperativa
que nos hemos opuesto a sus manejos; pues mi caso no es el único de
delitos fabricados que han terminado en detenciones ilegales, que buscan
intimidar y dañar la integridad de las personas que hemos hablado en su
contra”.
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