Reforma del outsourcing, la gran apuesta para el cierre de la LXIV legislatura
El último periodo ordinario la LXIV legislatura inició este lunes. En el anterior, el Congreso saldó temas urgentes para la nueva normalidad laboral, como el teletrabajo, y apresuró la aprobación de la reforma pensionaria. Pero el gran lastre sigue siendo la subcontratación, aunque todo parece que esta vez sí lo logrará.
Además, está obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a volver a discutir el tope a los salarios de funcionarios y funcionarias de alto rango. Y tendrá que concluir al menos dos asuntos avanzados: los salarios mínimos por encima de la inflación y la obligatoriedad del seguro social para trabajadoras del hogar.
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La LXIV legislatura se despide al cumplirse un año de la pandemia de covid-19 en México, aunque es muy probable que en la LXV sigamos viendo las mismas caras. En el Senado, a las legisladoras y legisladores les restan tres años; en la Cámara de Diputados, aunque sus inquilinos concluyen su encargo en agosto, la gran mayoría busca reelegirse.
La Comisión del Trabajo y Previsión Social, junto con la de Hacienda y Crédito Público, de San Lázaro, se alistan a dictaminar la reforma del gobierno federal en materia de subcontratación. La iniciativa es de carácter preferente, prohíbe el outsourcing de personas y lo permite para las actividades secundarias.
En diciembre representantes empresariales, que se oponen a la propuesta, lograron pausarla. Luego de varios encuentros con el presidente Andrés Manuel López Obrador, acordaron posponer su discusión hasta este mes.
En tanto, el sector patronal se comprometió a no despedir personal subcontratado, una práctica a la que muchas empresas recurrían a finales de año. El gobierno federal, por su parte, abrió mesas de diálogo para tratar un tema que no había contemplado, pero que es clave en la negociación: el reparto de utilidades.
Mínimos para unos, máximos para otros
Ya instalado en la nueva normalidad, una que no permite sesionar de manera presencial, el Senado discutirá la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Será la tercer vez que se aborde el tema.
También es una propuesta por el gobierno federal, que pretende fijar un tope en las remuneraciones de los altos cargos para que nadie gane más que el Presidente de la República.
Ha sido aprobada y luego impugnada, la SCJN se ha pronunciado y se ha vuelto a discutir. En septiembre del 2020 la Cámara de Diputados le hizo los últimos cambios y concedió que la burocracia reciba recompensas, bonos, reconocimientos o estímulos económicos.
En diciembre, el Senado solicitó a la Corte una prórroga para cumplir con la sentencia que le obliga a modificar esa ley, creada en 2018. El plazo vencía el 15 de diciembre y el dictamen está listo. Pero no ha sido llevado al pleno porque no ha habido “consensos políticos”, según le explicó esa Cámara a la SCJN.
Mientras el Senado sigue discutiendo esa reforma, en San Lázaro revisarán otra aprobada por las senadoras y los senadores: la del salario mínimo. La minuta modifica el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los aumentos anuales tendrán que ser siempre mayores a la inflación.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año deberá considerar que el incremento del salario mínimo deberá ser 2 puntos porcentuales mayor al encarecimiento general de los precios. Además, “siempre deberá ser superior al último valor mensual de la Línea de bienestar” de ingresos urbanos.
Trabajadoras del hogar y los congelados
En abril de 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la primera etapa del programa piloto para afiliar alas trabajadoras del hogar, en cumplimiento de una sentencia de la Corte. En mayo de 2019 el Congreso modificó la LFT y reconoció varios derechos laborales de este sector.
Quedaron pendientes los cambios a la Ley del Seguro Social para establecer la obligación de quienes las contratan a registrarlas en el IMSS. El acuerdo fue esperar a los resultados del programa piloto para también legislar un modelo de inscripción acorde con las necesidades de esta población.
En noviembre de 2020 el IMSS por fin remitió al Senado el informe sobre la primera etapa de implementación. En el documento, le sugiere al Congreso que sean las personas empleadoras las responsables de hacer el trámite de inscripción. También propone que el salario para poder cotizar deberá ser de al menos el salario mínimo vigente por día.
Otro tema, aprobado ya por la Cámara de Diputados, que analizará el Senado es la creación del sistema nacional de cuidados. La falta de una red que atienda a niños y niñas, personas con discapacidad y adultas mayores ha impedido que miles de mujeres ingresen al mercado laboral. O quienes lo logran, realizan dobles o triples jornadas de trabajo y sólo una es remunerada.
Estas reformas llevan un avance del 50% con la aprobación de al menos una de las Cámaras, pero existen más de una veintena de iniciativas propuestas a partir de la experiencia de esta pandemia que no han sido discutidas.
Algunas buscan garantizar los derechos laborales en épocas de emergencia sanitaria. Prohíben los despidos y establen el pago de al menos un salario mínimo por un mes para quienes no puedan seguir trabajando. Definen a la población vulnerable o pretenden crear un seguro de desempleo.
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