En caso Luz y Fuerza los ministros violaron la Constitución de manera descarada: Carrancá
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de julio de 2010, p. 14
Raúl Carrancá y Rivas, abogado constitucionalista y maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo estar “decepcionado” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que con tal de avalar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) “violaron la Constitución de manera descarada”.
Por ello, indicó, están dados todos los elementos normativos que ordenan los artículos 109 y 110 de la Carta Magna “para que cualquier ciudadano presente una denuncia de juicio político ante el Poder Legislativo en contra de los ministros”.
El también miembro del equipo de abogados que redactó la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la determinación presidencial de desaparecer LFC señaló que ante la falta de autonomía de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el camino jurídico más viable para que el gremio y los trabajadores electricistas continúen su litigio contra el Estado mexicano se encuentra en los tribunales internacionales.
Durante la sesión pública del pasado lunes, 10 de los 11 ministros (Olga Sánchez Cordero estuvo ausente) confirmaron en votaciones unánimes la extinción de LFC –decretada en octubre de 2009 por el presidente Felipe Calderón–, al negar un amparo promovido por el SME.
La Corte resolvió de manera definitiva e inatacable que el titular del Ejecutivo tenía facultades para extinguir a la empresa, que el decreto respectivo justificó debidamente la medida y que no se violó la garantía de audiencia previa del SME ni los derechos laborales de sus agremiados.
Los ministros aclararon en su fallo que los ex trabajadores de LFC todavía pueden litigar ante la JFCA cuestiones como la llamada sustitución patronal para ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad, o los montos de sus liquidaciones, aunque esos juicios podrían tardar varios años.
Entrevistado para conocer su opinión sobre la resolución de la SCJN, Carrancá y Rivas –quien ha sido profesor de derecho constitucional de varias generaciones de abogados, muchos de los cuales trabajan o se han desempeñado como jueces y magistrados dentro del Poder Judicial Federal– aseguró que el hecho de que 10 ministros hayan negado el amparo al SME prácticamente sin que hubiera un debate de por medio, demuestra “la falta de independencia” de los integrantes del máximo tribunal.
Como muestra de lo anterior citó la siguiente anécdota: “la juez de distrito (Isabel Porras) dijo en su momento que no había habido, en el caso de los trabajadores electricistas, privación de ningún derecho en perjuicio del artículo 14 constitucional, sino que sólo hubo molestia. Se trata del mismo argumento que se manejó el lunes pasado en la Corte. Creo que el más elemental sentido común encuentra dónde estuvo el origen de la sentencia de la juez”
Ante la falta de independencia que han mostrado las autoridades judiciales, “lo que procede es que se pida al Congreso de la Unión que inicie juicio político en contra de los ministros, porque con base en el artículo 109 de la Constitución, en su resolución final, estos servidores públicos incurrieron en actos u omisiones que redundaron en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de la clase trabajadora”, concluyó.
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Periódico La Jornada
Miércoles 7 de julio de 2010, p. 14
Raúl Carrancá y Rivas, abogado constitucionalista y maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo estar “decepcionado” de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que con tal de avalar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) “violaron la Constitución de manera descarada”.
Por ello, indicó, están dados todos los elementos normativos que ordenan los artículos 109 y 110 de la Carta Magna “para que cualquier ciudadano presente una denuncia de juicio político ante el Poder Legislativo en contra de los ministros”.
El también miembro del equipo de abogados que redactó la demanda de amparo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra la determinación presidencial de desaparecer LFC señaló que ante la falta de autonomía de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el camino jurídico más viable para que el gremio y los trabajadores electricistas continúen su litigio contra el Estado mexicano se encuentra en los tribunales internacionales.
Durante la sesión pública del pasado lunes, 10 de los 11 ministros (Olga Sánchez Cordero estuvo ausente) confirmaron en votaciones unánimes la extinción de LFC –decretada en octubre de 2009 por el presidente Felipe Calderón–, al negar un amparo promovido por el SME.
La Corte resolvió de manera definitiva e inatacable que el titular del Ejecutivo tenía facultades para extinguir a la empresa, que el decreto respectivo justificó debidamente la medida y que no se violó la garantía de audiencia previa del SME ni los derechos laborales de sus agremiados.
Los ministros aclararon en su fallo que los ex trabajadores de LFC todavía pueden litigar ante la JFCA cuestiones como la llamada sustitución patronal para ser recontratados por la Comisión Federal de Electricidad, o los montos de sus liquidaciones, aunque esos juicios podrían tardar varios años.
Entrevistado para conocer su opinión sobre la resolución de la SCJN, Carrancá y Rivas –quien ha sido profesor de derecho constitucional de varias generaciones de abogados, muchos de los cuales trabajan o se han desempeñado como jueces y magistrados dentro del Poder Judicial Federal– aseguró que el hecho de que 10 ministros hayan negado el amparo al SME prácticamente sin que hubiera un debate de por medio, demuestra “la falta de independencia” de los integrantes del máximo tribunal.
Como muestra de lo anterior citó la siguiente anécdota: “la juez de distrito (Isabel Porras) dijo en su momento que no había habido, en el caso de los trabajadores electricistas, privación de ningún derecho en perjuicio del artículo 14 constitucional, sino que sólo hubo molestia. Se trata del mismo argumento que se manejó el lunes pasado en la Corte. Creo que el más elemental sentido común encuentra dónde estuvo el origen de la sentencia de la juez”
Ante la falta de independencia que han mostrado las autoridades judiciales, “lo que procede es que se pida al Congreso de la Unión que inicie juicio político en contra de los ministros, porque con base en el artículo 109 de la Constitución, en su resolución final, estos servidores públicos incurrieron en actos u omisiones que redundaron en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de la clase trabajadora”, concluyó.
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En este pais todo puede suceder, y ya estamos hartos de tanta injusticia.