"Cinco años de impunidad", acusan mujeres ultrajadas por policías en operativos de Atenco

Pobladores de Atenco se manifestaron frente a la PGR para exigir justicia ante abusos perpetrados por policías durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006Foto María Meléndrez Parada

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de mayo de 2011, p. 15

En el mitin para recordar el quinto aniversario de la incursión policiaca en Atenco, Bárbara Italia Méndez, una de las 26 mujeres que fueron detenidas, "violadas y torturadas sexualmente" por agentes, aseveró: "a cinco años de los hechos, nuestro grito es el mismo: justicia". Ante unas 200 personas, señaló: “tenemos cinco años enfrentando cara a cara al Estado; seguimos en la lucha, de pie, y a pesar de la tortura y la cárcel, no nos vencerán.

"Cinco años es mucho tiempo. No se trata de la lucha de 11 mujeres; lo que debemos evidenciar es la tortura sexual de que fuimos objeto 26 de las 47 mujeres (detenidas). Tenemos que evidenciar que la tortura sexual sigue siendo una práctica entre la policía para reprimir los movimientos sociales".

En Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron aprehendidas 207 personas, entre ellas 47 mujeres. Bárbara Italia es una de ellas, y una de las 26 que denunciaron el ultraje cometido en los camiones en que eran trasladadas a Toluca, estado de México. También es una de las 11 que presentaron su caso de "tortura sexual" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "en busca de que se haga justicia, porque estamos convencidas de que en el país no la habrá".

Destaca que estos cinco años los puede resumir en una palabra: "impunidad. El gobierno no hace nada. No le interesa hacer justicia. No quiere castigar a los policías que nos violaron. La Fevimtra (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas) declinó la competencia en favor del estado de México, y con ello nos dejó igual que al principio: indefensas".

Refiere que debido a "lo tortuoso, a la revictimización de que fuimos objeto, 15 de las 26 ultrajadas se desistieron de continuar en la lucha. Las entiendo, fuimos sujetas a un proceso desgastante, desesperante, pero las que seguimos luchamos por todas".

Frente al edifico de la Procuraduría General de la República (PGR), se manifestaron alrededor de 200 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), de Amnistía Internacional, del SME y de Triquis de Oaxaca, entre otras agrupaciones que exigieron justicia para las mujeres de Atenco.

Ahí, al frente y junto a las mujeres agredidas sexualmente, estaban los dirigentes del FPDT, Ignacio del valle y su esposa, Trinidad Ramírez, quienes junto con otros integrantes de esa organización, machete en mano, reclamaron justicia.

Luis Arriaga, director del Prodh, aseveró que luego de cinco años de ocurridos esos hechos, "las denunciantes de tortura sexual mantienen firme su exigencia de justicia y denuncian con fundamento al Estado mexicano por su responsabilidad".

Resaltó que “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalaron detalladamente –en sus respectivas investigaciones– las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado mexicano durante el operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006. La aplicación del protocolo de Estambul a las mujeres que denunciaron haber sido torturadas por los policías que los trasladaron a los centros de detención dieron resultados positivos”.

En Toluca, el procurador de justicia mexiquense, Alfredo Castillo, garantizó que "no habrá impunidad" y antes del próximo 15 de septiembre –cuando concluye la administración de Enrique Peña Nieto– el Ministerio Público estatal determinará las dos averiguaciones pendientes de resolver por los dos jóvenes asesinados y el abuso sexual que denunciaron varias de las mujeres detenidas aquel 3 de mayo de 2006, entre ellas algunas extranjeras. En ambos casos –dijo– hay diligencias pendientes, pero su desahogo está en curso y oportunamente se definirá si procede ejercitar acción penal contra los agentes imputados.

Con información de Israel Dávila, corresponsal