Se castigará a los causantes del estallido, dice la PGR; Ferrari y Lozano se exculpan
De la Redacción
Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 3
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, prometió que aplicará todo el rigor de la ley y castigará a los responsables de la explosión ocurrida el martes en una mina de Sabinas, Coahuila, donde murieron al menos cinco trabajadores y nueve están atrapados.
Al concluir un foro sobre seguridad en la residencia oficial de Los Pinos, la funcionaria declaró que las investigaciones están en una etapa inicial y aún no puede informar si son ciertas las denuncias acerca de que la empresa minera Binsa operaba de manera irregular y contrató a un menor de edad que resultó con lesiones graves.
Por su parte, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que la empresa operaba "en absoluta irregularidad". En el registro minero no existe ninguna solicitud sobre la explotación del pozo siniestrado, dijo, y con ello se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el accidente, al igual que lo hizo Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Ferrari explicó que la Secretaría de Energía entregó la concesión minera con el número 225883 a Luis González Garza y Minera El Sabino, para un terreno de 270 hectáreas, pero la explotación del pozo donde ocurrió el accidente quedó a cargo de otra persona –Melchor Sánchez– que inició obras hace 18 días y del cual no existe registro.
En entrevista radiofónica, el funcionario puntualizó que la Ley Federal del Trabajo establece que el primer responsable de percances como el ocurrido en Sabinas "es el patrón". A las autoridades les corresponde evitar, por la vía administrativa, que se obtengan concesiones y amparos para realizar explotaciones mineras sin respetar la normatividad.
En Vancouver, Canadá, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, recordó que desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, el gremio ha demandado que se legisle para "penalizar la negligencia criminal de las empresas que no instalan adecuadas condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo", pero el gobierno ha hecho caso omiso.
Las autoridades tampoco han castigado ni sancionado a los responsables de los siniestros, ni a las empresas que han cometido crímenes industriales, como Grupo México, ni a las autoridades federales y estatales que han sido omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
Por su parte, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, responsabilizó al presidente Felipe Calderón y al secretario del Trabajo, Javier Lozano, del siniestro en Sabinas.
La muerte de los mineros "es consecuencia de la grave desprotección en que se encuentran los trabajadores mexicanos, pero sobre todo de la impunidad de que gozan los patrones" señaló la organización.
En la Cámara de Diputados, el PRI atribuyó la tragedia a la "indolencia y omisión" de la STPS para resolver el problema de inseguridad en las minas del país. El PRD acusó que existe complicidad entre gobiernos y empresarios para evitar la revisión de esos centros de trabajo.
Armando Ríos Piter, coordinador de la bancada del PRD, exigió que Lozano renuncie, porque "ha sido totalmente omiso en los temas que le han tocado; se ha dedicado a su precandidatura presidencial y no le sirve para nada a este país en los temas que por responsabilidad legal le corresponde llevar".
También el líder del grupo parlamentario del PT, Pedro Vázquez, señaló que "una vez más se demuestra que no hay supervisión, ni control y las medidas de seguridad a las que están obligadas las empresas son inadecuadas".
En cambio, el PAN, por conducto del diputado federal Felipe de Jesús Cantú, deslindó al gobierno federal de la responsabilidad en la revisión permanente de las minas y propuso modificar la ley en la materia con la finalidad de obligar a los permisionarios a utilizar "técnicas modernas" en la explotación de los recursos naturales y así garantizar la integridad de los trabajadores.
El priísta Miguel Pompa Corella, presidente de la Comisión Especial para Temas Mineros en la Cámara de Diputados, anunció que el accidente de Sabinas se integrará al expediente que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado a raíz de la explosión en Pasta de Conchos.
En tanto, Dolores Padierna, secretaria general del PRD, planteó que debe sancionarse a los funcionarios y empresarios responsables de la explosión y exigió a Lozano Alarcón que mejore las condiciones laborales y de seguridad en los centros de trabajo "en lugar de participar en pasarelas presidenciales".
A las críticas se sumaron Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y Alan Jiménez Reynoso, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien hizo un llamado a no satanizar el trabajo infantil, porque forma parte de la sobrevivencia de las familias más pobres. Señaló que las actividades productivas de los menores deben estar siempre en concordancia con los tratados internacionales de protección a la niñez.
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Periódico La Jornada
Jueves 5 de mayo de 2011, p. 3
La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, prometió que aplicará todo el rigor de la ley y castigará a los responsables de la explosión ocurrida el martes en una mina de Sabinas, Coahuila, donde murieron al menos cinco trabajadores y nueve están atrapados.
Al concluir un foro sobre seguridad en la residencia oficial de Los Pinos, la funcionaria declaró que las investigaciones están en una etapa inicial y aún no puede informar si son ciertas las denuncias acerca de que la empresa minera Binsa operaba de manera irregular y contrató a un menor de edad que resultó con lesiones graves.
Por su parte, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, afirmó que la empresa operaba "en absoluta irregularidad". En el registro minero no existe ninguna solicitud sobre la explotación del pozo siniestrado, dijo, y con ello se deslindó de cualquier responsabilidad sobre el accidente, al igual que lo hizo Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Ferrari explicó que la Secretaría de Energía entregó la concesión minera con el número 225883 a Luis González Garza y Minera El Sabino, para un terreno de 270 hectáreas, pero la explotación del pozo donde ocurrió el accidente quedó a cargo de otra persona –Melchor Sánchez– que inició obras hace 18 días y del cual no existe registro.
En entrevista radiofónica, el funcionario puntualizó que la Ley Federal del Trabajo establece que el primer responsable de percances como el ocurrido en Sabinas "es el patrón". A las autoridades les corresponde evitar, por la vía administrativa, que se obtengan concesiones y amparos para realizar explotaciones mineras sin respetar la normatividad.
En Vancouver, Canadá, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, Napoleón Gómez Urrutia, recordó que desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, el gremio ha demandado que se legisle para "penalizar la negligencia criminal de las empresas que no instalan adecuadas condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo", pero el gobierno ha hecho caso omiso.
Las autoridades tampoco han castigado ni sancionado a los responsables de los siniestros, ni a las empresas que han cometido crímenes industriales, como Grupo México, ni a las autoridades federales y estatales que han sido omisas en el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
Por su parte, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, responsabilizó al presidente Felipe Calderón y al secretario del Trabajo, Javier Lozano, del siniestro en Sabinas.
La muerte de los mineros "es consecuencia de la grave desprotección en que se encuentran los trabajadores mexicanos, pero sobre todo de la impunidad de que gozan los patrones" señaló la organización.
En la Cámara de Diputados, el PRI atribuyó la tragedia a la "indolencia y omisión" de la STPS para resolver el problema de inseguridad en las minas del país. El PRD acusó que existe complicidad entre gobiernos y empresarios para evitar la revisión de esos centros de trabajo.
Armando Ríos Piter, coordinador de la bancada del PRD, exigió que Lozano renuncie, porque "ha sido totalmente omiso en los temas que le han tocado; se ha dedicado a su precandidatura presidencial y no le sirve para nada a este país en los temas que por responsabilidad legal le corresponde llevar".
También el líder del grupo parlamentario del PT, Pedro Vázquez, señaló que "una vez más se demuestra que no hay supervisión, ni control y las medidas de seguridad a las que están obligadas las empresas son inadecuadas".
En cambio, el PAN, por conducto del diputado federal Felipe de Jesús Cantú, deslindó al gobierno federal de la responsabilidad en la revisión permanente de las minas y propuso modificar la ley en la materia con la finalidad de obligar a los permisionarios a utilizar "técnicas modernas" en la explotación de los recursos naturales y así garantizar la integridad de los trabajadores.
El priísta Miguel Pompa Corella, presidente de la Comisión Especial para Temas Mineros en la Cámara de Diputados, anunció que el accidente de Sabinas se integrará al expediente que se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado a raíz de la explosión en Pasta de Conchos.
En tanto, Dolores Padierna, secretaria general del PRD, planteó que debe sancionarse a los funcionarios y empresarios responsables de la explosión y exigió a Lozano Alarcón que mejore las condiciones laborales y de seguridad en los centros de trabajo "en lugar de participar en pasarelas presidenciales".
A las críticas se sumaron Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, y Alan Jiménez Reynoso, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien hizo un llamado a no satanizar el trabajo infantil, porque forma parte de la sobrevivencia de las familias más pobres. Señaló que las actividades productivas de los menores deben estar siempre en concordancia con los tratados internacionales de protección a la niñez.
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