A juicio Zedillo en EU por crímenes de lesa humanidad
Agencias
20 Septiembre 2011
El expresidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce fue demandado en una corte federal de Connecticut por la masacre del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.
MÉXICO, DF.- Según The Wall Street Journal, el bufete de abogados de Miami de Rafferty Kobert Tenenholtz Limited y Hess, P.A. lleva el caso de varios sobrevivientes y familias de las víctimas.
La firma argumenta que el exmandatario y otros exfuncionarios de su gobierno como Jorge Madrazo Cuéllar y Liébano Sáenz conspiraron para crear grupos paramilitares y armar a civiles para exterminar el movimiento zapatista en tierra chiapaneca.
La demanda contra Zedillo plantea que su gobierno apoyó la formación y entrenamiento por parte de las fuerzas armadas mexicanas de grupos paramilitares; éstos actuaron como parte de un plan de contrainsurgencia contra la población civil de Acteal, donde fueron arteramente asesinados 45 hombres, mujeres y niños, y decenas de heridos.
Los demandantes son sobrevivientes de aquel ataque, así como las viudas y los hijos de algunas de las víctimas.
Según el documento de la demanda citado por WSJ, la masacre de Acteal surgió a partir de la implementación del Gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, cuyo objetivo central fue esbozar un plan para aplastar el movimiento insurgente zapatista en los 90. “Dicho plan fue fundamental para la creación y el despliegue de paramilitares y de autodefensa civil para ayudar a las fuerzas de operaciones militares, incluyendo armar a civiles de forma ilegal con armas de guerra”, expone el texto de la demanda.
La demanda
Además, la Corte federal de Connecticut recibió pruebas de que Zedillo presuntamente conspiró con Jorge Madrazo Cuéllar, entonces titular de la Procuraduría General de la República, para ocultar su intervención, antes y durante la masacre de Acteal. Como parte de ese “encubrimiento”, alrededor de 128 personas fueron detenidas y arrestadas cerca de Acteal. En octubre de 2007, 34 fueron declarados culpables de crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y muchos fueron condenados a 26 años de prisión. En agosto de 2009, sin embargo, la SCJN revocó condenas a 20 de ellos, debido a la mala conducta del fiscal, incluidas las pruebas de fabricación y violaciones de la ley penal y constitucional, y ordenó que los prisioneros liberados después de 11 años.
La demanda, cuyos documentos pueden consultarse en el sitio acteal97.com, expone: “El encubrimiento continuó por años y después de que Zedillo dejó el poder en 2000. Por ejemplo, un fiscal especial designado en 2007 para investigar la masacre de Acteal fue impedido por el ministro de Justicia de Chiapas para de no tomar el testimonio personal de Zedillo y del jefe de su staff, Liébano Sáenz. No fue sino hasta agosto de 2009 que la SCJN reveló estos hechos críticos cuando finalmente se conoció la verdad de este encubrimiento”.
Sin embargo, ese descubrimiento de hechos y de todos sus detalles, los sobrevivientes y sus familiares no pudieron concretar sus intentos de llevar ante un jurado a los responsables de la masacre.
Después de meses de preparación e investigación, la firma de abogados, presentó la queja, junto con la firma de Connecticut Mateo Dallas Gordon LLC. Las víctimas están realizando esta operación legal de forma anónima, para protegerlos de represalias. Por lo tanto, sus abogados no puede suministrar información acerca de las identidades de las víctimas; lo único que informaron es que se trata de cuatro mujeres y seis hombres.
Fuente
20 Septiembre 2011
MÉXICO, DF.- Según The Wall Street Journal, el bufete de abogados de Miami de Rafferty Kobert Tenenholtz Limited y Hess, P.A. lleva el caso de varios sobrevivientes y familias de las víctimas.
La firma argumenta que el exmandatario y otros exfuncionarios de su gobierno como Jorge Madrazo Cuéllar y Liébano Sáenz conspiraron para crear grupos paramilitares y armar a civiles para exterminar el movimiento zapatista en tierra chiapaneca.
La demanda contra Zedillo plantea que su gobierno apoyó la formación y entrenamiento por parte de las fuerzas armadas mexicanas de grupos paramilitares; éstos actuaron como parte de un plan de contrainsurgencia contra la población civil de Acteal, donde fueron arteramente asesinados 45 hombres, mujeres y niños, y decenas de heridos.
Los demandantes son sobrevivientes de aquel ataque, así como las viudas y los hijos de algunas de las víctimas.
Según el documento de la demanda citado por WSJ, la masacre de Acteal surgió a partir de la implementación del Gobierno mexicano de “El Plan de Campaña Chiapas 94”, cuyo objetivo central fue esbozar un plan para aplastar el movimiento insurgente zapatista en los 90. “Dicho plan fue fundamental para la creación y el despliegue de paramilitares y de autodefensa civil para ayudar a las fuerzas de operaciones militares, incluyendo armar a civiles de forma ilegal con armas de guerra”, expone el texto de la demanda.
La demanda
Además, la Corte federal de Connecticut recibió pruebas de que Zedillo presuntamente conspiró con Jorge Madrazo Cuéllar, entonces titular de la Procuraduría General de la República, para ocultar su intervención, antes y durante la masacre de Acteal. Como parte de ese “encubrimiento”, alrededor de 128 personas fueron detenidas y arrestadas cerca de Acteal. En octubre de 2007, 34 fueron declarados culpables de crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y muchos fueron condenados a 26 años de prisión. En agosto de 2009, sin embargo, la SCJN revocó condenas a 20 de ellos, debido a la mala conducta del fiscal, incluidas las pruebas de fabricación y violaciones de la ley penal y constitucional, y ordenó que los prisioneros liberados después de 11 años.
La demanda, cuyos documentos pueden consultarse en el sitio acteal97.com, expone: “El encubrimiento continuó por años y después de que Zedillo dejó el poder en 2000. Por ejemplo, un fiscal especial designado en 2007 para investigar la masacre de Acteal fue impedido por el ministro de Justicia de Chiapas para de no tomar el testimonio personal de Zedillo y del jefe de su staff, Liébano Sáenz. No fue sino hasta agosto de 2009 que la SCJN reveló estos hechos críticos cuando finalmente se conoció la verdad de este encubrimiento”.
Sin embargo, ese descubrimiento de hechos y de todos sus detalles, los sobrevivientes y sus familiares no pudieron concretar sus intentos de llevar ante un jurado a los responsables de la masacre.
Después de meses de preparación e investigación, la firma de abogados, presentó la queja, junto con la firma de Connecticut Mateo Dallas Gordon LLC. Las víctimas están realizando esta operación legal de forma anónima, para protegerlos de represalias. Por lo tanto, sus abogados no puede suministrar información acerca de las identidades de las víctimas; lo único que informaron es que se trata de cuatro mujeres y seis hombres.
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