México: Indígena liberada acusa violencia del gobierno de Chiapas
martes 14 de febrero de 2012
Patricia Chandomí (CIMAC)
“En Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres, menos si son indígenas, pobres, que no hablan el español; señor gobernador (Juan Sabines) no quiero sus apoyos, tengo mi mano, tengo mi pie para trabajar por mis hijos, durante todo su gobierno usted y sus funcionarios me tuvieron olvidada, no me ofreció nada, ni para mí, ni para mis hijos; hoy estoy libre por la solidaridad nacional e internacional que mostró hasta donde puede llegar la injusticia”, sostuvo Margarita López Gómez.
En conferencia de prensa en esta ciudad, la indígena tzotzil que estuvo presa siete años, acusada injustamente de homicidio calificado y padeció violencia física e institucional, rechazó toda ayuda del gobernador de Chiapas, Juan Sabines.
“Me quieren ayudar para tomarse la foto y hacerse publicidad, olvidando los siete años que me tuvieron encerrada injustamente. En Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres; yo apenas soy un ejemplo de la mala vida que llevamos miles de mujeres indígenas y pobres en Chiapas”, acusó.
El pasado viernes, Margarita López fue liberada del penal 5 de San Cristóbal de las Casas, luego de que se le otorgó la suspensión de una sentencia de 11 años por homicidio calificado.
Más de 200 indígenas presas
Acompañada de su madre, de 78 años, y de cuatro de sus seis hijos, Margarita dijo estar contenta por la solidaridad de muchas personas, que a través de las redes sociales exigieron su liberación.
También expresó su enojo con el gobierno de Chiapas, el cual –afirmó– la mantuvo marginada, por ello remarcó que no quiere nada que venga de sus manos.
Y es que el día de su liberación, el gobernador Juan Sabines le ofreció a Margarita atención psicológica y apoyo económico para que pueda reiniciar su vida.
López Gómez explicó que aún analiza la posibilidad de regresar al municipio de Mitontic, ya que ahí no tiene propiedad alguna y además existe el temor de que la familia de Juan Velasco López –su pareja asesinada y por quien se le acusó de homicidio–, pueda tomar represalias en su contra.
La abogada Martha Figueroa señaló que en Chiapas se tienen documentados por lo menos 250 casos de mujeres indígenas encarceladas injustamente, y con procesos llenos de irregularidades.
Violencia institucional
El Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) denunció desde un principio que Margarita López, fue injustamente procesada por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco, en agravio de su concubino Juan Velasco López, quien la golpeaba todos los días y además violó y embarazó a una de sus hijas.
De acuerdo con la abogada Gloria Flores Ruiz, en su declaración preparatoria ante la Fiscalía del Ministerio Público, la acusada se culpabilizó al no haber entendido bien lo que decía la autoridad ministerial por no haber contado con un traductor. Por lo mismo, en varias ocasiones Margarita se negó a ratificar su declaración ministerial.
De 2004 a 2007 Margarita estuvo en la cárcel preventiva del municipio de Venustiano Carranza. Al tratarse de un penal varonil, la indígena tuvo prohibido salir al patio o realizar actividades educativas o recreativas.
El 19 de febrero de 2007 la Segunda Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 01 Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en cumplimiento del amparo solicitado por el CDMCH, declaró inválida la resolución de primera instancia de 2005 y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria.
El 14 de mayo y el 25 de junio de 2007 se desahogaron diversas diligencias con valor probatorio que confirmaron la inocencia de Margarita en el homicidio de Velasco López; sin embargo en la sentencia definitiva del 17 de octubre de 2008 se condenó otra vez a la mujer a la misma pena de prisión y a la reparación del daño.
Por ello se interpuso una segunda demanda de amparo (27/3/2009) por violación a las garantías judiciales consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 20, apartado A fracciones VIII y IX, y 21 de la Constitución, ya que se contravino la prerrogativa de presunción de inocencia. El amparo no fue concedido y se condenó a la indígena a 11 años de prisión.
La defensora de Margarita, Rosa López Santiz, denunció que en todo el proceso la indígena intentó hacer efectivo su derecho a vivir libre de violencia, tal como lo disponen los artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), que México ratificó el 11 de diciembre de 1998.
“Sin embargo, las autoridades que forman parte del Poder Judicial del estado de Chiapas fallaron en su obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, así como a su obligación de “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, tal como lo dispone al artículo 7 de la misma Convención”, explicó López Santís.
Las abogadas Martha Figueroa y Rosa López sostuvieron que los órganos de justicia faltaron a su obligación de brindar protección a Margarita y su familia, quien no sólo fue víctima de su concubino sino también de un proceso judicial plagado de irregularidades.
Fuente
Patricia Chandomí (CIMAC)
“En Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres, menos si son indígenas, pobres, que no hablan el español; señor gobernador (Juan Sabines) no quiero sus apoyos, tengo mi mano, tengo mi pie para trabajar por mis hijos, durante todo su gobierno usted y sus funcionarios me tuvieron olvidada, no me ofreció nada, ni para mí, ni para mis hijos; hoy estoy libre por la solidaridad nacional e internacional que mostró hasta donde puede llegar la injusticia”, sostuvo Margarita López Gómez.
En conferencia de prensa en esta ciudad, la indígena tzotzil que estuvo presa siete años, acusada injustamente de homicidio calificado y padeció violencia física e institucional, rechazó toda ayuda del gobernador de Chiapas, Juan Sabines.
“Me quieren ayudar para tomarse la foto y hacerse publicidad, olvidando los siete años que me tuvieron encerrada injustamente. En Chiapas no se respetan los derechos de las mujeres; yo apenas soy un ejemplo de la mala vida que llevamos miles de mujeres indígenas y pobres en Chiapas”, acusó.
El pasado viernes, Margarita López fue liberada del penal 5 de San Cristóbal de las Casas, luego de que se le otorgó la suspensión de una sentencia de 11 años por homicidio calificado.
Más de 200 indígenas presas
Acompañada de su madre, de 78 años, y de cuatro de sus seis hijos, Margarita dijo estar contenta por la solidaridad de muchas personas, que a través de las redes sociales exigieron su liberación.
También expresó su enojo con el gobierno de Chiapas, el cual –afirmó– la mantuvo marginada, por ello remarcó que no quiere nada que venga de sus manos.
Y es que el día de su liberación, el gobernador Juan Sabines le ofreció a Margarita atención psicológica y apoyo económico para que pueda reiniciar su vida.
López Gómez explicó que aún analiza la posibilidad de regresar al municipio de Mitontic, ya que ahí no tiene propiedad alguna y además existe el temor de que la familia de Juan Velasco López –su pareja asesinada y por quien se le acusó de homicidio–, pueda tomar represalias en su contra.
La abogada Martha Figueroa señaló que en Chiapas se tienen documentados por lo menos 250 casos de mujeres indígenas encarceladas injustamente, y con procesos llenos de irregularidades.
Violencia institucional
El Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) denunció desde un principio que Margarita López, fue injustamente procesada por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco, en agravio de su concubino Juan Velasco López, quien la golpeaba todos los días y además violó y embarazó a una de sus hijas.
De acuerdo con la abogada Gloria Flores Ruiz, en su declaración preparatoria ante la Fiscalía del Ministerio Público, la acusada se culpabilizó al no haber entendido bien lo que decía la autoridad ministerial por no haber contado con un traductor. Por lo mismo, en varias ocasiones Margarita se negó a ratificar su declaración ministerial.
De 2004 a 2007 Margarita estuvo en la cárcel preventiva del municipio de Venustiano Carranza. Al tratarse de un penal varonil, la indígena tuvo prohibido salir al patio o realizar actividades educativas o recreativas.
El 19 de febrero de 2007 la Segunda Sala Regional Colegiada en materia Penal Zona 01 Tuxtla, del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en cumplimiento del amparo solicitado por el CDMCH, declaró inválida la resolución de primera instancia de 2005 y ordenó la reposición del procedimiento a partir de la declaración preparatoria.
El 14 de mayo y el 25 de junio de 2007 se desahogaron diversas diligencias con valor probatorio que confirmaron la inocencia de Margarita en el homicidio de Velasco López; sin embargo en la sentencia definitiva del 17 de octubre de 2008 se condenó otra vez a la mujer a la misma pena de prisión y a la reparación del daño.
Por ello se interpuso una segunda demanda de amparo (27/3/2009) por violación a las garantías judiciales consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 20, apartado A fracciones VIII y IX, y 21 de la Constitución, ya que se contravino la prerrogativa de presunción de inocencia. El amparo no fue concedido y se condenó a la indígena a 11 años de prisión.
La defensora de Margarita, Rosa López Santiz, denunció que en todo el proceso la indígena intentó hacer efectivo su derecho a vivir libre de violencia, tal como lo disponen los artículos 3 y 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), que México ratificó el 11 de diciembre de 1998.
“Sin embargo, las autoridades que forman parte del Poder Judicial del estado de Chiapas fallaron en su obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”, así como a su obligación de “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad, tal como lo dispone al artículo 7 de la misma Convención”, explicó López Santís.
Las abogadas Martha Figueroa y Rosa López sostuvieron que los órganos de justicia faltaron a su obligación de brindar protección a Margarita y su familia, quien no sólo fue víctima de su concubino sino también de un proceso judicial plagado de irregularidades.
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