Persisten las dudas en la extinción de Luz y Fuerza
Las interrogantes no caducan
Martín Esparza Flores
Revista Siempre!
En el Informe de Rendición de Cuentas
2006-2012 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), signado por
Jaime González Aguade, último director de la paraestatal en el pasado
sexenio, se establece con claridad el marco jurídico que en lo
constitucional y en lo legislativo rige a la industria eléctrica
nacional y a los organismos encargados de operarla.
Son los artículos 27 y 28 de nuestra
Carta Magna los que norman el manejo, por parte del Estado, de los
recursos estratégicos como la electricidad y cuya función al respecto no
constituye monopolio alguno. El párrafo cuarto del 28 indica que el
Gobierno federal debe mantener siempre la propiedad y el control sobre
los organismos que en su caso se establezcan.
De igual forma, en la fracción X del
artículo 73 se dicta que el Congreso tiene la facultad para legislar en
toda la república sobre energía eléctrica; y en la fracción I del
artículo 89 se prevé como facultad del Ejecutivo promulgar y ejecutar
las leyes que expida el Poder Legislativo, proveyendo en la esfera
administrativa a su exacta observancia.
Es la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica la que regula todas y cada una de las actividades del sector,
así como aquéllas que no se consideran servicio público y determina la
naturaleza jurídica y la organización de entidades como la CFE y la
extinta Luz y Fuerza del Centro; la primera creada a instancias del
presidente Lázaro Cárdenas en 1937, y la segunda surgida de la
iniciativa enviada por Carlos Salinas de Gortari al Congreso, durante su
gobierno, mediante la cual diputados y senadores aprobaron las reformas
al artículo cuarto transitorio de dicha ley para disponer la creación
de un nuevo organismo que atendiera la zona centro del país, con base en
las facultades que otorga al Legislativo la fracción X del artículo 73.
Es el momento que, en el contexto de un
naciente gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
responda de cara a millones de mexicanos los motivos que llevaron a sus
integrantes a declarar constitucional el Decreto de Extinción de Luz y
Fuerza del Centro emitido en octubre del 2009 por Felipe Calderón,
cuando la facultad para operar los cambios en LFC no recaía en el ámbito
de sus atribuciones sino en las del Congreso de la Unión, tal y como lo
establece el marco constitucional.
Pero también subsisten otras
interrogantes a dilucidar, entre ellas: ¿quién supervisó la actuación
administrativa del Ejecutivo y los miembros de la Junta de Gobierno que
controlaban, en su caso, LFC?; ¿cuándo este órgano de gobierno sesionó
para declarar como insostenible financieramente el organismo público
descentralizado?; ¿quién se tomó la molestia de fiscalizar a los
miembros de la Junta de Gobierno?; ¿en qué manos quedaron los archivos
históricos, tanto técnicos como financieros de Luz y Fuerza, así como
sus inventarios?; ¿a cuánto ascendía el patrimonio de la extinta
entidad?; ¿a cuánto asciende el Fondo de Previsión Social?
Estas interrogantes al igual que los
temas de orden administrativos no caducan al término de una
administración federal, por lo que debe abrirse un debate nacional para
inducir la rendición de cuentas de los responsables y determinar con
claridad a la sociedad la pésima administración de Felipe Calderón y su
séquito de corifeos como la entonces secretaria de Energía, Georgina
Kessel y su secretario del Trabajo, Javier Lozano, sin faltar, por
supuesto, los miembros de la Junta de Gobierno de LFC, que además
entregaron a particulares el millonario negocio de la fibra óptica.
Es momento de que la SCJN asuma su papel
como máximo representante del Poder Judicial para lograr que tanto el
Legislativo y como el Ejecutivo respeten sus funciones establecidas en
nuestra Constitución, producto de una revolución armada que costó más de
un millón de vidas. Sólo respetando el marco constitucional podremos
alcanzar un país democrático, con libertad y con justicia social. Los
ministros tienen en sus manos el resolver un conflicto que lleva más de
tres años, donde los únicos afectados han sido los trabajadores del SME,
los usuarios y el pueblo de México.
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