La guerra contra la educación pública

David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 3 de enero de 2013, p. 2 

Nueva York, 2 de enero. En este país de guerras hay una que sí –más allá de la retórica oficial– determinará el futuro de esta democracia: la gran disputa nacional en torno a la educación pública.

La ofensiva de los autoproclamados reformadores de la educación está compuesta por algunas de las fuerzas más poderosas del país, entre ellos los hombres más ricos de Estados Unidos, el gobierno federal, el sector financiero, los grandes medios y cabilderos, quienes afirman que el problema central de un sistema de enseñanza público en descomposición son los maestros de baja calidad y sus sindicatos que defienden el statu quo.
La solución que proponen, financiada por miles de millones en fondos privados, es sujetar el sistema de educación a un modelo empresarial guiado por ejecutivos, donde se evalúa a los docentes exclusivamente en torno a exámenes estandarizados y se mide todo por esquemas de datos bajo normas que se aplican al sector privado. A la vez, se busca aplicar el libre mercado al sector educativo, con esfuerzos para privatizar algunos segmentos y contratar cada vez más servicios del sector privado en la enseñanza pública.
En esta guerra, el enemigo son los maestros y sus sindicatos, a quienes culpan de resistir el cambio, proteger sus intereses mezquinos, que ponen encima de los de sus estudiantes, y de culpar a factores socioeconómicos por sus deficiencias.
Tal vez la expresión mejor conocida de este argumento fue la película documental Esperando a Superman, de 2010, que presentó un sistema educativo compuesto de maestros mediocres y complacientes, casi como burócratas, padres de familia frustrados y sindicatos del magisterio con el solo interés de proteger a sus agremiados. Según la película, la única y mejor solución son las llamadas escuelas chárter, que reciben fodos públicos, pero son administradas de manera privada, exentas de varias regulaciones, entre ellas, la obligación de contratar sólo profesores sindicalizados, y algunas pueden ser operadas con fines de lucro (hay más de 4 mil chárters en 40 estados del país, y ahora suman 5 por ciento de las escuelas públicas). Los críticos acusan que son la punta de lanza de la privatización.

Ineficiencia y mediocridad

El argumento sobre la mediocridad e ineficiencia de la educación pública ha sido nutrido por informes de instituciones y personalidades muy destacadas, desde el secretario del rubro, Arne Duncan, a algunos de los medios más influyentes del país. Bill Gates se ha obsesionado con el hecho de que el sistema de enseñanza pública ya no produce la calidad de trabajadores de alta capacitación técnica que requiere el país para competir a nivel mundial, algo que Barack Obama ha reiterado al insistir en que los estudiantes estadunidenses no pueden competir con los coreanos. Un grupo de trabajo del prestigioso Consejo de Relaciones Exteriores, encabezado por la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice y el ex jefe de educación pública de la ciudad de Nueva York Joel Klein, dio la alarma de que el pobre desempeño educacional estadunidense en el contexto global representaba una grave amenaza a la seguridad nacional.

Noventa por ciento de los alumnos estadunidenses están en planteles públicos, alrededor de 50 millones actualmente. El gasto federal, estatal y municipal en enseñanza supera 600 mil millones dólares al año. Como afirma David Denby en The New Yorker, el debate sobre el futuro de la educación es en parte sobre empleo, poder y dinero, y ahora es parte de la lucha ideológica entre el gobierno, como garante del bien comunitario, y la competencia del mercado como un creador potencial de excelencia.
Por lo menos desde hace una década –algunos dicen que esta guerra empezó hace 20 años– este movimiento reformista ha sido financiado en gran parte por empresarios y sus fundaciones, la más sobresaliente la de Bill Gates (Microsoft), la familia Walton (de Walmart), Mark Zuckerberg (Facebook) y Eli Broad (su fortuna es de la aseguradora Sun Life) y Michael Bloomberg (de Bloomberg y actual alcalde de Nueva York). Estos han invertido miles de millones en programas de privatización de escuelas públicas (las llamadas escuelas chárter), en financiar think tanks, agrupaciones de cabildeo, centros de expertos, medios y periodistas, y en el apoyo y cabildeo de autoridades locales, estatales y federales, logrando imponer su agenda a escala nacional.
Ellos ya definen y determinan en gran medida el debate sobre las políticas en el sector en este país, y tienen entre sus filas a los jefes de educación de casi todas las principales ciudades del país, hasta el propio secretario del rubro, Arne Duncan, y su jefe, Barack Obama (como también a su antecesor, George W. Bush).

Privatización o escuelas chárter

Junto con ellos se ha integrado a este movimiento reformista un sector de nula experiencia y, anteriormente, ningún interés en la enseñanza pública: el financiero, que ahora también financia escuelas chárter, promueve reformas para establecer el modelo empresarial y condiciona sus contribuciones sustantivas a políticos en torno al apoyo a iniciativas favorecidas por los reformadores.

Desde 2002, la pieza central del movimiento reformista ha imperado sobre el panorama de la enseñanza pública, cuando el entonces presidente George W. Bush promulgó la ley No child left behind o NCLB (ningún niño dejado atrás), donde se establece el uso de los resultados de exámenes estandarizados estatales a estudiantes para medir el desempeño de maestros y escuelas, que en algunos casos puede llevar al despido de docentes y hasta la clausura de planteles. Por tanto, con cada año se obliga a que los maestros y administradores dediquen cada vez más tiempo, esfuerzo y atención a estos exámenes, ya que determinan, cada vez más, su futuro.
Al llegar Obama a la Casa Blanca, su secretario de educación formuló un programa, Race to the top o RTTT (Carrera a la cima), que promueve una competencia entre estados para ampliar el uso de estos exámenes, la elaboración de más medidas y programas para la evaluación estadística de estudiantes y maestros con base en los exámenes, y la creación de más escuelas chárter a cambio de fondos federales.
NCLB y RTTT son las coronas del movimiento reformista empresarial, y sus consecuencias se sienten a lo largo y ancho del país. Su argumento fundamental es que, con base en estas reformas, los maestros por fin serán evaluados objetividad, y con ello hay un proceso de rendición de cuentas en el sistema.

La experta Diane Ravitch afirma que la profesión está bajo el ataque de quienes culpan a maestros por condiciones fuera de su controlFoto Saz

Mero negocio: antirreformistas

El problema, según los críticos de estas reformas, es que ni el diagnóstico de los reformadores, ni sus recetas están basadas en los hechos, lo cual ha llevado a críticos a considerar que las reformas tienen más que ver con negocios y una visión neoliberal que con la función y propósito de la educación pública. Citan numerosos estudios, investigaciones y datos que demuestran que las reformas no han generado los resultados prometidos, que el diagnóstico está viciado por graves errores en evaluación. Subrayan que el eje del modelo de reforma, los exámenes estandarizados, no puede ser usado para medir el desempeño de maestros y escuelas, según expertos nacionales y hasta directores de algunas de las empresas que se dedican a eso, incluyendo la Rand Corporation y la agencia de investigaciones sobre métodos de evaluación escolar de la Academia Nacional de Ciencias.

Por otro lado, en años recientes se ha revelado que en Nueva York, Houston, Chicago, Washington y otros lugares los políticos han inflado y manipulado los resultados de los exámenes que tanto señalan como pruebas del éxito de sus reformas.
La educación pública está bajo ataque de las fuerzas de la privatización, por gente que hace promesas falsas, declaró Diane Ravitch, profesora en la Universidad de Nueva York, quien hace una década fue una de las reformadoras más prominentes del país, ex secretaria asistente de educación en la presidencia de Bush padre, autora de 10 libros sobre políticas e historia de educación, entre otros logros destacados, quien ahora es tal vez la voz nacional más eminente en contra de los reformistas.
En un discurso el año pasado, agregó que la profesión magisterial está bajo ataque de aquellos que culpan a los maestros por condiciones más allá de su control. Desean quitarles su profesionalismo y convertirlos en técnicos de exámenes. También advirtió que “si logran quitar a los maestros el derecho de negociar el contrato colectivo, silencian sus voces.
Con ello eliminan la única fuerza que puede detenerlos. Eso deja el camino abierto para recortar fondos; para entregar más escuelas públicas a las cadenas de escuelas chárter… y para implementar políticas que dañan a los niños y reducen la calidad educativa. No permitan que lo hagan”.
Ravitch, en un artículo en The Daily Beast, pronosticó que “en los próximos años, los alumnos estadunidenses serán sometidos a más y más exámenes, la industria de los exámenes engordará, y la calidad de educación sufriría.
Para rescatarse, los maestros enseñarán sólo en torno a los exámenes malos, los distritos escolares abandonarán las artes y reducirán el tiempo en materias como historia, geografía, civismo, ciencias e idiomas para tener más tiempo para los exámenes. Habrá más escándalos de trampas con las calificaciones de las evaluaciones, que determinarán las vidas y carreras de maestros y directores, y la sobrevivencia de sus escuelas”.
Más recientemente, señaló que las empresas con fines de lucro tienen el objetivo de lograr ganancias, no buena educación. La manera en que generan ganancias es cortar costos, y lo hacen sustituyendo maestros con experiencia con maestros sin experiencia, y con tecnología. No preguntan si es bueno para los niños o si mejora la educación, sino si incrementa las ganancias sobre la inversión.

La fuerza del mercado

De hecho, para algunos, las reformas han sido parte de un esfuerzo impulsado por fuerzas conservadoras y empresariales, que argumentan que la única manera de mejorar todo es aplicar las fuerzas del mercado al sector público. En 2008, la revista Time citó que Susan Neuman, profesora de educación quien había sido subsecretaria del sector del presidente George W. Bush y promotora de la ley NCLB, señaló que algunos de sus colegas en el gobierno veían esa ley como un caballo de Troya para promover su agenda de privatización, demostrar el fracaso de la educación pública y así hacerla estallar un poco.

Richard Rothstein, experto en políticas educativas del Instituto de Política Económica y autor de varias obras sobre el tema, ha sido un crítico feroz de las reformas implementadas, y recientemente comentó al New Yorker que el movimiento de reforma está destruyendo el sistema de la enseñanza pública.
Los reformistas acusan a sus críticos de usar la pobreza y otras condiciones socioeconómicas como justificación para detener las reformas, las cuales, dicen, son la mejor manera de ofrecer oportunidades a los sectores más vulnerables. Pero según investigaciones de varias universidades y expertos como Jonathan Kozol, son los reformistas los que niegan el impacto de la pobreza sobre los estudiantes. De hecho, la brecha en desempeño académico entre pobres y ricos se ha ampliado hasta un 50 por ciento desde 1980.

Rebelión

Hay cada vez más avisos de rebelión contra la visión tecnócrata y empresarial de la educación. En Texas, casi 80 por ciento de las juntas escolares del estado han aprobado una resolución rechazan los exámenes estandarizados como base de evaluación de maestros y escuelas. En la ciudad de Nueva York, encuestas registran que las mayorías reprueban las reformas educativas del alcalde Bloomberg.

El 10 de septiembre del año pasado, por primera vez en 25 años, el sindicato de maestros de Chicago estalló una huelga y no fue por la disputa sobre salarios, sino contra la demanda del alcalde Rahm Emanuel, ex jefe de equipo del presidente Barack Obama, de abrir más escuelas chárter, mayor evaluación y bonos de maestros con base en los resultados de estudiantes en exámenes estandarizados. Ocho días después, la huelga concluyó tras concesiones por ambos lados, pero para muchos maestros esta acción logró detener, por ahora, la imposición de la agenda empresarial, una batalla en una guerra que continúa.
Rothstein escribió que la huelga “fue la primera rebelión abierta de maestros a escala nacional por esfuerzos para evaluar, castigar y recompensarlos basados en las calificaciones de sus estudiantes en los exámenes estandarizados… El descontento de los maestros ha estado burbujeando ahora durante una década, pero se necesitó un sindicato bien organizado para dar expresión práctica a ese descontento”.
Chicago, dicen unos, sólo es una primera llamada.

 

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