El IFE, en “quiebra moral y de credibilidad”
El IFE exonera al PRI por compra de votos.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las votaciones del Instituto Federal Electoral (IFE) relacionadas con el Monexgate y el tope de gastos de la campaña presidencial –ejes centrales del cuestionamiento que la oposición le hace al triunfo de Enrique Peña Nieto– evidenciaron que esa institución “jugó con el PRI y cuidó la imagen” del priista, pero además certificó que “el viejo sistema del PRI, el mañoso, de triquiñuelas y autoritario, se instaló de nuevo”.
Así resumen los analistas políticos e historiadores Lorenzo Meyer y José Antonio Crespo la actuación de funcionarios y consejeros electorales, de quienes dicen que pusieron en relieve “la quiebra moral” del IFE, “robándole su credibilidad”.
Uno califica de “irrisorios, ridículos e increíbles” los dictámenes que elaboró la Unidad de Fiscalización y votó el consejo general; otro los considera “casos turbios, opacos, sucios en donde el fiscalizador los limpió hasta donde pudo” para beneficiar al PRI.
Crespo, quien hasta el miércoles 6 había sido benévolo con la institución al considerar su desempeño “no espectacular pero sí adecuado” en las pasadas elecciones presidenciales, hoy lo considera sesgado, aunque centra su señalamiento en Alfredo Cristalinas, titular de la Unidad de Fiscalización y encargado de elaborar los dictámenes.
A las evidentes dudas sobre una actuación imparcial de los consejeros electorales se sumó la del hoy exconsejero Sergio García Ramírez, gracias a quien el PRI pudo evadir en primera instancia una multa por 75 millones de pesos por no haber informado al IFE que recurrió al uso de las tarjetas Monex.
La exoneración del PRI, respaldada por cuatro consejeros y rechazada por otros cuatro, se consumó justo cuando García Ramírez, reconocido exfuncionario priista y cercano colaborador de Luis Echeverría en su mandato presidencial, decidió no excusarse del Monexgate y respaldar a su partido.
La actuación de los nueve consejeros del Instituto –Leonardo Valdés, Marco Baños, Francisco Guerrero, Sergio García Ramírez, María Marván, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Lorenzo Córdova– y de Cristalinas puso al organismo en el centro de las críticas y los señaló como artífices de la “quiebra moral” del IFE y de haber acelerado su descomposición.
Del declive a la perdición
Analista del sistema político mexicano, Meyer sentencia: Fueron los partidos los que le robaron la credibilidad al IFE y sus consejeros no son ciudadanos “ideales” para estar ahí.
Recuerda que cuando surgieron los consejeros ciudadanos como Miguel Ángel Granados Chapa, fue el “momento estelar del IFE”, pese a que no controlaban la maquinaria electoral. El consejo de 1998 con José Woldenberg a la cabeza “era creíble” y pasaron la prueba en 2000, pues el cambio del PRI al PAN en la Presidencia no molestaba los intereses creados, “no cambiaba mucho esa parte de quién consigue qué, cómo, cuándo y dónde”.
Sin embargo, previo a la competencia de 2006, donde se avizoraba el enfrentamiento de dos modelos de país –el de Andrés Manuel López Obrador y el de la derecha, de Felipe Calderón– los partidos tomaron “de rehén” al Instituto.
En octubre de 2003 fue la maestra Elba Esther Gordillo quien junto con el panista Germán Martínez operó en la elección del nuevo consejo.
“Fue una captura abierta”, recuerda Meyer. “De ahí en adelante se echa a perder todo y sigue estando así: Capturado por los partidos en lugar de que esté por encima de los partidos”.
Estos, añade, tienen intereses políticos, económicos, con personalidades, con estructuras de poder ya creadas… ellos son los que capturaron al IFE.
En la sesión del pasado 23 de enero, Alfredo Cristalinas no sólo corroboró las denuncias de la izquierda e indagaciones de medios de comunicación sobre el Monexgate, sino que además amplió las pruebas revelando que 14 empresas mercantiles habían participado en la triangulación, además de cinco bancos y cuatro personas físicas.
Aun así, en su documento perdonaba al PRI sus operaciones, desconocía el origen y destino de los millonarios recursos y ni siquiera proponía multarlo por no reportar los movimientos bancarios.
Crespo dice a Proceso: “Está muy sucio el caso. Es opaco, turbio y la Unidad de Fiscalización lo limpió hasta donde pudo. Incluso contradiciéndose en la participación de dos empresas que en dictamen posterior sí acepta como proveedores del PRI”.
Se refiere a Koleos y Tiguan, que participaron en la triangulación del caso Monex y que en el dictamen el PRI aseguró no conocer ni tener relación comercial con ellas. Esto fue aceptado como verdad por Cristalinas, pero 15 días más tarde, en otro dictamen, el de presentación de gastos, no cuestiona cómo es que el propio PRI las presenta como sus proveedoras y muestra que las conocía de tiempo atrás.
En cuanto al dictamen sobre gastos de campaña en donde se asegura que el Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador rebasó el tope con 63 millones de pesos y por lo cual propone una multa de 129.8 millones y a la coalición de PRI-PVEM nunca le detecta rebase de gastos en la campaña de Enrique Peña Nieto, Meyer lo considera “irrisorio, ridículo, que podrá ser formalmente legal pero sustantivamente no tiene credibilidad”.
Este dictamen sería discutido y votado por los nueve consejeros el 30 de enero; sin embargo ante las denuncias y reclamos del Movimiento Progresista –que evidenció una auditoria favorable al PRI y la premura con que se pretendía aprobarlo– los integrantes del consejo pospusieron una semana la discusión.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1893, ya en circulación)
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