‘‘Estrictamente legal’’, el proceso contra Gordillo, dice Peña Nieto

El presidente Peña Nieto y el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, en Los PinosFoto Presidencia
Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada
Jueves 28 de febrero de 2013, p. 3

El proceso contra Elba Esther Gordillo es ‘‘estrictamente legal’’ y responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo anoche el presidente Enrique Peña Nieto a través de un mensaje en cadena nacional. Puntualizó: ‘‘Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores’’.

Además, garantizó un debido proceso y respeto a los derechos humanos para la lideresa sindical y las demás personas involucradas en la presumible comisión de diversos delitos del fuero federal.

La Procuraduría General de la República (PGR) actúa ‘‘en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros’’, dijo el mandatario.

Peña Nieto se manifestó aliado de los profesores, a los cuales ofreció trabajar para mejorar las condiciones ‘‘en que cumplen la elevada misión de educar a los ciudadanos del mañana’’. Su gobierno, enfatizó, mantiene ‘‘un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia del SNTE’’ y respeta su vida interna y autonomía.

Primer pronunciamiento

A las nueve de la noche, a través de todas las estaciones radiofónicas y de televisión del país, el titular del Ejecutivo hizo su primer pronunciamiento público tras la detención, la tarde del martes, de la presidenta del gremio magisterial. El mensaje fue grabado la tarde de ayer en Los Pinos, previo a una reunión privada de casi dos horas con los gobernadores del país, donde se abordó este mismo tema.

La ley, dijo de entrada Peña Nieto, obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. Enseguida, expuso la actuación de la PGR en el inicio de un proceso ‘‘contra diversas personas, resultado de una investigación que hace presumible la comisión de diversos delitos del fuero federal’’. Esa indagatoria ‘‘deberá continuar hasta sus últimas consecuencias, siempre con estricto apego a derecho’’.

Ofreció ser ‘‘absolutamente respetuoso de la división de poderes y específicamente de las resoluciones que emita el Poder Judicial de la Federación sobre este caso’’, donde se presume probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del SNTE.

El mandatario utilizó casi cuatro minutos para transmitir también la existencia de ‘‘plena coordinación’’ entre el gobierno de la República y las autoridades estatales y del Distrito Federal, y reafirmar su compromiso con los maestros del país, a quienes definió como ‘‘los pilares del sistema educativo nacional’’.

Enseguida, refrendó su ‘‘absoluta disposición’’ a seguir fortaleciendo un diálogo abierto, franco y directo en favor de la educación, y ubicó al magisterio como el ‘‘gran constructor del presente y del futuro de México. Su labor es indispensable para edificar una sociedad más justa, próspera y democrática’’.

También habló a los padres de familia, a los estudiantes y a todas las comunidades escolares del país, y de nuevo reiteró compromisos. Esta vez con la enseñanza: ‘‘La transformación educativa del país va hacia adelante. Compartimos un mismo objetivo: lograr que las nuevas generaciones reciban una educación que les permita contar con bases sólidas para escribir su propia historia de éxito’’.

Desde antes de las cinco de la tarde y a bordo de camionetas seguidas por otras donde viajaban sus escoltas, gobernadores del país arribaron a Los Pinos para asistir a una reunión privada con el presidente Peña, donde, a decir del comunicado oficial, se habló de ‘‘diferentes temas relativos a la reforma educativa recién promulgada, y las acciones legales contra la dirigente sindical Elba Esther Gordillo Morales’’. Ahí estuvo también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ni a su llegada ni al salir después de las 8 de la noche, ninguno de los ejecutivos locales se detuvo para hacer declaraciones. Sólo el chiapaneco Manuel Velasco aceptó expresar casi a gritos y sin descender de su vehículo a los reporteros ubicados detrás de las vallas metálicas instaladas por el Estado Mayor Presidencial, que se trata de un ‘‘asunto jurídico’’ y que los gobernadores ‘‘le expresamos total apoyo al Presidente’’.

Al encuentro sólo faltaron los mandatarios de Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán.

En el boletín de la Presidencia para dar cuenta de ese encuentro se insiste en la explicación ofrecida por el presidente Peña Nieto de ‘‘que la detención de la dirigente del SNTE es una acción jurídica y legal; de ninguna manera atenta’’ contra ese sindicato y respetará su autonomía y ‘‘las decisiones que los organismos sindicales asuman’’.

Con la acción emprendida contra Gordillo, dijo también, ‘‘se trata de proteger el patrimonio de los maestros’’, y pidió a los gobernadores colaboración para ‘‘socializar la reforma educativa’’, explicar los verdaderos alcances de la enmienda constitucional y precisar en sus entidades ‘‘que (la reforma) no tiene otro interés que el de lograr un impulso decidido a la calidad de la educación del país’’.

El documento consigna la confianza expresada por el mandatario ‘‘en que la acción contra la dirigente no afecte el clima de paz y tranquilidad con que trabaja el magisterio nacional’’.

Mario López Valdez, de Sinaloa, en su condición de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, expresó –según el boletín– su ‘‘respaldo a la acción emprendida por la PGR, y manifestó al mandatario federal que cuenta con la colaboración de los ejecutivos estatales para difundir los alcances de la reforma educativa. Señaló que los gobernadores saben muy bien que la aprehensión de la dirigente sindical no es un atentado contra el SNTE ni contra los maestros’’.

Al mediodía estuvo en la residencia oficial de Los Pinos el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Barbosa, a quien también se le dio una explicación sobre los hechos que condujeron a la detención de Gordillo. Al salir, el legislador declaró que el argumento de la Presidencia es que en ese caso se encontraron elementos para ejercer acción penal y que no tiene que ver con instalar una percepción sobre un estilo de gobernar ni de atacar a quienes rivalizan.

Fuente