En el abandono plantas de generación de LFC
CONTRALINEA
Es momento de que los mexicanos se enteren a cabalidad del abandono en que se encuentran las plantas de generación operadas por los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hasta antes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en octubre de 2009. El Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (Sae, organismo al que le fueron cedidos en un ilegítimo comodato los bienes de LFC, y cuya responsabilidad era velar por su cuidado, buen uso y mantenimiento, actuó de manera imprudente: a la fecha muchos recursos materiales y técnicos de la extinta LFC han desaparecido ante su complacencia y complicidad; pero sobre todo permitió que valiosas y costosas plantas de generación, incluidas termoeléctricas e hidroeléctricas, hayan parado su funcionamiento dejándolas en la total inoperancia.
En
un total y criminal abandono se encuentran majestuosas termoeléctricas,
como las de Lechería y del Valle de México; lo mismo que plantas de
generación, como las de Nonoalco y Juandhó; igualmente históricas
hidroeléctricas, como Necaxa, Lerma, Alameda y Fernández Leal. Muchas de
ellas formaron parte de los bienes contemplados en la nacionalización
de la industria eléctrica de septiembre de 1960, y por los que el
gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateos pagó a la Mexican
Light and Power 52 millones de dólares, comprometiéndose al pago de
pasivos por otros 78 millones.
Todos estos bienes e infraestructura que a
la nación y a los trabajadores electricistas les llevó décadas
construir han sido desmantelados y olvidados en sólo 4 años, sin que se
responda a la nación de los millonarios recursos que se han dejado de
percibir por los 1 mil 700 megavatios (MW) que, en promedio, generaban
las plantas de la desaparecida LFC para suministrar electricidad a una
parte de los 6 millones de usuarios de la zona centro del país.
A estas obras ya amortizadas, la “empresa
de clase mundial”, como se ufanaron en llamarle los funcionarios del
sexenio pasado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las ha
dejado sin funcionar y México debe saber por qué, pues hasta antes de la
desaparición de Luz y Fuerza, y a pesar de la falta de recursos
presupuestarios para su modernización, funcionaban día y noche bajo la
supervisión de los trabajadores del SME.
En apego al más lógico y elemental
sentido común, las plantas de LFC deberían seguir operando, pues se
trata de recursos públicos, propiedad de la nación, o mejor dicho, de
todos los mexicanos, que deben servir como generadores de la riqueza del
país. Entonces, ¿por qué dejarlas sin funcionar? Surge a escena en el
actual contexto de nuestra golpeada economía el modelo neoliberal,
seguido fielmente en su aplicación por los gobiernos panistas
confirmando lo que el SME vino denunciando como unas de las verdaderas
causas del cierre de la empresa pública: los compromisos pactados con
las empresas trasnacionales, a las que además de otorgarles 772 permisos
de generación a través de la Comisión Reguladora de Energía en una
violación a lo contemplado en el Artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, se les garantizó el éxito de su
negocio al firmar la CFE contratos por 25 años, obligando al gobierno
mexicano a adquirirles íntegramente toda su electricidad. Por supuesto
con los recursos públicos que, vía impuestos, pagamos todos los
mexicanos.
Esta política energética que emprendió
una tácita privatización fue, de manera encubierta, resquebrajando la
generación de energía de la CFE y cedió terreno a los productores
independientes de energía. Datos de la propia CFE y de la Secretaría de
Energía señalan que mientras en 2000 el sector público (CFE y LFC)
generaban 191 mil 400 GWh (gigavatio hora) a nivel nacional, los
permisionarios privados apenas y contribuían con 12 mil 200 GWh, pero
para 2009 las cosas eran diametralmente opuestas: los productores
privados –sobre todo firmas extranjeras como Iberdrola, Unión Fenosa,
AES, Mitsubishi, TransAlta e Intergen– generaban 105 mil 900 GWh,
mientras que el sector público se desplomó a 157 mil 900 GWh.
Felipe Calderón y sus falaces
funcionarios, encabezados por Javier Lozano Alarcón, no se cansaron de
decir al pueblo de México que el cierre de Luz y Fuerza representaría
importantes ahorros al erario nacional, habría un mejor servicio y
bajarían las tarifas. A 4 años, ninguna de tales mentiras se ha cumplido
por la sencilla razón de que lo que se buscó fue privilegiar la
consolidación de la presencia de las multinacionales y no el interés
general de la población.
Para hacer frente a los compromisos cada
vez más onerosos en la compra de la generación de su electricidad a las
trasnacionales, los gobiernos del Partido Acción Nacional debieron
sufragar, a diciembre de 2009, 268 mil millones de pesos; y para 2010 –a
un año del cierre de Luz y Fuerza, según estableció la Auditoria
Superior de la Federación (ASF)– se había autorizado a CFE un
presupuesto de 74 mil 245 millones 206 mil pesos para la compra de
energía a particulares. De tal suerte que en una conservadora
estimación, permite calcular en 1.6 billones de pesos el monto a
pagarles para 2041, en que se venzan buen número de los contratos
leoninos aceptados por la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando la noche del 11 de octubre de 2009
Calderón salió en red nacional a justificar y explicar a la nación los
motivos de su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, en
afectación directa a los 44 mil trabajadores del SME y sus 22 mil
jubilados, no dijo que realmente sus propósitos encuadrados en su Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2012, eran debilitar y desmantelar a
las empresas públicas encargadas, por mandato constitucional, del manejo
del sistema eléctrico del país.
En una de sus prioridades trazadas al
llegar a la Presidencia en 2006, estableció al respecto: “desarrollar la
infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía
eléctrica con un alto nivel de confiabilidad, impulsando el desarrollo
de proyectos bajo la modalidad que no constituyen servicio público”.
Y para que no quede la menor duda del
fundamento calderonista, que lejos de bajar las tarifas eléctricas en
pro de los mexicanos de escasos ingresos las elevó a los límites de lo
impagable, baste citar la evaluación hecha al final de su sexenio por
los funcionarios de la “empresa de clase mundial”, que como reflejo de
una misión cumplida –a favor de las firmas extranjeras y en contra del
pueblo de México–, señalaron sin remordimiento alguno: “la política
tarifaria se enfocó al fortalecimiento de la entidad a través de
estructuras y mecanismos de precios tendientes a reconocer el costo del
suministro eléctrico”.
Costo, por supuesto, ni siquiera fijado
por la paraestatal, sino a conveniencia de las firmas extranjeras, cuyo
actual fortalecimiento es el contrasentido al abandono en que se ha
dejado a las plantas generadoras de electricidad que formaban parte de
LFC. Los mexicanos, como sus legítimos propietarios, estamos en el
derecho de exigir respuestas.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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