La energética, una reforma incierta

PROCESO 

 

Jesús Cantú
12 de noviembre de 2013
Análisis

Peña durante la presentación de la reforma energética. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La aprobación de la reforma fiscal con los votos de la alianza PRI-PRD endureció la posición de los panistas frente al gobierno federal y los legisladores priistas; aprendieron la lección de las negociaciones de los perredistas y entendieron que pueden hacer valer la división interna del blanquiazul para obtener mayores concesiones del partido gobernante y obligarlo a una mayor apertura a la inversión privada en exploración y producción de hidrocarburos.
La división del panismo es real, y tras la reforma fiscal las fracturas se incrementaron. Antes de la misma, en el Senado podían identificarse únicamente los grupos calderonista (encabezado por Ernesto Cordero) y maderista (conducido por Jorge Luis Preciado), pero tras la exclusión absoluta de los blanquiazules en las negociaciones legislativas correspondientes, también se manifestaron con mayor claridad las diferencias de senadores como Ernesto Ruffo y Javier Corral, que en general se habían alineado con su actual coordinador.
La energética es una reforma constitucional y, por lo tanto, requiere de una mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras. En el caso del Senado, sería preciso reunir 86 votos a favor, cuando la alianza PRI-PVEM-Panal únicamente completaría 62. Eso significa que dicha alianza necesitaría el apoyo de 24 de los 38 senadores blanquiazules, respaldo que hoy no puede garantizar ninguno de los grupos panistas.
Además, la negociación se complica porque el PAN condiciona la discusión de la reforma energética a que se desahogue previamente la político-electoral, centrada en buena medida en la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) y, por ende, en la desaparición de los institutos estatales electorales. Este punto ya provocó la reacción de los gobernadores priistas, que tienen en sus manos la aprobación de la misma, pues por ser reforma constitucional reclama también el respaldo de los congresos de 16 estados, que no puede lograrse sin la colaboración de los mandatarios estatales…
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1932 de la revista Proceso, actualmente en circulación.

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