El miedo a la movilización social
21 de mayo de 2014
Análisis
 |
| Una mujer protesta tras la aprobación de la llamada #LeyBala en Puebla. Foto: Víctor Hugo Rojas |
MÉXICO,
D.F. (apro).- En semanas recientes distintas instancias de gobierno han
promovido y aprobado leyes que van en contra de las manifestaciones y
movilizaciones sociales, a las que consideran un peligro para la paz
social y las califican hasta de terroristas. La última de ellas en
Puebla, donde se autorizó el uso de las armas para disolver las
protestas ciudadanas.
Hace unas cuatro décadas existía el delito de “disolución social” a través del cual el gobierno federal sofocaba cualquier intento de inconformidad de la sociedad. Este ilícito fue integrado en 1941 al Código Penal en sus artículos 145 y 145 bis, reformados treinta años después luego de la matanza de Tlatelolco.
Ese artículo advertía: “Se aplicará prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que, en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano…
“Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín….
“Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos”.
Este fue el argumento usado por los gobiernos del PRI para reprimir las protestas de ferrocarrileros, médicos, campesinos, maestros y que Gustavo Díaz Ordaz utilizó para justificar la matanza del 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aduciendo “una intervención comunista”. Pasaron dos años antes para que finalmente en 1970 desapareciera esta medida de gobiernos autoritarios como respuesta a las demandas del movimiento estudiantil.
Hoy, bajo la idea de mantener la paz social a toda costa frente a los “enemigos” perturbadores hasta virtuales, varios gobernadores han querido tipificar el delito de perturbación del orden público a personas que usaron las redes sociales para alertar de actos violentos en la entidad, como hizo el de Veracruz, el priista Javier Duarte, en 2011.
Además del reciente caso de Puebla, desde el 31 de mayo del 2013 en la Cámara de Diputados fue presentada por el legislador Ricardo Pacheco Rodríguez, miembro del Comité de Justicia en San Lázaro, una iniciativa de ley elaborada desde la Presidencia de la República y enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto. Aquí se trata de “terrorista” al inconforme social.
La minuta prevé que “se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten… a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.”
Asimismo, se aplicarán 20 años de prisión “a quien emplee explosivos o materiales incendiarios, o que por cualquier otro medio destruya total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, alguna plataforma fija, o una nave, aeronave, u otro vehículo de servicio público federal o local, o que proporcione servicios al público, si se encontraren ocupados por una o más personas.”
Existen otros casos de intentos por sujetar o prohibir las manifestaciones sociales que hoy siguen siendo expresiones legítimas de malestar de la sociedad ante el desastre provocado por gobiernos corruptos, ineptos e incapaces de resolver los problemas que ellos mismos han generado.
Este tipo de leyes reflejan el miedo de la clase política a la muchedumbre, a las masas inconformes que históricamente se han saltado los muros del autoritarismo y que al final derrumban también estas leyes castrantes a la libre manifestación de ideas y de organización.
Twitter: @GilOlmos
Fuente
Hace unas cuatro décadas existía el delito de “disolución social” a través del cual el gobierno federal sofocaba cualquier intento de inconformidad de la sociedad. Este ilícito fue integrado en 1941 al Código Penal en sus artículos 145 y 145 bis, reformados treinta años después luego de la matanza de Tlatelolco.
Ese artículo advertía: “Se aplicará prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que, en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano…
“Se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín….
“Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos”.
Este fue el argumento usado por los gobiernos del PRI para reprimir las protestas de ferrocarrileros, médicos, campesinos, maestros y que Gustavo Díaz Ordaz utilizó para justificar la matanza del 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aduciendo “una intervención comunista”. Pasaron dos años antes para que finalmente en 1970 desapareciera esta medida de gobiernos autoritarios como respuesta a las demandas del movimiento estudiantil.
Hoy, bajo la idea de mantener la paz social a toda costa frente a los “enemigos” perturbadores hasta virtuales, varios gobernadores han querido tipificar el delito de perturbación del orden público a personas que usaron las redes sociales para alertar de actos violentos en la entidad, como hizo el de Veracruz, el priista Javier Duarte, en 2011.
Además del reciente caso de Puebla, desde el 31 de mayo del 2013 en la Cámara de Diputados fue presentada por el legislador Ricardo Pacheco Rodríguez, miembro del Comité de Justicia en San Lázaro, una iniciativa de ley elaborada desde la Presidencia de la República y enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto. Aquí se trata de “terrorista” al inconforme social.
La minuta prevé que “se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten… a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.”
Asimismo, se aplicarán 20 años de prisión “a quien emplee explosivos o materiales incendiarios, o que por cualquier otro medio destruya total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, alguna plataforma fija, o una nave, aeronave, u otro vehículo de servicio público federal o local, o que proporcione servicios al público, si se encontraren ocupados por una o más personas.”
Existen otros casos de intentos por sujetar o prohibir las manifestaciones sociales que hoy siguen siendo expresiones legítimas de malestar de la sociedad ante el desastre provocado por gobiernos corruptos, ineptos e incapaces de resolver los problemas que ellos mismos han generado.
Este tipo de leyes reflejan el miedo de la clase política a la muchedumbre, a las masas inconformes que históricamente se han saltado los muros del autoritarismo y que al final derrumban también estas leyes castrantes a la libre manifestación de ideas y de organización.
Twitter: @GilOlmos
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