México y sus 30 años sin creimiento económico
CONTRALÍNEA
Las reformas estructurales aprobadas sin
tomar en cuenta la opinión de la sociedad y de los expertos en las
diversas áreas, y cuya frase cliché es “mover a México”, no han logrado
mover en los hechos ni 1 centímetro a la aletargada economía
nacional que nuevamente este año apunta a tener un crecimiento inferior
al pronosticado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 3.9 por
ciento del producto interno bruto (PIB); ahora sólo se espera, en los
cálculos oficiales más optimistas, llegar apenas a un 2.7 por ciento. El
desoír a las voces autorizadas que han vaticinado el inexorable fracaso
en puerta por la insistencia de los tecnócratas en mantener el
modelo económico adoptado hace 5 sexenios amenaza con llevar al país a
la ruina absoluta.
En
el incierto escenario, nuevamente la fiel aplicación de las doctrinas
neoliberales pasa su costosa factura a la quebrada economía mexicana
que, desde hace 30 años y por seguir ciegamente las recetas de
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM), ha padecido un crecimiento promedio anual de su economía
del 2.2 por ciento del PIB, muy inferior al alcanzado por países de
América del Sur, como Argentina, Bolivia o Venezuela, que se han
atrevido cambiar las lesivas prescripciones de la oligarquía global por
otras tendientes a la aplicación de mayor gasto público en áreas que
generan empleos, transformando su aparato productivo con mayor inversión
y dotando de un mayor poder adquisitivo a la población para el
fortalecimiento de su mercado interno.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el cambio de timón
operado en el modelo económico de esas naciones les permitió en la
última década lograr, en el caso de Argentina, un crecimiento acumulado
de su PIB del 95 por ciento; y a Bolivia de un 47 por ciento; mientras
que México apenas llegó a un 28 por ciento.
El director de la Sede Subregional de la
Cepal en México, Hugo E Beteta, ha señalado con objetividad que de los
164 millones de pobres que hay en América Latina, 57 millones son
mexicanos. Y mientras en Argentina, de 2005 a 2012, la pobreza disminuyó
de 30.6 a 4.3 por ciento; y en Bolivia se redujo de 63.9 a 42.4 por
ciento, en México, en el mismo periodo, aumentó de 31.7 a 37.1 por
ciento.
La lectura es clara: el modelo económico
aplicado en nuestro país desde hace 30 años, es decir, en los últimos 5
sexenios, ha demostrado hasta el cansancio no estar diseñado para
generar progreso productivo y mucho menos fomentar el bienestar social,
pues como lo aceptó el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
la productividad en el país no ha crecido desde hace 3 décadas. “El
crecimiento –expuso el funcionario– lo está aportando fundamentalmente
nuestra fuerza de trabajo, y la adición de capital y la productividad
están siendo un freno. Es decir, que nos hubiera ido mejor si tuviéramos
la productividad que teníamos en 1980. Estamos quedando a deber en
materia de crecimiento económico”.
La confesión externada por el titular de
Hacienda no puede ser más ilustrativa del deterioro que ha tenido la
nación desde la llegada al poder de la llamada tecnocracia, que fincó
sus raíces neoliberales con el arribo al poder de Miguel de la Madrid en
1982, en cuyo gobierno se abandonó la política progresista y
nacionalista por la de carácter abiertamente neoliberal, que fielmente
hizo eco a la ola de privatizaciones de empresas estatales iniciadas en
el mundo por el gobierno de Margaret Thatcher, en Inglaterra, y que
tuvieron su origen en las recetas de la “sana política económica”
recomendada por el FMI y el BM, pregonada por los organismos
internacionales como sinónimo de “modernización” y “saneamiento de las
finanzas públicas”.
En el sexenio de Miguel de la Madrid se
inició la privatización de las más de 1 mil empresas públicas, muchas de
ellas altamente rentables, que ahora se encuentran en manos de los
empresarios nacionales y extranjeros, como fue el caso de Siderúrgica
Mexicana, que llegó a controlar la industria del acero con empresas como
Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, tendencia que cobró mayor auge
en el gobierno de Carlos Salinas, cuando se devolvieron a particulares
los bancos expropiados al final del sexenio de José López Portillo y se
consumaron ventas, a precio de ganga, como la de Teléfonos de México,
sentándose las bases para la privatización de Ferrocarriles Nacionales
de México y la participación de capital privado en el sector energético,
como fueron las reformas hechas en 1994 a la Ley de Servicio Público de
Energía Eléctrica, que permitió la generación de electricidad a los
particulares. Además, el país ingreso al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, que ha traído más perjuicios que beneficios a
diversos sectores de la economía nacional.
Con la llegada al poder de los gobiernos
panistas, la aplicación de los dictados de los organismos
internacionales llegó a su clímax al ir preparando el terreno para que
hoy se consumen reformas como la energética, que son celebradas con
ruidosa algarabía por las poderosas trasnacionales. No fue casual la
arbitraria decisión de extinguir a Luz y Fuerza del Centro el 11 de
octubre de 2009, dejando en la calle a 44 mil integrantes del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), como tampoco el despido de los 8 mil
trabajadores de Mexicana de Aviación. En ambos casos no han sido el
interés público ni la economía nacional los beneficiarios de tales
medidas, sino las empresas extranjeras que, en el área del sector
eléctrico, obtuvieron –de 2000 a 2012–, 772 permisos de generación de
electricidad, lo que representó una encubierta privatización y un claro
desplazamiento de la ahora agonizante Comisión Federal de Electricidad:
despojo a la nación que será legalizado con la aprobación de las leyes
secundarias por parte de un domesticado Congreso de la Unión.
El comparativo de Videgaray demuestra
que, en efecto, el país estaba mejor cuando no entraba a la esfera
neoliberal, que además de haber despojado al Estado y a la nación de la
propiedad de las empresas públicas, sólo ha acrecentado la pobreza y la
desigualdad. Una prueba irrefutable es que de 1976 a la fecha el poder
adquisitivo de los trabajadores en México ha acumulado una pérdida del
72 por ciento; de igual forma, la política de imponer los bajos salarios
ha redundado en un debilitamiento del mercado interno y, en
consecuencia, ha impactado en una menor productividad, al grado de que
la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) establece en sus parámetros que México tiene el mayor porcentaje
de trabajadores viviendo en la marginación; es decir, el peor país de
los 34 miembros del organismo internacional; siendo así que el 18.5 por
ciento de los mexicanos que laboran son pobres, cantidad mayor a la que
enfrenta Turquía con 18 por ciento, o Chile o Israel con 15 por ciento.
En contrasentido, el último reporte de la
revista Forbes ubica a 16 mexicanos en la lista de los multimillonarios
del mundo, cuyas fortunas superan los 1 mil millones de dólares. De
hecho, de acuerdo con la publicación especializada, son unas 35 familias
las que controlan la economía nacional, contra una población
mayoritaria ahora también expoliada por las reformas hacendaria y
laboral que han pauperizado, a través de la legalización del subempleo,
su fuerza laboral, despojándola de los beneficios de la seguridad social
y cancelando otras prestaciones sociales al tasar impositivamente el
otorgamiento de vales de despensa y hasta las horas extras de su jornada
laboral. Los cambios fiscales han golpeado también la expansión de las
pequeñas y medianas industrias limitando dramáticamente la creación de
empleos y cancelando fuentes de trabajo, como lo exponen los indicadores
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al informar que, de
enero a marzo de este año, 52 mil 502 personas quedaron cesantes.
Y mientras la tecnocracia persiste en su
obstinación por cerrar los ojos a la avasallante realidad de una
economía que no crece, los que si van al alza de manera desproporcionada
son: el costo de la canasta básica, los precios de los servicios como
la electricidad, la gasolina, el gas doméstico y el agua; y los
impuestos que ahorcan los mermados ingresos de los trabajadores, sobre
todo de la clase media, como el predial, el impuesto sobre la renta o el
impuesto al valor agregado.
En tanto, los “expertos” economistas
egresados de universidades como Harvard o Yale, siguen culpando de
nuestra crisis interna a los vaivenes del exterior, sin reparar que es
el modelo neoliberal, adoptado hace 30 años, el responsable de lo que
ahora padecemos y que amenaza con dejarnos sin país ante la
privatización absoluta de las empresas públicas, entre ellas Petróleos
Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, que pasarán a manos de
las multinacionales en una franca traición a la patria, sepultando su
promesa de crecer un 5 por ciento del PIB, establecido como premonitorio epitafio del disfuncional y agonizante Pacto por México.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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