Discriminación y acoso sexual contra mujeres policías federales
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Instructora en aplicación de juicios orales y en derechos humanos de la Policía Federal (PF), Griselda Montero, abogada con maestría en derecho penal, está castigada: su pago quincenal se redujo a cien pesos. Pese a sus cinco años en la corporación y a su expediente limpio, no ha recibido notificación oficial que justifique el que cada quincena le descuenten 7 mil 488.80 pesos.
La única explicación, dice, es que se trata de represalias por su respaldo a sus colegas víctimas de acosos laborales y sexuales, así como por denunciar abusos de autoridad, discriminación de género y el hostigamiento que ella misma ha sufrido por parte de sus mandos.
Egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y certificada como agente de seguridad para líderes nacionales por la embajada de Estados Unidos en México, desde 2010 Montero ha ido con varias de sus compañeras a interponer quejas y denuncias penales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas (Fevimtra) y la Unidad de Asuntos Internos de la PF.
Montero ha denunciado los abusos a las mujeres dentro de la institución y ha enterado de ello al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por medio de cartas que Proceso pudo consultar.
“Se trata de una policía profundamente misógina y no se hace nada por cambiar la situación ni castigar a los responsables; al contrario, quienes nos hemos atrevido a denunciar somos presionadas para desistirnos y somos víctimas de un continuo hostigamiento”, asegura en entrevista.
Griselda Montero y la policía Genoveva Ramírez, víctima de acoso sexual y quien la acompaña en el encuentro con la reportera, revelan la existencia de un grupo de mujeres policías –la mayoría de ellas adscritas al Agrupamiento Femenil de la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público (CROP), encabezado por Epigmenia Esperanza Galicia Carrillo– que dan servicios sexuales a mandos de la PF.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1967, ya en circulación)
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